Un tenedor de bonos venezolanos impagos está contemplando confiscar propiedades en Florida pertenecientes a Raúl Gorrín, un magnate de los medios de comunicación acusado por fiscales estadounidenses de sobornar a funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro para obtener contratos, según documentos judiciales.
La posible medida de Casa Express Corp, una firma poco conocida de Florida que estuvo entre las primeras en demandar al país sudamericano que en medio de la crisis incumplió con los pagos de los bonos, muestra cómo los acreedores buscan cada vez más activos vinculados a Venezuela para satisfacer sus deudas.
Un juez del Distrito Sur de Nueva York dictaminó en noviembre de 2020 que Casa Express tenía derecho a cobrar 43,2 millones de dólares de Venezuela en obligaciones pendientes por dos bonos que el país dejó de cancelar en 2018.
En agosto de 2021, la compañía registró esa sentencia en un tribunal federal de Florida, donde dos empresas registradas en Delaware, que según Estados Unidos son propiedad o están controladas por Gorrín como Posh 8 Dynamic Inc y Planet 2 Reaching Inc, son propietarios de apartamentos residenciales en el condado de Miami-Dade, según muestran los documentos.
En una presentación del 1 de octubre, un abogado de las compañías dijo que Casa Express obligó a las empresas a “presentar una declaración jurada que indique por qué ciertos bienes inmuebles no deben aplicarse para satisfacer la sentencia”.
Los fiscales estadounidenses acusaron en 2018 a Gorrín, propietario del canal de televisión venezolano Globovisión, de violar las leyes anticorrupción de Estados Unidos al pagar 150 millones de dólares en sobornos a funcionarios de la dictadura venezolana por el derecho a participar en lucrativas transacciones con divisas y lavar fondos a través de activos estadounidenses.
Posh 8 Dynamic y Planet 2 Reaching fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en 2019 impidió a las empresas estadounidenses tratar con ellos. Casa Express necesitaría una licencia de la OFAC para confiscar los activos, dijo Auslander.
Los apartamentos propiedad de Posh 8 Dynamic y Planet 2 Reaching están valorados en 6,2 millones de dólares y 11,8 millones de dólares, respectivamente, muestran los registros de propiedad.
De acuerdo a la Justicia estadounidense, Gorrín “ofrecía, prometía, autorizaba y efectuaba pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables”.
Las autoridades norteamericanas sospechan que pagó presuntamente millones de dólares a los ex tesoreros del chavismo Alejandro Andrade y Claudia Patricia Díaz, y a Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez, en beneficio de ella.
Para ocultar los pagos Gorrín utilizó cuentas de empresas ficticias, siempre según el relato de la acusación que consta en la documentación enviada por Estados Unidos, que afirma que entre 2011 y 2013 ordenó pagos “de por lo menos 65 millones de dólares”, y que “también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes finos”.
Andrade Cedeño, también ciudadano venezolano, fue condenado a 10 años de prisión y, como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados “a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país”.
Para aparentar legalidad, Gorrín se habría cruzado correspondencia electrónica con proveedores, si bien “hizo que sus empleados mantuvieran una hoja de cálculo para los fines de hacer seguimiento de ciertos pagos de soborno”, incluidos a Velásquez Figueroa.
Gorrín habría seguido dando dinero y “objetos de valor” a la pareja (Andrade y Díaz) incluso después de que Díaz dejara de ser la jefa de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, “a cambio de su asistencia anterior en proporcionar ventajas de negocios”.
Así, en 2013 constan dos pagos, de 281.051 y 4 millones de dólares desde cuentas bancarias en Suiza a nombre de compañías propiedad de Gorrín ubicadas en Pánama a empresas de Velásquez Figueroa.
A raíz de las acusaciones de lavado de dinero y corrupción, en 2019 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) incluyó a Gorrín en su lista de personas más buscadas.
(Con información de Reuters y EFE)
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