Cómo el régimen de Maduro armó el informe que presentará ante la ONU sobre los detenidos en la Dirección de Contrainteligencia

La próxima semana la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Verónica Michelle Bachelet Jeria, va a rendir un informe sobre el caso Venezuela, en el cual debería explicar la violación del mandato del Consejo de Derechos Humanos y la carta de entendimiento que firmó con el canciller Jorge Arreaza. Está obligada a decir si el gobierno de Nicolás Maduro cumplió o no con el mandato.

Hay expectativas en que Bachelet refleje en su informe lo que ha venido sucediendo al interior de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en la cárcel de Fuerte Tiuna, en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde y otras instalaciones donde están recluidos militares. En la DGCIM les habían mejorado las condiciones a los detenidos y los grabaron casi las 24 horas, pero eso solo fue mientras armaban el informe que llevarán a la ONU para responder al de la Misión de Determinación de los Hechos.

Las visitas de José María Aranaz, jefe de la división de la oficina de Bachelet para las Américas, les sirvieron a los funcionarios de la DGCIM para colocarle nombres irónicos a los diferentes sótanos, pintar las paredes de las instalaciones donde se ha torturado física y psicológicamente a gran cantidad de detenidos. En la DGCIM, desde la llegada del coronel (GNB) Asdrúbal José Brito Hernández, como Director de Investigaciones, en sustitución del General (Ej) Carlos Enrique Terán Hurtado, se sigue torturando sobre todo en la especialidad del nuevo jefe.

Volvieron las condiciones negativas que habían cambiado un poco. Estando Terán Hurtado permitió las llamadas telefónicas con cierta regularidad, incluso por video llamadas en los cumpleaños de los hijos o padres de los presos, además del intercambio de cartas que, aunque supervisadas, permitían un mínimo de comunicación, las salidas al sol con cierta frecuencia, el ingreso de alimentos y medicinas, incluso San Nicolás repartiendo regalos a los niños en Navidad. Todo eso solo duró unos meses, durante los cuales se grababan las llamadas, las misas, las salidas al patio, las visitas y sonrisas con los familiares.

El perverso plan

Parecía que el plan de la DGCIM fue tener grabaciones para desacreditar el crudo informe de la Comisión de Determinación de los Hechos. Después que ya tenían suficientes grabaciones, regresaron a las condiciones tradicionales: visitas solo una o dos veces al mes, robo de los alimentos y medicinas, la comida es escasa, niegan las salidas regulares al sol; se redujo al mínimo la comunicación: cero llamadas, cero video llamada y cero envíos de cartas.

Alirio Ochoa, padre de uno de los escoltas de la ministra del Interior, Carmen Meléndez, estaba mal hasta que enfermó gravemente y cuando por fin fue trasladado, murió en el hospital, porque Brito Hernández se negó a que recibiera atención médica a tiempo.

En esos sótanos aún permanece, entre otros, el teniente coronel (Ej) Igber Marín Chaparro, quien desde marzo del 2018 ha sido mantenido en los inmundos sótanos y desde que se construyó la Casa de los Sueños fue recluido ahí. La DGCIM no cumple la orden del Tribunal sobre el sitio de reclusión al cual debió ser enviado el oficial, primero de su promoción y el de más alto nivel académico.

Quienes vieron a Marín Chaparro en la reciente audiencia de apelación, aseguran que está muy desmejorado físicamente con un color verdoso en la piel. Ha sido uno de los militares que peor trato ha recibido desde que fue detenido en marzo 2018.

Los generales que permanecen aún en la DGCIM: Alejandro Pérez Gámez, Héctor Hernández Da Costa, Morales Guitian, Pedro Naranjo y está, aunque apartado, con trato preferencial el general de división César Mejías Camacaro, comandante de la Base Aérea Teófilo Méndez, en Puerto Ordaz, a quien responsabilizan por la desaparición de Carlos Lanz.

Entre los pocos civiles que quedaron en los sótanos están los esposos María Delgado y Juan Marrufo. También Reyes Gabriel Hernández, conocido como “el Gordo”, a quien ahí llaman El Finquero, quien regresó a la DGCIM después que pagó una fuerte para que lo dejaran en libertad.

Otro de los detenidos ahí es el capitán Néstor Blanco Hurtado, uno de los funcionarios que se había dedicado a torturar hasta que lo detuvieron cuando participó en un arreglo con uno de los detenidos.

Trasladados de la Dgcim

De la Dgcim Boleíta sacaron a más de un centenar de presos hacia otras cárceles. Quedaron dos estadounidenses y 10 militares, entre ellos, además de Marín Chaparro, el general de brigada (GNB) Héctor Armando Hernández da Costa; el teniente coronel Ovidio Andrés Carrasco Mosqueda, quien se desempeñaba como Jefe de la dirección de comunicaciones de la Guardia de Honor presidencial; el ex juez militar coronel (GNB) Ramón Alí Peñalver Vásquez; el coronel retirado Oswaldo García Palomo.

En la Venezuela de Antier hay casos como los del ex ministro de Justicia, el Mayor general (Ej) Miguel Eduardo Rodríguez Torres, uno de los hombres que acompañó a Hugo Chávez en el intento de Golpe el 4F, cuya salud se ha deteriorado de manera avanzada, a quien mantuvieron en los sótanos de la DGCIM y después en la cárcel de Ramo Verde. Al Alto Oficial lo detuvieron con la excusa de varios delitos, pero no le hacen juicio. Recientemente, el 15 de junio, falleció en el Táchira su padre, el alcalde del Alto Apure Jorge Rodríguez Galvis, y días después, el 27 de junio, su hermano Jorge Luis Rodríguez Torres.

También está en Fuerte Tiuna el capitán de navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga y el coronel Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos; además están tres civiles, entre ellos el ingeniero Pedro José León Rodríguez, director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco; y Gustavo Malavé, director de Exploración y Producción Occidente.

Los imputados por tortura

Solo hubo dos únicos funcionarios de la DGCIM imputados por el asesinato de un capitán de corbeta, que murió, en junio 2019, después de haber llegado brutalmente torturado al tribunal militar a cargo del juez Amezquita Pión. Ellos son el teniente (GNB) Ascanio Antonio Tarasio Mejías y el sargento segundo (GNB) Steven José Zárate Soto, a quienes les imputaron, el 22 de octubre 2020, los delitos de “homicidio calificado con alevosía y tortura”; la Audiencia Preliminar, por esos dos nuevos delitos, fue hace un mes.

A los dos militares los mantuvieron “detenidos” en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas, donde gozaban de muchos privilegios. Vestían ropa de marca, mientras al resto de los presos los obligaban a usar uniformes. Entraban y salían de la Dgcim cuando querían, sin ningún tipo de restricción.

En abril del 2021 los pasaron a la una cárcel de alta seguridad que inicialmente se acondicionó con la idea de encarcelar en ella a Juan Gerardo Guaidó Márquez después de ser designado como presidente interino. La estructura es parte de las tradicionales instalaciones de Policía Militar; parte de la antigua casa fue remodelada y convertida en cárcel de máxima seguridad, a la que llaman Venezuela de Antier y está bajo el mando de la Dgcim.

Por cierto, Alonso Medina Roa, abogado del capitán asesinado, quien no se encontraba en el Tribunal el día que a él lo llevaron en silla de ruedas y torturado, ahora está en campaña para las elecciones regionales por algo llamado Coalición de Derechos Humanos.

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