La Comisión de Seguridad Social y Familia (CSSF) del Congreso de Brasil, integrada por diputados federales, informó que la próxima semana se propondrá una denuncia ante la Corte Internacional de La Haya contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
La Comisión llegó a Roraima, en la frontera con Venezuela, para visitar la ciudad de Pacaraima y ver de cerca la situación de la crisis migratoria.
El diputado federal Hiran Goncalves destacó que Maduro debe ser castigado por las acciones causadas en el país vecino. “La próxima semana propondremos de inmediato a la Corte Internacional de La Haya una denuncia de lesa humanidad. Espero que sea castigado por todo el mal que causa a su pueblo”, dijo Hiran.
El autor de la solicitud, el diputado Leandre Dal Ponte, de Paraná, destacó la importancia de la visita al estado. “Estamos aquí para identificar la gravedad del problema, en cuanto a la responsabilidad, que tenemos que buscar instrumentos de poder, para contribuir en esta crisis humanitaria”, destacó Leandre.
El diputado federal Hiran Gonçalves dijo que los legisladores de la CSSF tenían que ver de cerca la situación de la crisis migratoria. “Contamos con el apoyo de estos parlamentarios para encontrar soluciones a este problema que enfrenta Roraima. El problema de la crisis migratoria afecta a todo Brasil, no sólo a nuestro estado”, señaló.
Inegraron la delegación los diputados federales Giovani Cherini, de Rio Grande do Sul; Carmen Zanotto, de Santa Catarina; Leandre Dal Ponte, de Paraná y Paula Belmonte, del Distrito Federal. A la reunión asistieron también los diputados federales por Roraima, Hiran Gonçalves y Haroldo Catedral.
El dictador chavista ya enfrenta un proceso ante la Corte Penal Internacional. De hecho, en agosto pasado la fiscalía de la CPI confirmó que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y afirmó que dichos delitos deben ser investigados.
“La Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”, según se lee en el informe sobre Actividades de Exámenes Preliminares que Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado junio, dejó a su sucesor Karim Khan.
La Fiscal también concluyó que los casos que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes “serían admisibles de conformidad con el artículo 17 (1) (a) - (d) del Estatuto” de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional.
El informe señala que “luego de un proceso exhaustivo e independiente, que se ha beneficiado de la cooperación constante del Gobierno de Venezuela, así como de otras partes interesadas, la Fiscal ha concluido que existe una base razonable para creer que los delitos de la competencia de la Corte se han cometido en Venezuela”.
Entre los delitos cometidos por las fuerzas del régimen chavista el informe cita casos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos.
Responsables de estos crímenes fueron, según la fiscal de la CPI, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) , la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
“Además, la información disponible indica que personas afines al gobierno también participaron en la represión de opositores reales o presuntos al Gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su aquiescencia”, agrega el informe.
Según la fiscalía, los casos que surgirían de una investigación sobre la situación en Venezuela serán admisibles ante la CPI “en términos de inacción”, es decir debido a la falta de voluntad del régimen chavista a perseguir las denuncias de violaciones. Esto cumpliría con el principio de complementariedad, uno de los requisitos que causa la intervención de la Corte cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal.
“Las autoridades no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos. Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procesos internos o se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger a las personas de la responsabilidad penal”, asegura el informe.
Además, días atrás se conoció el nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, que acusa al sistema de Justicia del país de no ser independiente, que podría agilizar el proceso de la Corte Penal Internacional sobre posibles violaciones de derechos humanos.
El informe denuncia prácticas como el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura y la emisión de órdenes de detención “retroactivas” para ocultar arrestos ilegales.
La misión, creada por el Consejo en 2019 y que emite ahora su segundo informe sobre la situación en Venezuela, también cree que hay “motivos razonables” para creer que políticos venezolanos de alto nivel han influido significativamente en el Poder Judicial del país.
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