La dictadura de Venezuela reiteró este lunes su voluntad “de mantener canales de comunicación y diálogo” con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Venezuela, en aras de seguir intensificando la cooperación debida con esta oficina, ratifica su voluntad de mantener canales de comunicación y diálogo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, reza un comunicado emitido por el régimen de Nicolás Maduro.
En dicho mensaje, pide que esas relaciones se basen en “el estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no politización, respeto a la soberanía y diálogo constructivo sin agendas geopolíticas al servicio de poderes hegemónicos contrarios al derecho internacional”.
El mensaje se publicó poco después de la lectura de un informe actualizado por la oficina de Bachelet en Ginebra.
En dicho informe, que coincidió con la conmemoración del Día de la Independencia en Venezuela, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos aseguró que las restricciones al espacio cívico “siguen siendo motivo de preocupación”, en especial la “estigmatización, criminalización y amenazas contra las voces disidentes”.
La ex presidenta chilena puso el ejemplo de la reciente detención de tres miembros de la ONG de derechos humanos Fundaredes, entre ellos su presidente, Javier Tarazona, y pidió que estos arrestados tengan acceso sin demora a abogados defensores de su elección.
“Sigo instando a que se liberen a todas las personas detenidas arbritrariamente”, expresó. En ese sentido, se refirió a la reciente detención de los tres activistas, que venían denunciando la connivencia entre el régimen y las disidencias de las FARC en la frontera colombovenezolana. “El arresto de tres miembros de Fundaredes hace tan solo tres días es sumamente preocupante. Aprovecho para solicitar el acceso urgente de los abogados defensores”
Con todo, el informe constató progresos en Venezuela con respecto a actualizaciones anteriores, como las reformas iniciadas en la Justicia y la Policía, que ofrecen oportunidades, según la alta comisionada, para “mejorar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas”.
También aplaudió la tendencia a la baja de las muertes en el contexto de protestas de opositores al régimen de Maduro, pero aclaró: “Una sola muerte ya es demasiado”. Y añadió: “Es urgente continuar avanzando con los procesos judiciales de rendición de cuentas por las muertes en las protestas sociales de los últimos años”.
Bachelet afirmó que las condiciones de detención en muchos centros venezolanos siguen siendo preocupantes, aunque destacó que la dictadura de Maduro ha facilitado que funcionarios de su oficina visiten hasta 26 instalaciones de este tipo para examinar la situación de los presos, incluyendo una del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Al respecto, el régimen venezolano rechazó el último informe publicado por la oficina de Bachelet y tachó su contenido de “falaz”, además de considerar que “pone de relieve el origen tendencioso del mismo”.
En su réplica, el embajador de Venezuela ante la ONU, Hector Constant, rechazó el informe por considerarlo una injerencia internacional y de naturaleza hostil. Según añadió, contiene datos errados y fallas metodológicas. Además, indicó que solicitó información a la Oficina de Derechos Humanos para contrastar las informaciones publicadas.
“A pesar de ello, Venezuela destaca en su armonioso sistema constitucional en defensa y garantía de los derechos humanos que ha sido el escudo protector de su pueblo frente al bárbaro bloqueo criminal impuesto y dirigido desde Washington”, concluyó el régimen en su comunicado.
Bachelet anunció que en septiembre presentará un reporte complementario sobre la crisis en Venezuela y dijo que confía en que pronto se avanzará hacia el establecimiento de una oficina con sede en el país.
Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó en las últimas horas la impugnación que el régimen de Maduro había hecho sobre la investigación que esa fiscalía había iniciado sobre violación sistemática de derechos humanos bajo el mandato del dictador venezolano. La resolución preliminar, que lleva fecha del 2 de julio, se conoció recién hoy y estará completa a partir del próximo 21 de julio, día en que vence el plazo para que Venezuela presente sus alegatos para completar el fallo y avanzar en la acusación formal.
El pronunciamiento conocido este lunes da respuesta a la solicitud de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que los escritos presentados durante la incidencia sean publicados con versiones editadas para proteger a las víctimas y testigos, entre otros afectados.
Con información de EFE
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