La ONG Foro Penal de Venezuela denunció este lunes que 42 de los 262 ciudadanos considerados presos políticos en el país, internados en diversos centros de reclusión de la dictadura chavista, “se encuentran en una situación de salud crítica”.
“En el día de hoy, queremos advertirlo como lo hemos hecho en diversas oportunidades previo a que ocurra la muerte de personas, hay situaciones de gravedad en la salud de presos políticos muy importantes en este momento”, alertó el director de Foro Penal, Alfredo Romero, durante una rueda de prensa.
En la lista figuran 14 privados de libertad que se encuentran en centros de detención ubicados en el Distrito Capital y 28 en otros estados de todo el país. En los reportes de salud se detallan problemas musculares, fracturas severas, hernias e hipertensión arterial.
El pasado 29 de agosto, la ONG confirmó la muerte de Gabriel Medina Díaz, de 39 años, uno de los denominados “presos políticos”, tras sufrir un paro respiratorio por “la falta de atención médica que necesitaba”, tal como lo reseñó el vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob.
“Confirmada la muerte de Gabriel Medina Díaz, que estaba recluido en el anexo ‘Nelson Mándela’ de ‘La Pica’ en (el estado de) Monagas (este)”, escribió en Twitter Himiob el día del fallecimiento del recluso.
El directivo de la organización informó que el preso había sido trasladado el sábado 28 de agosto, a la emergencia del Hospital Manuel Núñez Tovar, “por presión de sus compañeros de celda”, donde falleció por un paro respiratorio.
La oposición denunció que el régimen de Nicolás Maduro le negó la atención médica durante un mes. Y señaló que es el noveno preso político que muere bajo custodia de la dictadura desde el año 2014.
Medina fue detenido en 2020 junto a otras ocho personas acusadas de planear un supuesto secuestro a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Sin embargo, las pruebas sobre el caso no se han presentado.
La víctima fue acusada de los delitos de traición a la patria, organización de cuerpos armados y tráfico de armas, entre otros.
En el informe de la pasada semana, la ONG señaló que desde 2014, se han registrado 15.743 detenciones políticas en Venezuela.
Una de ellas fue la del periodista Roland Carreño, que este lunes fue trasladado de urgencia a un hospital en Caracas para ser atendido tras una crisis hipertensiva.
Su abogada, María Alejandra Poleo, informó que el periodista venezolano fue llevado desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez hacia el Hospital de Clínicas Caracas.
“El traslado se hace bajo la responsabilidad del director del DIP. El tribunal nunca se pronunció por el derecho a la salud de Roland”, escribió Poleo en su cuenta de Twitter.
Por su parte, este lunes el opositor venezolano Julio Borges instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a “acelerar” el paso a una investigación formal contra la dictadura de Maduro, luego de que un panel de expertos designado por la Organización de Estados Americanos (OEA) pidiera a la CPI que actúe de inmediato para “promover la justicia en Venezuela”.
(Con información de EFE)
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