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La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó el jueves que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que dichos delitos deben ser investigados, lo que desató reacciones en todo el arco opositor.
Justamente, el líder de la oposición, Juan Guaidó, se hizo eco del informe y celebró que el país se encuentre más cerca de entrar en fase de investigación.
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“Hemos luchado contra un régimen señalado por delitos de lesa humanidad. Hoy en la CPI estamos más cerca de que Venezuela entre en fase de investigación”, afirmó, a través de su cuenta de Twitter.
Además, recalcó: “Nuestro esfuerzo es en respaldo al trabajo de las ONG, familias de víctimas y la AN: resarcir a las víctimas y hacer justicia”.
El líder de la oposición se sumó así a otros opositores como Julio Borges, quien aseguró este jueves que la CPI es la “única instancia” para que su compatriotas logren justicia, después de que la Fiscalía del ente hiciera público un informe que concluye que existe “una base razonable” para creer que diversas autoridades han cometido crímenes de lesa humanidad.
A juicio de Borges, nombrado por Guaidó como comisionado para las Relaciones Exteriores, “los delitos” cometidos por el presidente Nicolás Maduro “no cesan”, por lo que “urge que se avance a la fase de investigación” en la CPI.
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En el documento, desclasificado esta misma semana por Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado junio, se afirma que hay “una base razonable” para creer que desde abril de 2017 “autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos progobierno han cometido crímenes de lesa humanidad”.
Entre ellos, está el encarcelamiento “u otros tipos de severa privación de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”, la tortura y la “violación u otras formas de violación sexual”, así como persecución por motivos políticos.
La Fiscal también concluyó que los casos que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes “serían admisibles de conformidad con el artículo 17 (1) (a) - (d) del Estatuto” de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional.

El informe, fechado 15 de junio y publicado este martes, señala que “luego de un proceso exhaustivo e independiente, que se ha beneficiado de la cooperación constante del Gobierno de Venezuela, así como de otras partes interesadas, la Fiscal ha concluido que existe una base razonable para creer que los delitos de la competencia de la Corte se han cometido en Venezuela”.
Responsables de estos crímenes fueron, según la fiscal de la CPI, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) , la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
“Además, la información disponible indica que personas afines al gobierno también participaron en la represión de opositores reales o presuntos al Gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su aquiescencia”, agrega el informe.
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Según la fiscalía, los casos que surgirían de una investigación sobre la situación en Venezuela serán admisibles ante la CPI “en términos de inacción”, es decir debido a la falta de voluntad del régimen chavista a perseguir las denuncias de violaciones. Esto cumpliría con el principio de complementariedad, uno de los requisitos que causa la intervención de la Corte cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal.
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