Al menos 95 presos venezolanos murieron en los primeros seis meses de 2021 en calabozos policiales de 21 estados del país, la mayoría por problemas de salud, informó este jueves la ONG Una Ventana a la Libertad.
“Entre enero y junio del año en curso, el 75,79% de estos decesos, que suman 72 muertes, fueron por enfermedades”, señalaron en un comunicado. La ONG indicó que la enfermedad que más muertes causó, el 65% del total, fue la tuberculosis.
“El resto de las muertes se distribuye en cinco causas principales como el infarto, la desnutrición, enfermedades respiratorias, neumonía y síntomas de covid-19 y algunas como cirrosis, hemorragia pulmonar, amebiasis (infección parasitaria), VIH y otras tres defunciones que no se especificó la causa”, añadieron.
Asimismo, explicaron que la segunda causa de decesos, confirmada por sus investigadores, son supuestos enfrentamientos entre funcionarios y reclusos fugados.
“Entre enero y junio del año en curso, 15 fugados murieron en procedimientos de recaptura, mientras que otras ocho defunciones se dividen de la siguiente manera: tres en riñas, tres por abusos de funcionarios y dos en motines”, sostuvieron.
En cuanto a enfermedades registradas en los calabozos, Una Ventana a la Libertad dijo que el 29,5% de las personas detenidas sufren de escabiosis (sarna), el 28,21% de desnutrición y que esto se esperaba porque las visitas estaban suspendidas y “los familiares (son) los que alimentan a esta población reclusa”.
Mientras que el 21,04% de los reclusos fueron diagnosticados con tuberculosis y 8,4% con gripe. “Este dato es interesante, en especial si vemos que aumentan los casos de gripe y fiebre y se mantiene bajo el número de casos de COVID-19”, indicaron.
Sobre los casos de la COVID-19, la ONG explicó que “disminuyeron de manera notoria”, pasando de 300 en 2020, a 43 casos en el primer semestre de 2021.
“No tenemos ninguna certeza sobre esta pandemia en los calabozos, y los datos obtenidos no permiten una visión clara sobre esta situación”, agregaron.
Venezuela tiene una población carcelaria de 40.000 reos, según datos oficiales, y varias ONG estiman que en los centros de detención preventiva hay entre 40.000 y 65.000 más, por lo que denuncian un problema de hacinamiento.
A finales de mayo, el dictador Nicolás Maduro ordenó la creación de una comisión para resolver la situación en los centros de detención preventiva en un periodo de 60 días. Sin embargo, los expertos son escépticos al respecto.
“En los centros penitenciarios hay 40.000 (presos) y en los centros de detención hay 40.000 (más); entonces ¿cómo lo van a hacer, si ya tengo hacinados los centros penitenciarios?”, planteó el mes pasado la directora de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón.
Diversas organizaciones señalan que el problema carcelario va más allá del hacinamiento, debido a que los presos tienen dificultades para recibir atención médica, las mujeres son víctimas de abusos y, además, el sistema está copado de actos de corrupción por el que funcionarios piden dinero para otorgar “beneficios”.
La comisión encargada de lo que el régimen ha denominado como una “revolución judicial” solo ha explicado que buscan acabar con el retardo procesal y el hacinamiento, y que para ello encargó a seis subcomisiones en todo el país que contarán con representantes del Supremo, la Fiscalía, cuerpos policiales, Ministerio de Interior y Penitenciario así como de Defensa Pública.
Las mismas deben visitar en 60 días todos los calabozos policiales para revisar cada caso. A la fecha, se desconoce cuántos casos han atendido, pero las subcomisiones han informado sobre excarcelaciones a personas que tienen algún problema de salud o en cuyo proceso haya algún tipo de irregularidad.
Según el líder de la llamada “revolución judicial”, Diosdado Cabello, la situación en los centros preventivos se agravó debido a la pandemia, pero las ONG señalan que tanto el hacinamiento como el retardo procesal tienen años y creen que para atenderlo se deben construir más cárceles.
Según explican, el retardo está relacionado una serie de factores que van desde los cortes de luz, la falta de material para procesar las excarcelaciones hasta la ausencia de jueces o fiscales.
(Con información de EFE)
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