La Junta Administradora ad hoc de PDVSA, designada por la legítima Asamblea Nacional de Venezuela y el presidente interino, Juan Guaidó, el 10 de abril de 2019, publicó un comunicado sobre la contratación en abril de JP Morgan.
“En la Junta Administradora ad hoc de PDVSA hemos asumido desde 2019 un compromiso inquebrantable con la recuperación y la protección de los activos de la Nación venezolana en el exterior”, inició el escrito dado a conocer este lunes por la noche.
Y detalló: “Luego de un proceso abierto y competitivo, para el que fueron convocadas a participar las principales instituciones financieras en Estados Unidos, y habiendo discutido ampliamente los términos y condiciones con la institución favorecida, se celebró en el mes de abril de 2021 un contrato por asesoría y acompañamiento entre la firma JP Morgan Chase & Co. (JP Morgan) y nuestra filial en EEUU, PDV Holding, Inc. (PDVH)”.
“JP Morgan ha venido trabajando desde abril -conjuntamente con PDVH- en un proceso exploratorio con el objetivo de buscar una solución global en pro de una resolución respecto a los procesos que involucran a los tres acreedores principales que afectan actualmente a CITGO Petroleum Corporation (CPC) por ser el activo con el que se pretenden cobrar las diferentes acreencias”, agregó.
Luego manifestó que “las opciones, producto de este proceso de exploración, han sido presentadas -como corresponde- a la Comisión de Energía y Petróleo de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela para su diligente y pronta consideración y aprobación”.
“Desde que asumimos la responsabilidad frente a la Junta Administradora ad hoc de PDVSA nos comprometimos de manera firme y hemos sido consecuentes y responsables con la exploración de todas las estrategias y acciones que nos permitan proteger y garantizar la preservación de nuestros activos para todos los venezolanos”, concluyó.
El comunicado surge en medio de los reclamos del chavismo, que pretende recuperar los activos de Venezuela bloqueados en el mundo por las sanciones económicas. El tema se había planteado durante la segunda ronda de negociaciones en México y produjo muchas declaraciones altisonantes de funcionarios de la dictadura.
Entre ellas se destaca la de Jorge Rodríguez, cabeza de los representantes de Maduro en la mesa de negociaciones, que señaló en ese momento que no ceder el dinero constituía una “grave violación a los acuerdos firmados en México sobre la recuperación de nuestros activos” y que todo el asunto se podía definir como “un robo flagrante de bienes que sólo pertenecen a las venezolanas y los venezolanos”.
Por su parte, la oposición liderada por el canciller Julio Borges sostiene que hay que “sacar la política del manejo de estos activos y lograr para el futuro no solamente proteger, sino devolver a todos los venezolanos los bienes que son suyos”.
Paso al costado de Primero Justicia
El comunicado fue publicado horas después de que el partido opositor Primero Justicia, del que forma parte el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, renunció a formar parte de “los espacios que atienden” la gestión de activos en el exterior.
Esta renuncia se produjo después de que, a comienzos de septiembre, el Gobierno colombiano decidiera someter a la compañía estatal venezolana con sede en el país andino Monómeros Colombo Venezolanos S.A. a la “máxima vigilancia”.
En el 2019, en medio de la crisis social y económica de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Colombia, tomó el control de esa compañía, así como de otros activos en países que lo reconocen como mandatario encargado, y designó nuevos integrantes en la junta directiva.
“Dada la falta de receptividad de Juan Guaidó y los representantes del gobierno interino responsables de esta tarea, especialmente de (el partido) Voluntad Popular, anunciamos nuestra decisión de no participar más en los espacios que atienden la materia referida a los activos en el exterior”, aseveró Primero Justicia en un comunicado.
En este sentido, aseguran que se retiran “con la intención de facilitar y presionar la concreción de una solución que preserve los activos para Venezuela”, aunque advierten que “seguirán levantando” su voz para criticar la gestión de dichos activos.
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