Entre enero y junio de este año se registraron en Venezuela 825 ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y el Ejército que responde a Nicolás Maduro, denunció el jueves a través de un informe la ONG Lupa por la Vida, una iniciativa conjunta entre el Centro Gumilla y Provea.
El número representa una caída en relación a las 1.611 ejecuciones registradas en el mismo periodo del año 2020, de acuerdo con el monitoreo de violencia policial y militar realizado por la ONG Provea y el Centro Gumilla.
Pese a que los autores del informe celebran la disminución de las ejecuciones, insisten en alertar sobre la gravedad de los más de 800 asesinatos: “Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.
La cifra refleja “el alto nivel de letalidad policial en el país, el no uso de la fuerza de manera excepcional y bajo los principios de uso diferenciado y progresivo e indica la ausencia de una política de seguridad ciudadana orientada a preservar la vida y causar el menos daño físico posible”, denunciaron.
Otro de los aspectos subrayados por el informe tiene que ver con los niveles de impunidad que rigen en las instituciones de seguridad venezolanas. “Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”.
¿Disolución de las FAES?
En relación a la caída del número de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) -que pasaron de 416 en 2020 a 64 en 2021- los autores del estudio arriesga que podría tratarse de un proceso de disolución del organismo.
“Se viene realizando un proceso de traslado de personal hacia la denominada Dirección Contra la Delincuencia Organizada, DCDO”, afirman.
“Estas modificaciones en la Policía Nacional Bolivariana pudiesen obedecer a las exigencias de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que desde el 2019 vienen demandando la disolución de este cuerpo policial e igualmente a la recomendación establecida por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas”, añaden.
El lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Venezuela como responsable de la ejecución extrajudicial de Jimmy Rafael Guerrero, basándose en una discriminación por edad y condición socioeconómica, así como por el asesinato de su pariente Ramón Antonio Molina.
La sentencia de la Corte indicó que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de Guerrero, así como el derecho a la vida en perjuicio de Molina Pérez. Además de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de las familias de ambos.
Las regiones más violentas
Además, en la primera mitad del 2020 los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares fueron por orden de letalidad Zulia, Bolívar, Aragua, Lara, Carabobo y Miranda. Aquí se suman la totalidad de cuerpos policiales actuantes y no solo la policía estatal.
Un año después la tendencia fue casi la misma, según el reporte. Zulia sigue apareciendo en el primer lugar con 171 muertes, Carabobo con 136, Aragua con 88, y Lara con 71.
Otro de los patrones que se mantiene en esta política de “seguridad ciudadana” desplegada por el Estado venezolano es que la mayoría de las víctimas son masculinos jóvenes, con edades entre 18 y 30 años que viven en zonas pobres.
El informe define “ejecución” como todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima. Y son extrajudiciales en cuanto que suceden en un país donde constitucionalmente no existe la pena de muerte, y el funcionario, violentando el debido proceso que implicaría el juicio justo, resuelve tomarse la justicia por sus manos y ejecutar a la persona.
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