El régimen de Nicolás Maduro cedió el control de varias zonas de Venezuela a pandillas y grupos guerrilleros

“¡Salgan de la zona! ¡Saquen a los niños!”, gritaban pandilleros con parlantes mientras caminaban por el barrio de El Cementerio, al noroeste de la capital de Venezuela, la mañana del jueves 8 de julio. La advertencia le indicaba a los residentes de la zona que el tiroteo no se detendría pronto. Para entonces, los habitantes de la barriada tenían más de medio día encerrados en sus casas, muchos tendidos en el suelo para evitar los disparos. En las siguientes 48 horas, El Cementerio y otros cinco barrios cercanos quedaron paralizados por una demostración sin precedentes de potencia de fuego de bandas del crimen organizado, más conocidas por sus vecinos como “los muchachos”.

Los enfrentamientos armados entre la policía y un grupo de pandillas de al menos 300 personas en varios barrios del oeste de Caracas son una señal de que Nicolás Maduro está perdiendo el control sobre zonas de Venezuela, que están sufriendo una profunda crisis económica y un largo quiebre del estado de derecho.

Algo similar ha ocurrido en estados fronterizos, donde rebeldes colombianos que imparten justicia en áreas rurales pasaron semanas luchando contra tropas venezolanas en enfrentamientos en los que murieron una docena de soldados y obligaron a miles pobladores a huir. En el interior de Venezuela, las pandillas locales también controlan territorio y establecen sus leyes.

“Cada vez es más evidente que Maduro está perdiendo el control dentro y fuera de Caracas”, dijo Alexander Campos, investigador de la Universidad Central de Venezuela que estudia la violencia en el país sudamericano. “La capacidad y ambición de los grupos criminales, desde pandillas hasta guerrillas, está creciendo”, agregó.

Expertos en seguridad dicen que los violentos operativos lanzados por el gobierno de Maduro en 2015 denominados “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP) ayudaron a consolidar grupos de pandillas que inicialmente operaban en el vecindario Cota 905 y áreas cercanas al darles un enemigo común. Grupos de derechos humanos dijeron que además dio lugar a cientos de ejecuciones extrajudiciales con lo que persistió la violencia.

En 2017, las bandas llegaron a un acuerdo con Maduro para operar sin policías en ciertos sectores a cambio de reducir la violencia. Las calles se volvieron más seguras, dijeron algunos residentes. Pero las pandillas se hicieron aún más poderosas a través del aumento del tráfico de drogas y el reclutamiento de niños, según residentes, que agregaron que ahora están armados con granadas y rifles de asalto.

Los miembros de las pandillas se ganaron el favor de algunos habitantes al repartir comida y organizar fiestas con música en vivo en medio de la devastadora crisis económica del país, dijeron residentes que pidieron reservar sus nombres.

Adolescentes equipados con radios de onda corta ganan cerca de 100 dólares a la semana, más de 30 veces el salario mínimo, para resguardar los puestos de control en la mayoría de los rincones del vecindario, dijo José Antonio Rengifo, un maestro de 34 años. En áreas ignoradas por las instituciones estatales, los vecinos se acercan a las bandas para buscar resoluciones a disputas que van desde abuso doméstico hasta robos.

“Allí arriba, es la familia”, dijo el sacerdote católico Wilfredo Corniel, de 45 años, al señalar las casas de ladrillo y cemento que se extienden por la ladera. “El gobierno está perdiendo terreno y credibilidad”, agregó.

Aunque la pandilla de la Cota 905 tiene cuatro líderes, según los vecinos, al grupo se le conoce como “La banda de El Koki”, en referencia al líder más conocido, Carlos Luis Revete.

Los expertos en seguridad creen que la expansión de las pandillas en los últimos seis meses en vecindarios cercanos a El Cementerio y la Cota 905, en el noroeste y sur de la ciudad, es una estrategia para dominar las vías que unen a Caracas, lo que les permitiría controlar los envíos a la capital.

Tras una balacera ocurrida el 7 de julio, el gobierno arrestó al dirigente de la oposición Freddy Guevara y acusó al opositor Leopoldo López de trabajar con las pandillas para organizar los tiroteos en un complot para desestabilizar al gobierno. Ambos niegan las acusaciones.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a la solicitud de comentarios.

Ni las bandas ni el gobierno han dicho qué provocó el enfrentamiento, pero aparentemente comenzó con la policía disparando contra un líder de una pandilla aliado con El Koki, según una fuente conocedora de la situación.

El 8 de julio, el gobierno publicó en la televisión oficial carteles de búsqueda de los líderes de la megabanda, ofreciendo una recompensa de 500.000 dólares por información que condujera a su arresto. Pero para entonces, dijeron los residentes, ya habían huido de la zona. Las fuerzas de seguridad, que normalmente solo se ven en la principal vía comercial de El Cementerio, se desplegaron en el área. La zona de la Cota 905 se quedó sin electricidad.

Entre el jueves y el domingo de la semana pasada, los representantes de la no gubernamental Mi Convive, con sede en Caracas y que administra comedores populares en los barrios controlados por las pandillas, estuvieron apiñados dentro de sus casas rodeados de niños, dijo Héctor Navarro, director de la organización. Lo único que escuchaban eran disparos.

Durante tres días estuvieron sin luz. El sábado se quedaron sin agua. En el vecindario, donde la mayoría vive del día a día por el colapso económico, varios residentes se quedaron sin comida. Muchos huyeron de la zona con maletas en mano.

Los residentes dijeron que la policía saqueó muchas casas, robaron comida, aparatos electrónicos y artículos para el hogar como ollas y sartenes. Las fotos de las casas después de las visitas policiales revisadas por Reuters mostraron posesiones esparcidas por las salas de estar y ventanas rotas.

Los enfrentamientos entre la policía y la banda dejaron al menos 26 muertos, incluidos cuatro oficiales, y 38 personas heridas, informaron desde Miraflores el 10 de julio. Pero la no gubernamental Monitor de Víctimas, documentó 37 muertes, incluidos cuatro oficiales y, por balas perdidas, 22 personas que presuntamente no eran miembros de pandillas.

El lunes siguiente los comercios estaban abiertos en la avenida principal de El Cementerio con filas alrededor de los vendedores de frutas, verduras y empanadas. Los únicos indicios de tiroteos eran las ventanas agrietadas por balas perdidas y los carteles de “Se busca” en los alrededores. La policía destruyó la mayoría de los puestos de control de la pandilla, pero Reuters pudo ver a jóvenes adolescentes en un nuevo puesto en las escaleras que conducen a lo que los residentes dicen es una de las casas de El Koki en la frontera entre la Cota 905 y El Cementerio.

Algunos hombres jóvenes y otros pobladores aún no han regresado a sus hogares por temor a las fuerzas de seguridad, que siguen con los operativos en la ciudad.

Varios residentes de El Cementerio prefieren a las bandas. “Prefiero mil veces vivir con el Koki que con la policía, que solo roba”, dijo uno de los habitantes de El Cementerio.

Por Sarah Kinosian y Vivian Sequera- Reuters

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