Francisco Cox Vial, miembro de la misión de la ONU en Venezuela: “Hay un halo de impunidad para los que torturan a las víctimas”

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó este jueves un duro informe al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Entre sus conclusiones más sobresalientes, destaca que el régimen de Nicolás Maduro “no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos” e indicó que “el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno”.

El abogado chileno Francisco Cox Vial, miembro de la misión, detalló en diálogo con Infobae los alcances del informe y analizó la crítica situación en la que está sumergida la justicia venezolana. “Hay un halo de impunidad para los que torturan a las víctimas”, afirmó.

- En el informe se subraya que el sistema de justicia juega un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos. ¿Cómo es ese rol y por qué considera que las víctimas no tienen protección?

- El rol uno lo puede observar en distintos elementos. Uno de ellos son las irregularidades procesales. En algunas, los jueces y fiscales tienen un rol directo. En este ítem hablamos del período en que las personas están incomunicadas y las torturas, entre otras situaciones que padecen. Otro elemento es cuando se acepta y no se cuestionan las pruebas que han sido obtenidas mediante el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) o la DGCIM (la Dirección General de Contrainteligencia Militar). Otro ejemplo es el uso de pruebas que no tienen relación con la persona en cuestión ni con los hechos para sustentar una prisión preventiva. La contracara de eso es que, de haber cumplido su función los jueces y fiscales, la gente no hubiera sufrido esos atropellos. Al no haber sanción, no tenemos conocimiento de que se hayan tomado acciones para investigar la responsabilidad de las personas que generaron las torturas. Eso genera un halo de impunidad para los que torturan a las víctimas. Quisiera aclarar que el foco del estudio estuvo puesto en personas opositoras reales o percibidas como tales por el gobierno. No conocemos qué ocurre en casos de delincuencia común por ejemplo.

- Se realizaron 177 entrevistas. ¿Qué fue lo que más lo sorprendió de los relatos o a esta altura ya no le sorprende nada?

- A uno lo golpea mucho escuchar testimonios de personas que sufrieron torturas y también la vulnerabilidad de las mujeres. Un 20% de los entrevistados que sufrieron torturas son mujeres. Tenemos testimonios de mujeres y también de hombres que sufrieron violencia sexual.

- El documento de 212 páginas es elocuente. En él la palabra “tortura” se contabiliza 214 veces, mientras que los términos “violencia sexual” aparecen en 34 oportunidades. ¿Cree que el régimen de Maduro tomará en cuenta las recomendaciones?

- Si uno no es optimista no puede trabajar en esto. Confío en que la comunidad internacional va a tomar este informe y lo usará para que el gobierno venezolano tome en cuenta nuestras recomendaciones.

- Sin embargo, el régimen nunca los recibió...

- Eso es cierto. El gobierno nunca nos reconoció legitimidad, nunca respondió las cartas que enviamos y no nos permite el acceso al país.

- El informe concluye que juezas, jueces y fiscales desempeñaron un papel clave en las detenciones arbitrarias. ¿Cree que se debe realizar una limpieza total de la justicia venezolana? ¿Es posible eso con el chavismo en el poder?

- No podemos concluir eso pero sí tenemos nombres que se repiten y no los pusimos en el informe, pero los tenemos. Hay problemas de diseño que han corroído la independencia del poder judicial. Igual no pedimos una “caza de brujas”.

- En el informe anterior se recomendó desmantelar las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES). ¿Vio avances en ese sentido?

- En este punto debemos hacer una aclaración. El problema que tuvimos es que, por temas financieros y otras decisiones, nosotros funcionamos con dos años de mandato. Entonces, todo el tema de las FAES no pudimos seguir investigándolo a fondo, sobre cómo está funcionando. Sin embargo, la Alta Comisionada (Michelle Bachelet) también recomendó que se desmantelen las FAES. Nuestro estándar es “base razonable para creer” y, con ese estándar, se cometieron ejecuciones extrajudiciales en La Vega por ejemplo. (En ese barrio de Caracas hubo este año importantes enfrentamientos entre efectivos de seguridad y bandas criminales).

El informe

En su segundo informe, la misión detalló “cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014”.

La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar las violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al régimen de Maduro.

Se realizaron 177 entrevistas, “muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos”, detallaron.

Además, se efectuó un “extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales”, y de “183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno” entre 2014 y agosto de 2021, y se documentaron “las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal”.

Venezuela, gobernada por Maduro desde 2013, vive una debacle social y económica que, según la última actualización de la ONU, ha forzado en los últimos años la salida del país de 6 millones de personas.

Con la mediación de Noruega, el régimen de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, iniciaron en agosto un proceso de negociación política en México para sacar a Venezuela de la crisis.

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