El millonario negocio del combustible en Venezuela financia a los colectivos, el entrenamiento de mercenarios y la campaña del chavista Freddy Bernal en la frontera

Casi tres millones de dólares mensuales deja de ganancias extras el manejo del combustible en las estaciones de servicio (E/S) de la frontera; dinero que no maneja ni los dueños de las estaciones de servicio ni la estatal Pdvsa. Ese dinero va al Protectorado del Táchira, con lo que paga a los grupos “colectivos”, además de la campaña de Freddy Bernal a la gobernación, traducida en obras, arreglitos en las calles, colocar bombillos, entre otras cosas. Dueños de E/S, en conversación con Infobae, manifestaron que fueron presionados para asignar el dinero de la venta de combustible al Protectorado.

El litro en las estaciones de precio internacional es de 0.50 centavos de dólar, cuyo margen de rentabilidad por litro es de USD 0,001, de manera que el monto a pagar a PDVSA es de 0,49 por litro: una gandola de 38 mil litros genera 18.620 dólares, de lo que el 10% (USD 1.862 $) corresponde a Pdvsa, USD 900 se deposita a Pdvsa en los bancos. Lo más grosero es el monto entregado a un tercero, es decir a la estructura que maneja Freddy Bernal, con colectivos y funcionarios militares y de inteligencia, es de 16.758 dólares por cada gandola de combustible.

Al sumar lo recaudado durante los 20 días hábiles del mes, si al día hay mínimo ocho gandolas, aunque en temporada normal puede llegar a 15 viajes, y cada gandola lleva 38 mil litros (por USD 16.758), entonces la ganancia para los grupos externos, que maneja el Protectorado, con colectivos, funcionarios y a quienes entrenan para “defender la revolución”, es de 2.681.280 dólares al mes.

No es casual lo que ocurre con las estaciones de servicio que están categorizadas para el cobro a precio internacional, en el fronterizo estado Táchira, aunque finalmente todos los que se surten de combustible lo pagan en divisas, algunas veces en dólares americanos y otras en pesos colombianos.

Los millonarios recursos obtenidos a través de esa operación los distribuyen entre varios funcionarios de diversos organismos, principalmente entre el Protectorado, dinero con el cual paga a los colectivos, asigna recursos para embellecer la ciudad y repara avenidas en el marco de la campaña de Bernal Rosales para llegar a la Gobernación del Táchira.

Otra parte de esa enorme cantidad de dólares está dirigida a un grupo de personas que se preparan supuestamente para defender la revolución y que entrenan en una zona cercana a la represa Uribante-Caparo, además de funcionarios de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI Táchira), Dirección general de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), entre otros.

El control del negocio

Rommy Cañas, suboficial retirado de la Fuerza Aérea, una persona del entorno de Freddy Bernal y que antes tuvo estrecha relación con el entonces gobernador José Gregorio Vielma Mora, controla varias estaciones de servicio: Crislago (Pdvsa), Expendio Fronterizo Táchira (PDVSA), Las Vegas, Paramillo, Machirí y Arturo.

Las otras 34 gasolineras las controla el Gabinete de Combustibles del protectorado del Táchira, en el cual está la diputada al Consejo Legislativo del Táchira, Nellyver Josefina Lugo Torres, quien aspiraba a ser la elegida para candidata a la Gobernación. Bernal y ella estuvieron fuertemente enfrentados a tal nivel que cuentas en redes sociales manejadas por una red de comunicadores, que tiene el protector del Táchira, atacaron con dureza a la legisladora, señalándola de varios hechos cuestionables entre esos el del contrabando de combustible y mercurio, además denunciaron a las hijas de Lugo; ella reaccionó a su vez, quejándose en la dirección nacional del partido, haciendo fuertes señalamientos contra Bernal, pero finalmente él logró ser el abanderado del partido de gobierno.

Los recursos que obtienen en Táchira, de esas estaciones de servicio, son controlados por el Gabinete de Combustible: la Autoridad Única de los Combustibles del Táchira es Defferson Simón González Peña, designado por Tarek El Aissami a petición de Bernal; Roy Gamboa, Gerente EE/SS Distrito Andes de PDVSA Mercado Nacional; Luis Anteliz, de la Jefatura de Zona Táchira, dependiente de la Dirección Regional Barinas del Ministerio de Petróleo; Nellyver Lugo, diputada del Consejo Legislativo del Táchira y representante del PSUV y Freddy Bernal. El Comandante de la ZODI Táchira conoce de esta actividad.

El Gabinete de Combustible publica diariamente a través de las redes sociales de la diputada Nellyver Lugo, las estaciones de servicio a precio internacional que despacharán gasolina de acuerdo con el terminal numérico de placa y el horario respectivo.

De acuerdo con el esquema de comercialización implementado por el Ministerio de Petróleo el 01 de junio 2020, la venta del Diesel (gasoil) es totalmente subsidiada, sin embargo, en las estaciones de servicio designadas para despacho de este producto, en las cuales hay destacados colectivos, lo vende al público a razón de 0,40 USD/lt.

El precio en divisa

A partir del 01 de junio 2020 el Ejecutivo Nacional, a través del Ministro de Petróleo Tareck Zaidan El Aissami Maddah, implementó tres esquemas de comercialización de los combustibles en Venezuela:

a) Gasolina a precio internacional (0,50 USD/lt)

b) Subsidio parcial de la gasolina (el cliente paga 5.000 Bs/lt)

c) Subsidio total a la gasolina y diésel (transporte de pasajeros, carga y vehículos oficiales)

Hace un año aproximadamente, los concesionarios de unas estaciones de servicio de precio internacional del estado Táchira, fueron presionados para que personas que se hacen llamar colectivos, pero autorizadas por el Gabinete de Combustibles y El Protectorado del Táchira, tomarán el control de parte de lo relacionado al negocio de la gasolina.

Esos individuos se encargaron de las filas de vehículos seleccionados para surtirse del combustible. También asumieron el control del patio o lugar físico donde están los surtidores y las islas de las estaciones de combustible. Y peor aún los dueños de esas gasolineras se vieron obligados a compartir con los llamados “colectivos” la administración de las E/S.

Es importante destacar que una cantidad considerable de chutos de la ENT (Empresa Nacional de Transporte) abastecen más de 200 litros de diesel 100% subsidiado, en estación de servicio Paramillo, La Famosa y Caneyes y se trasladan hasta la localidad de Guarumito, municipio Ayacucho, cerca de la población de La Fría, municipio García de Hevia, y los conductores se encargan de vender el litro en montos que oscilan entre 0,40 y 0,50 USD/lt. Esa zona, productora por excelencia, está ahora totalmente controlada por la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien percibe millonarios recursos con el contrabando de combustible.

Sin opción

Los concesionarios presionados aceptaron las condiciones impuestas para que el dinero se desvíe hacia El Protectorado, se vieron obligados a permitir esta operación, bajo terrorismo psicológico. “Si no acepta, los expropiamos”, fue la advertencia de los “colectivos”.

La excusa de la figura impuesta del Protectorado que le dieron a Freddy Alirio Bernal Rosales, ha permitido el abuso de poder, no solo usando la administración de justicia para amenazar con cárcel a periodistas tachirenses y a sus familias, también a comerciantes y empresarios: para eso el Protectorado tiene a su servicio a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

A dueños de las estaciones de servicio, que se han visto obligados a ceder a las presiones, les dicen que esas operaciones están avaladas desde Caracas por funcionarios de la estatal empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y del Ministerio del Petróleo; esos dueños de gasolineras guardan silencio.

Eso tiene una explicación, hace más de un año, Roy Ganboa, gerente de las estaciones de servicio Distrito Andes Pdvsa, envió una comunicación a los concesionarios de las bombas de gasolina con un mensaje de Defferson González, la autoridad única de Combustibles en Táchira, destacando que estaba prohibido “emitir cualquier tipo de información relacionada con procesos de distribución y comercialización de Combustibles en el Táchira a medios de comunicación y/o a terceros. Quien incumpla esta instrucción será tratado como persona que emite información confidencial de Seguridad de Estado, por lo cual se le aplicarán inmediatamente medidas penales por difundir información del cual no están autorizados”.

Desde entonces, el Protectorado y todos los que reciben las jugosas ganancias del millonario negocio del combustible, están protegidos por el silencio.

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