La fotografía que desató la furia del régimen de Maduro contra Javier Tarazona, el activista detenido e imputado por terrorismo e instigación al odio

El 30 de junio 2021, el profesor Javier Tarazona, director general de la ONG FundaRedes, acudió ante la Fiscalía General de la República para solicitar que se investigue “la relación de altos funcionarios que han ejercido el poder en Venezuela, tanto militares como civiles”, con altos mandos de la guerrilla. Su denuncia causó la ira del alto gobierno en Venezuela, donde hay gran cantidad de líderes de la revolución bolivariana con trato personal, económico y sentimental con los grupos irregulares. Un día después, Tarazona junto a dos activistas de la ONG fueron detenidos por el servicio de inteligencia (SEBIN), ayer fueron presentados a un Tribunal de Terrorismo que los imputó por “instigación al odio, terrorismo y traición a la patria” y los envió a la antigua cárcel La Planta.

Los cuerpos de Inteligencia fueron sustentando un expediente contra el coordinador de Fundaredes desde hace meses. Lo seguían, lo grababan, monitoreaban a los miembros de la organización y a los familiares de Tarazona; no encontraban nada, porque él actuaba públicamente, incluso fue a la Fiscalía de San Cristóbal hace unos días para averiguar sobre las denuncias hechas y que ahí fingían procesar, diariamente asistía a la oficina de Fundaredes y con frecuencia iba a tomar café a varias panaderías. La denuncia contra uno de los hombres más poderosos en la sombra del chavismo hizo estallar la furia y ordenaron detenerlo, lo que hicieron junto a su hermano y dos activistas.

Mientras miles de personas en Venezuela y en el exterior manifestaban incertidumbre y exigían saber el destino de los detenidos, los funcionarios del Gobierno, incluyendo la Fiscalía, hizo silencio. Horas después, una página web que el régimen venezolano usa para posicionar matrices de opinión en el chavismo, y a quien le dio en el 2016 el Premio Nacional de Periodismo, publicó que “la aprehensión del propagandista de la derecha uribista colombiana, Javier Tarazona, que actúa en Venezuela a través de entidad paraestatal Fundaredes, fue consecuencia de una investigación penal de la fiscalía 94°, con competencia nacional, por el delito de instigación al odio”.

La publicación agrega “Tarazona, quien reside en Táchira, había permanecido los últimos meses en el Norte de Santander. Pero el miércoles, tras el anuncio de la visita a Bogotá del director de la CIA, William Burns, retornó a territorio venezolano, lo que alertó a los servicios de inteligencia local”.

Esa versión retorcida del medio LaTabla busca, como lo hace con todo a quien el régimen considera enemigos, relacionar al defensor de derechos humanos con pagos de agencias de inteligencia norteamericana, con el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez y otros funcionarios. Miente el medio porque es notorio, público y comunicacional que Tarazona sostuvo reuniones casi a diario en San Cristóbal, capital del Táchira, con diversas organizaciones. “Él dejó de ir a Colombia porque desde hace tiempo solo se puede pasar la frontera a través de las trochas, que están controladas por el ELN, imagínate el peligro que eso significa. Es falso, él estuvo todo el tiempo aquí”, le dice a Infobae un miembro de FundaRedes Táchira.

Un activista auténtico

José Javier Tarazona Sánchez es un destacado profesor de universidades en Venezuela, Chile y Colombia, con posgrados y doctorado. Dentro de 17 días, el 21 de julio, cumplirá 39 años seguramente tras las rejas de la cárcel La Planta, a dónde fue enviado por el Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo, a cargo de la juez Luisa René Garrido Traspalacios. Tarazona, quien vive con su mamá, no está casado actualmente, aunque lo estuvo en el pasado con Edixa Rico, madre del hijo adolescente de Tarazona.

Ella destacó que Tarazona padece problemas de hipertensión, cardiacos y gastrointestinales, y solicitó que le dejen pasar sus medicinas. “Lo que hace Javier no es un delito. Lo único que ha hecho es defender los derechos humanos, trabajar en pro de un país y de todo el estado Táchira”, manifestó Rico.

¿Por qué esa denuncia se convirtió principalmente en sensible? Porque fue una denuncia directa contra uno de los hombres más poderosos que ha tenido la revolución bolivariana, el silencioso capitán de navío Ramón Emilio Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior y exgobernador del estado Guárico.

En la fotografía aparecen sentados alrededor de una mesa, que preside Rodríguez Chacín y junto a él su esposa Carola, los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN): Nicolás Rodríguez Bautista alias Gabino, quien hasta hace unos días fue el máximo jefe e integrante del Comando Central del ELN (COCE-ELN); Eliécer Herlinto Chamorro Acosta alias Antonio García, quien ahora es el máximo jefe de la organización guerrillera; e Israel Ramírez Pineda alias Pablo Beltrán, miembro del Comando Central del ELN.

La detención de Javier Tarazona, de su hermano Rafael Tarazona y del jefe de Fundaredes en el estado Falcón, abogado Omar De Dios García, es una respuesta feroz contra la organización por develar una prueba determinante no solo de la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, pero además se convierte en un acto ejemplarizante contra quienes se atrevan a señalar la presencia de los grupos guerrilleros en territorio venezolano, lo que no solo es una realidad sino que cada día representa el peligro de la fragmentación del territorio venezolano a manos de irregulares, el acceso al poderoso armamento militar y una amenaza para el continente.

La Fiscalía

La solicitud que hizo Tarazona ante el Ministerio Público no puede ser ignorada, aunque se pretenda burlar con su detención, precisamente cuando se encontraba en la sede de la Fiscalía Superior en Coro, capital del estado Falcón, donde fue a denunciar que él y su equipo de activistas estaban siendo hostigado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Aunque varios abogados se han autonombrado como los defensores legales de Tarazona, su hermano y García, los abogados de FundaRedes son Luis Useche, gerente jurídico y Clara Ramírez, gerente de derechos humanos y documentación, quienes se encontraban acompañando al grupo de activistas en Falcón.

Es importante destacar que Tarazona Sánchez, cuando se presentó ante el Ministerio Público a solicitar la investigación de personeros de la revolución con la guerrilla colombiana de FARC y ELN, también lo hizo contra el alcalde del municipio Páez del estado Apure, José María Romero alias Chema, a quien señaló como integrante de la organización armada venezolana Fuerzas Bolivarianas de Liberación Nacional que ahora se hacen llamar Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FBL/FPLN).

Además de pedir determinar la relación de Ramón Rodríguez Chacín y su esposa Carola de Rodríguez, con los cabecillas del COCE-ELN, solicitó que se investigue la participación de los esposos Rodríguez Chacín en las casas de resguardo de la guerrilla: quinta El Vendaval y Hato Guayabal, en el estado Barinas.

Agregó “le pedimos al Ministerio Público que se informe cual es la relación que existe entre la Agropecuaria Don Pío, registro agropecuario que está a nombre de Ramón Rodríguez Chacín, y las operaciones de los grupos armados irregulares en territorio nacional”. También la relación entre la empresa Blindaje Seguridad y Protección C.A. y miles de armas que se han denunciado ante el Ministerio Público como desaparecidas.

Por otra parte, “hoy estamos denunciando la participación de José María Romero alias Chema del municipio Páez del estado Apure, en la operación de la Segunda Marquetalia, y de la actuación de las FARC y del ELN en Venezuela, ya que este hombre es cabecilla de las FBL, organización guerrillera venezolana que opera ampliamente en Apure y otras regiones a través de la Corriente Bolívar y Zamora”.

Aseveró que es necesario investigar “por qué razón la alcaldía del municipio Páez en el estado Apure es utilizada como epicentro de operaciones con cabecillas del ELN y de las FARC”.

Y finalizó diciendo que “frente a la retirada de alias Gabino de la comandancia del ELN hace una semana, se debe indagar si este cambio va a limitar la operación de pistas clandestinas, laboratorios y presencia en 21 entidades del país de los grupos guerrilleros o por el contrario representa una profundización de las actividades ilícitas”.

Discreto y peligroso

Así describe a Rodríguez Chacín un hombre que también fue parte del Gobierno de Hugo Chávez y que habló con Infobae. “El presidente Chávez decía que Ramón era como ‘un perro leal’ y así se comportó con él. Es profundamente desconfiado, no vacila si se siente en peligro y eso lo hace muy peligroso. Así también te digo que se restea con los amigos, eso se lo ha facilitado que no tiene compromiso ideológico, ayer era el más feroz antiguerrillero y hoy es amigo de la guerrilla. No sé si eso explica cómo es él. Se ve a sí mismo como un rambo. ¿Su debilidad? Aunque sé que te parecerá raro, pero su debilidad no son sus hijos, es su esposa Carola Martínez de Rodríguez”.

Antes del intento de golpe de Estado de Hugo Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez, Rodríguez Chacín fue integrante del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) una unidad militar antiguerrilla, que tuvo varios éxitos, pero también fue denunciada por masacres como El Amparo y Los Amparitos.

Él siempre tuvo atracción principal por la Inteligencia policial, no es casual que hiciera estudios en Seguridad y Defensa Nacional, incluso haya obtenido un doctorado en Ciencias Políticas, según la página Poderopedia. Hizo sus propias redes de inteligencia que reforzó cuando Chávez lo designo como Ministro del Interior, en enero del año 2002. Sin explicaciones salió del cargo, pero se mantuvo como un recurso que el entonces presidente de la República usaba para trabajos policiales delicados que requerían discreción, como la negociación con las FARC en la Operación Emmanuel que llevó a la liberación del hijo que Clara Leticia Rojas González tuvo en cautiverio cuando estaba secuestrada junto con la excandidata presidencial de Colombia Ingrid Betancourt; el secuestro duró ocho años.

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