Una familia indígena venezolana reclama libertad para su único hijo, a quien la Fuerza Armada señala como guerrillero

Elsa Primitiva le preguntó al militar que ella identifica como coronel y bajo quien estaba su hijo en custodia: “¿Quién le va a dar para la ropa, para el jabón, para la comida? Nadie va a ver por mi hijo y yo sufriendo por él”, narra a la vez que confiesa que no está tranquila. “Yo no como bien, yo ando llorando por ahí”. Su hijo fue detenido porque supuestamente el fundo, para el que fue a trabajar dos días antes, en el estado Amazonas, era de unos guerrilleros.

Ante la pregunta de por qué acusan a su hijo, responde: “Lo acusan de esas cosas terrenales (terrorismo), rebelión a la patria (instigación a la rebelión), traición a la patria, todas esas cosas, pues. Mi hijo no estaba metido en nada. Él se fue por dos días a trabajar ahí en ese fundo, él no conoce al señor de ahí”.

A Simón Antonio Sosa Prieto se lo llevan en febrero, le dice Elsa Prieto a Infobae. Aunque ella no lo sabe habría ocurrido en el marco de la Operación Jiwi 2021 de la Operación Escudo Bolivariano.

El hijo de Elsa Primitiva tiene 23 años y lo detienen cuando se encontraba trabajando en “un fundo que está cerca de Matagorda de Pozón de Babilla, en el estado Amazonas”. Pasaron tres semanas antes de que se lo permitieran ver o comunicarse con él. Simón Antonio Sosa Prieto es su único hijo de su unión con Víctor Hugo Sosa Neiva.

Elsa Primitiva Prieto Perales es indígena venezolana perteneciente a la población Jivi, comunidad “Puerto Emilio Arévalo Cedeño”, quien vive en Puerto Nuevo, municipio Puerto Páez del estado Amazonas, un sitio azotado por los grupos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Yo he sufrido muchas cosas por mi hijo. Yo soy evangélica también. Deseo que me entreguen a mi hijo. Soy indígena y ando pidiendo, en esta hora, para que ayuden, para que me entreguen a mi hijo. Como le dije al coronel de donde lo agarraron, de Matagorda, que no podía así”.

Según explica ella, habló con el oficial del comando donde fue recluido el joven después de haber sido detenido, para explicarle que no tenían recursos, que no tienen para trasladarse, además de las limitaciones porque se comunica con dificultad en español. La respuesta que el militar le dio es que Simón va a estar tranquilo en Miranda o Aragua para donde lo envíen y que estará año y medio o dos años.

Por radio portátil

A principios de febrero 2021, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizó un operativo por la zona. Era 4 de febrero y Simón Sosa estaba colocando una cerca con palos y alambre; le dijo a la comisión militar que a él lo habían contratado para hacer ese trabajo.

Los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) ingresaron a la casa de ese fundo en Matagorda, y ahí consiguieron una radio portátil. Ese 4 de febrero de 2021 fue detenido Sosa Prieto y a una muchacha que trabajaba ahí, pero a ella la dejaron en libertad, así que el único detenido por ese caso es Sosa.

“Mi hijo no sabe si la gente dueña de esa casa tenía ese radio, pero es por eso que se lo llevaron. Él solo trabajaba ahí, no sabía lo que había dentro de la casa”.

Se negó a admitir los hechos

La audiencia preliminar fue el 23 de mayo de 2021, sus defensores públicos son dos militares José Díaz y Carlos Nelo; el Juez lo pasa a juicio, después que el indígena se niega a admitir los hechos, y lo envía para la Cárcel Militar de Ramo Verde en Miranda.

Sosa es un joven conocido por la comunidad, por los militares de la zona, quienes lo veían cargando agua, vendiendo pescado, cosiendo zapatos y en labores del campo. “Él trabajaba para mantener a sus dos hijos”.

En una conversación que Simón Antonio Sosa tuvo el 17 de junio de 2021 en el Centro de Detención preventivo del Comando de Zona Nr. 63 de la Guardia Nacional, dijo que él se enteró después que quienes vivían en el fundo donde estaba trabajando, eran guerrilleros. “De haberlo sabido no hubiera trabajado para ellos”, confesó.

La madre del joven le dijo a la Defensoría del Pueblo en Amazonas, en una comunicación del 01 de junio, que ella se enteró el 24 de mayo que los abogados que asistieron a su hijo fueron José Díaz y Carlos Nelo González y que la semana anterior que era flexible por las medidas sanitarias le habían celebrado la audiencia preliminar.

También supo ese día que los imputaban por la presunción de los delitos de espionaje y rebelión, bajo el expediente Nr. EjPM-7M86-003-2021 y FM-FFM 40-006-2021.

A la familia de Sosa le dijeron que “hay una orden de traslado para Ramo Verde, donde una Comisión Técnica lo evaluará y que el expediente sería enviado a la circunscripción militar del estado Aragua, donde se realizará el juicio, que aún no tiene fecha”.

La madre de Sosa Prieto dice: “Mi familia no cuenta con recursos económicos. Mi hijo tiene dos niños de tres años y cuatro meses y estaba trabajando para sustentarnos y contribuir con la comida. ¿Cuándo lo volvemos a ver si lo trasladan?”.

“Pido a las autoridades que me entreguen a mi hijo porque él es inocente. Mi hijo como que sufre de cosas del cerebro, de la mente y me manda a pedir pastillas, pero yo no tengo para mandarlo a examinar”.

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