Los familiares de presos políticos venezolanos exigieron en México que su liberación sea tema central del diálogo entre el régimen y la oposición

Familiares de presos políticos venezolanos exigieron que el diálogo entre el gobierno y la oposición que tiene México como sede tenga como prioridad la liberación de estas personas y denunciaron que, de lo contrario, las conversaciones quedarán “incompletas”.

“Decimos a la comunidad internacional que ese diálogo está incompleto”, dijo Molly De La Sotta, hermana de uno de los militares presos. “Hay más de 300 presos políticos en Venezuela, de los cuales el 50 por ciento son militares. Si es verdad que quieren solucionar el problema de Venezuela, esto no se puede hacer sin justicia y sin la libertad de los presos políticos. Este problema no se lo soluciona con elecciones”, dice a Infobae desde México.

Molly De La Sotta, quien también representa una organización de familiares de presos políticos militares, denuncia que “hay 124 militares detenidos arbitrariamente pues la mayoría, el 84 por ciento, no tiene sentencia firme, es decir tienen desde dos a seis años sin juicio”.

“Los militares son los más torturados, a los que más le violan sus derechos humanos. Venezuela es el único país que tiene más de 100 militares detenidos y han sido torturados en celdas llamadas El Ascensor, el Tigrillo, la Tumba en plaza Venezuela, la Nevera, la Cueva, la Casa de los Sueños. Son de verdad celdas construidas para torturar”, asegura.

Por eso, agrega, “estamos pidiendo que los liberen, porque es un modo de hacer justicia con ellos”.

El hermano de Molly, el capitán de navío Luis Humberto De La Sotta, se encuentra detenido sin juicio desde hace más de tres años por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

De La Sotta fue detenido y acusado dentro de un supuesto caso de conspiración en 2017.

En julio de 2019, el Parlamento, entonces de mayoría opositora, denunció la “desaparición forzosa” de cuatro personas consideradas “presos políticos”, uno de los cuales era el militar, que también tiene nacionalidad peruana.

Luis Humberto De La Sotta es el caso número 13 citado en el informe de la misión independiente de las Naciones Unidas que halló violaciones de derechos humanos en Venezuela. La ONU encontró patrones de violaciones de derechos humanos como desaparición forzada de corto plazo, detención arbitraria, tortura y trato cruel e inhumano y dicha misión solicitó su libertad, explica la hermana del militar.

Sin embargo, denuncia De La Sotta, “después de un año de haber sido publicado el informe y haberse solicitado su libertad esto no ha sido así. Él sigue en manos de sus torturadores que fueron denunciados en ese informe”.

Molly De La Sotta también explica que su hermano tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde octubre de 2018, y sin embargo “no ha tenido protección y atención médica adecuada” ni se ha respetado su derecho a la defensa.

Entre las violaciones, De La Sotta denuncia que su hermano “está confinado en una celda sin luz del sol” en Fuerte Tiuna tras permanecer dos años y diez meses en la Casa de los Sueños, una de las celas de tortura de la Contrainteligencia Militar del régimen.

“Lo tienen aislado en una celda donde le permiten la luz del sol media hora a la semana, donde le permiten que llame a su familia una vez por semana -a veces hasta una vez cada dos semanas-, con un custodio al lado, por tres minutos, lo cual también es ilegal porque él debería estar llamando todos los días a su familia”, explica. Tampoco puede tener encuentros reservados con su abogado y sus familiares.

Una situación que empeoró con la pandemia de coronavirus. “Fue contagiado en los sótanos de la DGICM y no tuvo atención médica, por lo tanto está viviendo las secuelas”, denuncia Molly.

Molly De La Sotta también instó a la misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que verifique las condiciones de su hermano, algo que hasta ahora no ocurrió pese a que tiene un mandato del Consejo de DDHH de la ONU y el gobierno venezolano aseguró su cooperación.

“Desde el 15 de marzo hemos solicitado que vayan a Fuerte Tiuna y vean su estado físico y mental y ellos dicen que no los dejan entrar. Entonces no hay tal cooperación. Tampoco han entrado en la cárcel de La Pica, que también es una cárcel común. De hecho el domingo pasado se murió un preso político civil por falta de atención médica”, dice Molly.

“Y los que no reciben tortura física”, agrega la activista, “reciben tortura psicológica, porque los dejan encerrados sin actividades deportivas ni recreativas ni religiosas, sin alimentación adecuada, con restricción de agua potable, restricciones de llamadas, de visitas”.

“Es decir estamos en presencia de una violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela y la Comisión de la señora Bachelet ha hecho poco o nada más que talleres y cursos de DDHH con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público y sin embargo las condiciones de nuestros familiares no han mejorado, y mucho menos la parte de la justicia, que es lo que estamos pidiendo”.

Segundo ciclo de diálogo

La delegación opositora y la del Gobierno comenzaron este viernes el segundo ciclo de las negociaciones en México.

Hasta ahora, según lo acordado en un memorando suscrito el día 13 de agosto por las partes, la agenda incluye contemplar “derechos políticos para todos”, garantías electorales y un cronograma para elecciones observables, levantamiento de las sanciones, respeto al Estado de derecho, así como la renuncia a la violencia.

Este sábado, la oposición que lidera Juan Guaidó reclamó que “las liberaciones de los presos políticos” no sean “concesiones caprichosas” del régimen y que, por tanto, no supongan un “cálculo político”.

A su juicio, estos presos políticos, “no han cometido delito alguno y deben ser liberados en su totalidad”.

La ONG venezolana Foro Penal denunció el pasado lunes que en el país hay 264 personas encarceladas a las que consideran “presos políticos”, uno menos que en el informe del pasado 25 de agosto.

La organización ha pedido que se evite utilizar a estos detenidos como “piezas de negociación” en el diálogo entre el Gobierno y la oposición.

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