Estados Unidos denunció este jueves que la dictadura venezolana apoya a grupos armados para estatales y tolera la trata de personas para la explotación sexual, por lo que mantuvo al país caribeño en su “lista negra” de naciones que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas.
“Este crimen es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad humana”, recalcó Antony Blinken, secretario de Estado, al presentar el reporte anual. Aseveró, además, que el tráfico de personas tiene “un peso desproporcionado” sobre quienes “son objeto de opresión por otras injusticias” en países en desarrollo y advirtió de que la pandemia ha “agudizado” los problemas entre los más vulnerables.
“El Gobierno de Venezuela no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo, incluso teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19”, señaló el Departamento de Estado norteamericano, en su informe anual sobre la trata de personas.
“A pesar de la falta de esfuerzos significativos, en 2020, según informes de prensa, las autoridades venezolanas bajo el ilegítimo Maduro emitieron órdenes de arresto para siete funcionarios cómplices en un caso notable que involucra a posibles víctimas de la trata que perecieron en el mar. Sin embargo, las autoridades no informaron de la asistencia a ninguna víctima ni del procesamiento o condena de ningún traficante”, agrega el reporte.
Asimismo, el Departamento de Estado sostuvo que el régimen chavista proporcionó apoyo a grupos armados no estatales, “incluidos grupos armados ilegales colombianos que reclutaron y utilizaron a niños y niñas soldados para el conflicto armado y se dedicaron a la trata de personas con fines sexuales y al trabajo forzoso mientras operaban en territorio venezolano con impunidad”. “Las autoridades venezolanas no hicieron suficientes esfuerzos para frenar el reclutamiento forzoso de niños venezolanos por parte de grupos armados no estatales”, agregó el informe.
Las autoridades norteamericanas instaron al chavismo a “investigar, procesar y condenar a los presuntos traficantes, incluidos los funcionarios cómplices y cualquier persona implicada en el reclutamiento forzoso de niños y niñas por parte de grupos armados ilegales”.
Una organización de la sociedad civil alegó que el reclutamiento forzoso de niños por parte de grupos armados no estatales, incluidos el ELN y las disidencias de las FARC, es generalizado en Venezuela, y cuenta con el aval de la dictadura de Maduro. Incluso, funcionarios de alto nivel vinculados a Maduro “fueron cómplices de los delitos de tráfico” perpetrados por los insurgentes “y proporcionaron apoyo y un entorno permisivo”.
El gobierno interino de Juan Guaidó estimó que los grupos guerrilleros reclutaron al 75% de los niños que no podían asistir a la escuela en las regiones fronterizas.
En esa línea, el Departamento de Estado consideró fundamental proporcionar servicios especializados a todas las víctimas de la trata, “incluidas las víctimas repatriadas, los niños soldados, los hombres, los niños y las personas de la comunidad LGBTQI+”.
Además, promulgar una ley contra el tráfico de personas que tipifique como delito todas las formas de trata. Al respecto, el informe recuerda que la legislación venezolana no penaliza todas las formas de trata: “La legislación venezolana tipificaba como delito la trata de personas con fines laborales y algunas formas de trata de mujeres y niñas con fines sexuales mediante una ley de 2007 sobre los derechos de las mujeres que establecía penas de 15 a 20 años de prisión. En contra del derecho internacional, la ley exigía una demostración de fuerza, fraude o coacción para constituir la trata sexual de niños y niñas y, por tanto, no penalizaba todas las formas de trata”.
Estados Unidos también criticó que la ley venezolana no penalizaba la trata de hombres y niños “cuando los autores no formaban parte de una organización criminal organizada”.
Las autoridades norteamericanas recomendaron a Venezuela “informar proactivamente” a los venezolanos que huyen del país sobre los riesgos de la trata de personas: “Capacitar a todos los funcionarios de migración y de las fuerzas de seguridad que operan en los cruces fronterizos para que identifiquen y respondan adecuadamente a los indicadores de trata de personas”.
El gobierno de Joe Biden también advirtió sobre la gran preocupación “por los indicadores de trabajo forzado en las misiones médicas cubanas”. Al respecto, pidió “examinar a los profesionales médicos cubanos para detectar indicadores de trata y remitir a los identificados a los servicios adecuados”.
“Años de corrupción, incompetencia y abusos debilitaron la capacidad del régimen de Maduro para gobernar y vaciaron las instituciones legítimas, fomentando un entorno permisivo para que los grupos armados no estatales operen con impunidad”, subraya el informe del Departamento de Estado.
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