En junio pasado, el abogado británico Karim Khan asumió como nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) un cargo en el que podría pedir la apertura de una investigación formal contra el régimen de Nicolás Maduro.
Este abogado sucede a la gambiana Fatou Bensouda, que terminó su mandato de nueve años, y quien tenía la intención de pedir una investigación formal sobre los crímenes cometidos por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero que se vio impedida en el último momento después de que Caracas pidiera a los jueces que tomaran el control del caso. Ahora, familiares de víctimas de la brutalidad de la dictadura venezolana enviaron sus testimonios a Khan.
En el segundo foro “Las víctimas le hablan al fiscal de la CPI Karim Khan”, organizado por el comisionado del gobierno venezolano interino Humberto Prado, Ariana Arellano, entre lágrimas, contó cómo fue asesinado su hermano Diego, en 2017, por la Guardia Nacional Bolivariana. “Tenía 31 años, era el menor de tres hermanos, era biólogo y trabajaba como investigador. Era un ciudadano común, no pertenecía a ningún partido político, y el 16 de mayo de 2017 se unió a la protesta. Ese día no disparaban al aire, disparaban directamente a los manifestantes a quemarropa. La Guardia Nacional quería que ese día muriera alguien y esa suerte la corrió mi hermano”, relató.
“En Venezuela no existen los DDHH. La bala que penetró a mi hermano lo destruyó por dentro. Mi familia y yo sabemos que no hay un sólo culpable, hemos visto videos de varios funcionarios disparando directamente al lugar donde estaba Diego”, detalló. Para ella, “la Guardia Nacional Bolivariana salió a matar por orden del régimen para que la gente se aquietara”
La madre del joven asesinado Neomar Lander, Zugeimar Armas, explicó que pone su caso “en manos de la Corte Penal Internacional, ya que no va a haber justicia en Venezuela”.
Armas señaló que a cuatro años de la muerte del joven no hay ningún responsable por su muerte y sigue impune: “Teniendo pruebas no hay justicia, sin pruebas mucho menos. Por eso le pido al fiscal Karim Kham que investigue la muerte de nuestro hijo. Mi hija aún llora todas las noches la muerte de su hermano”.
Julieta Ovalles, madre de Luigi Guerrero, quien fue asesinado durante unas protestas en San Cristóbal, estado Táchira, en 2019, denunció: “En Venezuela no vale de nada que uno investigue y entregue pruebas a la Fiscalía como yo lo he hecho. Lo que ellos esperan es que pase el tiempo para que eso quede así, pero acabar con la vida de un ser humano no es poca cosa, eso no quedará así”.
La señora Ovalles solicitó al fiscal Khan que escuche a los familiares. “No crean las mentiras de un gobierno mitómano, todos los funcionarios del Gobierno parecen una obra de teatro. La sangre se ha derramado sobre nuestra nación y es la sangre de nuestros hijos por parte de un régimen que se ha dedicado a saquear y robar a un país ante la vista del mundo. Creo que seremos escuchados por el fiscal de la CPI”.
Carlos Marrón, detenido arbitrariamente y torturado por funcionarios chavistas, también aseguró que la Fiscalía venezolana “no actúa de buena fe, la única ley que funciona en Venezuela es la de instigación al odio, y es para acusar a todo el mundo. Esa es la ley que aplica, más nada”.
Además, detalló Tal Cual, le señaló: “En los casos de torturas, detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas, la cadena de mando, para que el doctor Karim Khan lo sepa, todos son responsables. Desde el sargento hasta el Presidente porque todos toleraron, hicieron y avalaron la tortura que se hace en Venezuela. No nos podemos quedar sin justicia”.
Nancy Márquez, hermana de José Márquez, quien fue asesinado por funcionarios de la Guardia del Pueblo en 2014, dijo que la CPI debe investigar porque en Venezuela existe una “política de omisión y acción de tortura en contra de civiles, que en este caso fue ocasionada por militares”.
Nancy Márquez Fernández, hermana de José Márquez, quien fue asesinado en febrero de 2014 por funcionarios de la Guardia Nacional mientras se encontraba grabando los abusos cometidos por este cuerpo militar en protestas en el centro de Caracas, explicó que fue pateado y golpeado tanto en el abdomen como la cabeza, lo que le produjo heridas que le ocasionaron la muerte días después.
Pero la jueza que llevaba el caso dijo que los funcionarios actuaron en nombre propio y no en nombre del Estado, por lo cual se desestimó investigar la cadena de mando. También se rechazaron las acusaciones de robo, pese a que los militares lo persiguieron y le arrebataron su celular.
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