No se hizo esperar la reacción de José y Elvira, padres del joven universitario Juan Pablo Pernalete Llovera, al conocerse el informe que ayer presentó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Le reclamaron que con lo dicho en su informe más reciente sobre el caso de su hijo asesinado, “beneficia y lava la cara del Ministerio Público y del gobierno”.
En su cuenta de Twitter, escribió Elvira Pernalete, quien se identifica como “madre de Juan Pablo Pernalete, mi gran orgullo y bendición. Mi amado hijo fue asesinado por querer un mejor país, por pensar diferente”.
Expresa ante la opinión pública: “Nosotros, los padres de Juan Pablo Pernalete, queremos expresar que nos sentimos profundamente consternados al leer la actualización del informe de la ACNUDH en relación al caso de nuestro hijo, asesinado por funcionarios de la GN el 26 de abril 2017”.
“Ante la publicación del informe este 01 de julio, queremos aclarar algunos aspectos del caso: No es cierto que existan 12 militares de la GN acusados. Hasta la fecha, solo están imputados y además, en libertad”.
Agrega que “l4 de junio 2021 entregamos documento al Ministerio Público solicitando información del caso sin obtener respuesta. Hemos manifestado nuestro rechazo a los delitos imputados ya que los mismos no reflejan la realidad ni la gravedad de lo ocurrido en 2017. De hecho, los imputados están en libertad”.
“Consideramos que esta nueva actualización del informe de la ACNUDH refleja una versión que beneficia y lava la cara del Ministerio Público y del gobierno ante la Alta Comisionada. Por último, consideramos que se envía un mensaje muy peligroso de impunidad”, finalizan diciendo José y Elvira, padres del universitario asesinado.
Lo que dice Bachelet
Ayer 01 de julio la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Verónica Michelle Bachelet Jeria, presentó un nuevo informe ante el 47 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, sobre la Situación de derechos humanos en Venezuela.
En el aparte D del punto II Justicia y Estado de Derecho, Bachelet se refiere al Acceso a la justicia y reparaciones adecuadas, destacando que “el ACNUDH reconoce las medidas adoptadas por el Ministerio Público para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Según el Ministerio Público, entre agosto de 2017 y abril de 2021, 716 agentes de seguridad y 40 civiles fueron acusados de graves violaciones de los derechos humanos, y 153 fueron condenados”.
Agrega que “el 1 de mayo de 2021, se anunció que 12 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana habían sido acusados por el homicidio de Juan Pablo Pernalete, quien habría resultado muerto por el impacto de una bombona de gas lacrimógeno durante una protesta en 2017”.
“El ACNUDH destaca la necesidad de reforzar la acción judicial para asegurar la rendición de cuentas en los casos de violaciones graves de derechos humanos. De todos los casos de muertes ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas documentados por el ACNUDH, hasta ahora solo uno ha dado lugar a una sentencia. En ese caso, los presuntos autores fueron absueltos”, suscribe Bachelet.
El asesinato
Desde que a Juan Pablo Pernalete Llovera, un estudiante universitario, lo asesinaran militares el 26 de abril 2017, cuando solo tenía 20 años, el régimen venezolano trató de encubrir el caso. El joven participaba en una protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro cuando el lanzamiento de una bomba lacrimógena impactó contra su cuerpo. Los medios de propaganda del Gobierno y altos funcionarios como el Ministro Ernesto Villegas Poljak intentaron desviar la atención tratando de hacer ver que el objeto causante fue una pistola de perno cautiva. Sus padres nunca se han rendido, siguen denunciando y se han acercado a conseguir justicia para su hijo asesinado.
Villegas reconoció, hace semanas, después de la conferencia de prensa de Tarek William Saab, que publicó la versión de Últimas Noticias: “En el caso de Juan Pablo Pernalete ventilé públicamente una hipótesis que no es de mi autoría: previamente había sido publicada por el diario Últimas Noticias citando fuentes del Poder Judicial y del Ministerio Público y que, como todas las sometidas a investigación criminalística, no debía ser excluida de la cobertura noticiosa de aquellos acontecimientos en desarrollo, como estaba ocurriendo para el momento en que me reuní junto a la entonces canciller Delcy Rodríguez con un grupo de corresponsales extranjeros para abordar el tratamiento mediático a la violencia política en Venezuela, en fecha 29/04/2017”, dijo Villegas.
Hace cuatro años, el doloroso hecho que conmovió al país y más allá de las fronteras porque, aunque fueron muchos los asesinados en las protestas de los años 2014 y 2017, al caso de Pernalete Llovera se le sumó la campaña y estrategia para encubrir a los funcionarios militares responsables.
El 01 de mayo del año en curso el Fiscal General nombrado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, corroboró lo que el régimen venezolano y sus medios de propaganda tanto buscaron ocultar, que el joven universitario murió por el impacto de una bomba lacrimógena. “Se logró la imputación de 12 funcionarios por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”, dijo el titular del Ministerio Público.
Lo expresado por Saab fue un gran logro, porque por primera vez estaba reconociendo públicamente cuál fue la causa de la muerte de Juan Pablo Pernalete. Es importante recordar que menos de un mes después del crimen, la fiscal general Luisa Ortega Díaz dijo, en una rueda de prensa que le marcó un hito decisivo de rompimiento con el Gobierno Nacional, que el joven había muerto producto de una lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana.
El hoy presidente de la Asamblea Nacional, ex ministro y ex vicepresidente, Jorge Jesús Rodríguez Gómez, reaccionó en ese momento a lo manifestado por la entonces Fiscal General y publicó: “Luisa Ortega Díaz TRAIDORA, ¿cuántos dólares costó tu conciencia? A Pernalete lo asesinó la misma derecha, no sea inmoral señora ‘Fiscal’”.
El caso Apure
Por otra parte, es importante destacar la mención que hace el informe de Bachelet a los sucesos ocurridos en el municipio Páez del estado Apure de marzo a mayo 2021 porque, aunque se refiere a “presuntas”, menciona a la guerrilla colombiana de las FARC. “Los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presuntas facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo se intensificaron en el estado Apure a partir del 21 de marzo. Enfrentamientos mortales continuaban en el momento de redactarse el presente informe”.
Agrega: “Grupos armados no estatales habrían utilizado minas terrestres. El 25 de marzo, 5 personas, 4 de ellas de una misma familia, fueron presuntamente detenidas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en la localidad de La Victoria (municipio Páez del estado Apure), y halladas muertas horas después. Fuentes afirmaron que los fallecidos no estaban vinculados a los grupos armados y que la escena del crimen había sido manipulada. El Fiscal General designó una comisión especial para investigar las violaciones de los derechos humanos en el estado de Apure”.
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