Ni por ser chavista se salvó de la Guardia Nacional: fue secuestrada, amenazada y un tribunal la imputó porque denunció mafias del combustible

Lisbeth Soto Andrade no solo ha sido defensora de la revolución bolivariana, es una chavista comprometida que pertenece al colectivo Fabricio Ojeda de Barquisimeto, estado Lara. Indignada por lo que ocurre con las mafias que manejan el negocio del combustible, y encontrándose en la estación de servicio premium o dolarizada San Luis, hizo la denuncia. Es del conocimiento público el submundo que se maneja en las gasolineras para tener el privilegio de surtirse de combustible. Quizá Soto creyó aquello que la revolución llama “contraloría social” y tendría respuesta efectiva. Sí, la tuvo, pero no como ella esperaba.

En lugar de una acción por parte de los cuerpos de seguridad e inteligencia sobre las mafias del combustible, un grupo de funcionarios militares la secuestraron en la E/S donde ella estaba denunciando, al lado de un concurrido centro comercial de Barquisimeto. Hubo testigos que identificaron el vehículo en el cual se la llevaron como un “Arauca azul sin placas”.

Numerosas cuentas en redes sociales alertaron del hecho, algunos denunciaron que la acción correspondía a funcionarios del régimen venezolano, hubo desplazamiento de familiares y amigos del colectivo y de partidos de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), que se le han rebelado al PSUV.

Horas después, supieron que Soto estaba en el comando 121 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de La Montañita, municipio Palavecino, Lara. También que quienes la raptaron en la gasolinera amenazaron a un hijo de Lisbeth Soto, menor de edad, quien se encontraba con su mamá y quedó solo en el lugar. Cuando la familia de Soto llegó al Comando de la GNB, los militares les dijeron que ella estaba arrestada porque tenían una denuncia y testigos contra ella porque presuntamente vendía cupos para el suministro de gasolina.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el estado Lara, se pronunció de inmediato denunciando que el tráfico de combustible en la E/S del Sambil, se hace en complicidad con la dueña de la gasolinera, donde “además está involucrado un general del Ejército, esposo de la mencionada dueña, quienes inventaron una cola VIP pasando por encima de cientos de carros que tenían varios días en una cola”.

“Nos solidarizamos con la compañera pues le violaron sus Derechos Humanos; por la detención arbitraria y también violación del debido proceso y el derecho a la defensa, garantías constitucionales que no respetaron los agentes represivos del Estado para proteger a la corrupción y el tráfico de gasolina”, dijo Elam Pacheco, Secretario Político Comité Regional del PCV Lara.

A Soto Andrade le aplicaron la misma receta, que se ha hecho recurrente, contra cientos de personas detenidas por los cuerpos de Inteligencia, militares o policiales: secuestro, desaparición forzosa, incautación y revisión de teléfonos particulares, prohibición de comunicarse con su familia o abogados, denuncia por parte de personas anónimas por diversos delitos; si hay mucha presión pública, la presentan ante un tribunal, que en algunos casos dejan a las personas detenidas o en otros, como ocurrió con Lisbeth les dan libertad bajo presentación u otras medidas, además de imponerles la prohibición de declarar y de publicar en redes sociales.

La historia

Lo que para los habitantes de la frontera ha sido un drama, desde hace 10 años por lo menos, para el centro del país se ha agudizado en los últimos meses. Las redes que negocian el combustible, con apoyo de funcionarios militares y policiales, se ha extendido a todo el país. En algunos casos es una política velada para que los funcionarios compensen el mísero salario que devengan.

Lo que inicialmente eran horas en cola para poder surtirse del combustible, pasó a ser días, semanas y hasta meses. Hay pueblos del interior del país donde los vehículos particulares no pueden surtir desde hace tiempo, situación que se agrava cuando se trata de vehículos que transportan verduras, hortalizas, frutas o cualquier otro alimento perecedero.

Las denuncias por los cobros en las estaciones de combustible para saltarse las colas, han sido virales. Miles de personas reportan, los privilegios en las colas VIP, a cambio de cobros en divisas por parte de funcionarios armados.

Mientras varias organizaciones invitaban a movilizaciones en defensa de Soto, ella fue presentada ante un Tribunal de Lara, cuyo juez le dio libertad, pero no plena, sino con régimen de presentación y prohibición de acercarse a cualquier gasolinera del grupo San Luis, como se llama a las varias gasolineras cuya propietaria es Luisa.

La denuncia salvó su vida

La Red de Resistencia Revolucionaria de Barquisimeto, en un artículo publicado en Aporrea, destaca que las colas VIP “no son otra cosa que la cola de las personas que pagan una mordida (de hasta 40$) para pasar por encima de los “pendejos” que tienen hasta tres semanas en las “colas Premium”, porque en el estado Lara, lo que llega de gasolina, es para venderla dolarizada, porque la subsidiada apenas es para los organismos de seguridad, empleados públicos y para que algunos alcaldes toñecos y concejales avispaos hagan también su negocio”.

Agrega que inicialmente se denunció el secuestro de Soto, porque quienes se la llevan fueron hombres de civil, en pantalón corto deportivo. “Tal acción generó preocupación de amigos y familiares de Lisbeth, así como de las personas que vienen soportando la burla de ver cómo de la cola que tiene días y más de 1000 carros, solo pasaron 100, mientras que de la VIP pasaron 300”.

Dicen que la denuncia por redes le salvo la vida a Lisbeth. “La preocupación se convirtió en denuncia de ‘secuestro’ por las redes sociales, que imaginamos fue lo que le salvó la vida a la compañera, porque a todas luces eso no fue una detención ajustada al ordenamiento jurídico venezolano, ni fue en flagrancia, porqué estar en una bomba gasolinera, no está tipificado como delito en Venezuela”.

Tengo miedo

Por otra parte, el medio de comunicación Noticiero Digital da fe de haber recibido un video donde Lisbeth Soto relata lo que vivió en los días en que estuvo detenida. Cuenta que fue secuestrada por personas vestidas de civil, que se la llevaron en un vehículo sin identificación, luego le hicieron un trasbordo a otro vehículo. “Le dijeron que llamara a su familia para informarles que ella se comunicaría dentro de varios días”.

“Vi cosas que de verdad, son totalmente sorprendentes. Vi una gran mafia con respecto a la gasolina, ya que, sin importarle el sufrimiento, el hambre y todo lo que se pasa allí en esa cola, necesidades, lluvia, solo hay funcionarios que no les importa el dolor humano”, relata Soto.

“Contó que la llevaron al Comando GNB 123, ubicado en La Montañita, municipio Palavecino. Denunció ser víctima de torturas y malos tratos, incluyendo su reclusión en un contenedor cerrado, lleno de excrementos, orina, ratas y sin ventilación; hasta que la sacaron hasta un CDI por una crisis nerviosa”, destaca ND.

Ella manifestó que “fui víctima del vulgar maltrato que dan a cualquier ciudadano que se atreve a denunciar o reprochar los niveles de corrupción que se presentan en las estaciones de servicio. No es ninguna sorpresa para ninguno. Sabemos que como estas mafias de la gasolina, también se encuentran mafias en el TSJ, en la Fiscalía. Lo viví en carne propia. Siento también mucho temor por lo que puedan hacer ellos en contra mía, de mi familia y de mis hijos”.

Soto confesó que no encontraba palabras para describir lo que siente, destacando que ”es fácil cuando se está del otro lado, pero cuando eres tú la víctima es difícil hasta expresar porque sientes temor de decir una palabra mal dicha y puedan atentar contra tu propia vida o con la vida de tus hijos. El sistema de justicia está podrido, y han dolarizado los derechos y garantías constitucionales de los venezolanos. Desde un funcionario policial, hasta un Fiscal del Ministerio Público o Juez, se puede denotar el vicio y la corrupción desmedida, que afecta a la integridad de la persona que se encuentra inmersa en un proceso penal”, dijo Soto, según publicó Noticiero Digital.

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