Estados Unidos instó al régimen de Nicolás Maduro a que libere a los activistas que fueron detenidos por denunciaron al chavismo y aseguró que “una sociedad civil libre y vibrante es un pilar fundamental de la democracia”.
A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Julie Chung, subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, sostuvo que “la acusación contra Fundaredes en Venezuela criminaliza el trabajo de las ONG para informar de la verdad, defender los derechos humanos y hacer que los líderes rindan cuentas”.
“Los persistentes ataques del régimen de Maduro contra la sociedad civil deben terminar”, concluyó.
El director de la ONG venezolana Fundaredes, Javier Tarazona, principal voz de denuncia del conflicto entre las Fuerzas Armadas y disidencias de las FARC en una zona fronteriza, y sus dos compañeros Rafael Tarazona y Omar García, fueron apresados el viernes pasado.
El arresto ocurrió cuando acudieron a la sede del Ministerio Público en el estado noroccidental de Falcón para denunciar que el líder de la ONG estaba siendo “víctima de acoso y persecución por funcionarios” de la Policía de esta entidad, el Servicio de Inteligencia y “funcionarios sin identificar”.
Tarazona fue una de las voces fundamentales para informar acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldó indeterminado de fallecidos. Al frente de Fundaredes, se convirtió en una fuente clave para conocer lo que sucedía en la zona ante la falta de datos oficiales.
La detención de los tres activistas ha sido condenada por decenas de ONG y la oposición venezolana, que también exigen su liberación al alegar que defender derechos humanos “no es un delito”.
La Fiscalía chavista defendió los cargos de “terrorismo” contra los activistas que denunciaron al régimen
La Fiscalía General del régimen chavista defendió las detenciones arbitrarias de activistas que habían denunciado a la dictadura de Nicolás Maduro, realizadas bajo el cargo de “terrorismo”. El caso había sido considerado especialmente preocupante por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, dijo este martes que los tres integrantes de la ONG defensora de derechos humanos Fundaredes que fueron detenidos el pasado viernes estaban recibiendo instrucciones desde el extranjero para “atacar” el país y alterar el orden. “Son acusaciones que pudiéramos calificar de difamaciones que comprometen la seguridad del país”, afirmó Saab.
“Estas personas recibían desde el extranjero, según la experticia informática y telefónica realizada, instrucciones para atacar el Estado venezolano, las instituciones venezolanas y alterar, buscar alterar la paz republicana”, dijo el fiscal general en una declaración emitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
El funcionario, clave en la estructura represiva del régimen, afirmó que los tres activistas, uno de ellos Javier Tarazona, conocido por denunciar un conflicto entre las Fuerzas Armadas y disidencias de las FARC en una zona fronteriza, estaban haciendo acusaciones contra el Estado venezolano sin presentar pruebas. Según dijo, Tarazona, su hermano Rafael y el activista Omar García realizaron “difamaciones que comprometen gravemente la seguridad del país”.
Los activistas habían denunciado recientemente la supuesta relación del Estado venezolano con la guerrilla colombiana del ELN y disidencias de las FARC, así como la existencia de pistas clandestinas y laboratorios para el procesamiento de droga. “Dichas declaraciones públicas y las supuestas denuncias, obviamente, constituyen incitación al odio contra las máximas autoridades del país, tantos civiles como militares y pretenden crear una matriz de opinión negativa a nivel internacional y en consecuencia allanar el camino a nuevas agresiones contra Venezuela”, sostuvo el fiscal.
Saab aseguró además que detrás de estas nuevas agresiones hay una “intervención militar extranjera”. Las autoridades investigan los teléfonos de los activistas, donde, aseguran, hay evidencias de las “instrucciones” que recibían, aunque no han logrado identificar a las personas que supuestamente les enviaban estas órdenes.
El fiscal general reiteró que los activistas fueron imputados por los delitos de “promoción al odio, traición a la patria y terrorismo” e informó que se encuentran recluidos en el “centro de detención conocido como Hombre Nuevo Simón Bolívar, ubicado en la ciudad capital de Caracas”.
(Con información de EFE y AFP)
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