Un joven rapero venezolano lleva cinco años preso y sin juicio desde que Diosdado Cabello lo acusó de asesino en su programa: “La fiscal que lo imputó se fue del país”

Steven Ricardo García Sanz es músico rapero, usa nombre artístico Mc Rockola, y se declara “preso político olvidado”. Pertenece a una familia humilde y trabajaba como vigilante: desde Caracas llegó a Mérida, una ciudad universitaria en los andes venezolanos. Su vida tuvo un violento giro desde la noche del 8 de marzo cuando en medio de las protestas llamadas Guarimbas, que sacudieron al país en el 2014, fue asesinada la docente chilena Gisella Rubilar, madre de cuatro hijos. Desde enero de 2016 el joven rapero está preso, sin juicio, en el Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA) ubicado en San Juan de Lagunillas.

El 26 de enero de 2016, Diosdado Cabello, en su programa Con El Mazo, llamó varias veces “asesino, asesino” a García Sanz; ese día detuvieron al joven que entonces tenía 24 años. “Con la captura de García Sanz es bueno que los conspiradores, la ultraderecha, Ramos Allup, Macri, Pastrana terminen de convencerse que en Venezuela no hay impunidad y todos aquellos responsables de los 43 muertos por las guarimbas del año 2014, los buscaremos debajo de las piedras para que sean debidamente juzgados conforme a la Constitución y las leyes venezolanas”, aseguró Cabello.

Edith Mercedes Sanz de García, funcionaria policial jubilada, y madre de Steven reaccionó indignada. “Hablan de veracidad y transparencia, sin antes hacer las averiguaciones pertinentes, sin tener pruebas contundentes para que lo califiquen de la manera como lo están haciendo, mientras que el verdadero asesino anda suelto”, dice agregando que su hijo es “un preso político más, pero sin dinero”.

Tiempo después la señora Sanz de García contó que “la misma Fiscal que me lo imputa, Teresa Rivero, dice, antes de irse del país, que ella no quiere continuar en el juicio, que no estaba de acuerdo, porque Steven es inocente. ¡Ah! La misma fiscal lo dice. Y ya Steven tiene 3 años privado de su libertad”.

Importante es destacar que el 14 de marzo de 2014, en una transmisión en vivo, Nicolás Maduro le dice al hijo de Rubilar: “A tu madre la mata un grupo de enmascarados en motos de alta cilindrada”. Pero el joven lo contradice: “Parece que no fue gente en moto, hay que investigar más a fondo, parece que los de las motos no tuvieron nada que ver”, responde ante el gesto de asombro de quien apenas tenía un año de haber ganado las elecciones a la presidencia de la República. “Información oficial de la Cicpc”, agrega Maduro.

Es un hecho revelador de lo que en Mérida se comentaba sobre el día en que ocurrió la protesta donde muere Rubilar. A la protesta contra Maduro llegó una fuerza de choque del chavismo, que lo hizo en motos y tratando de neutralizar a quienes desde hace días habían salido a las calles, colocando barricadas y protestando.

Y como en muchos otros casos, esta vez los cuerpos de Inteligencia buscaron a un culpable. Es así como García Sanz es responsabilizado del asesinato de la chilena. Tiene siete años preso, sin cumplimiento al debido proceso. “Esta semana solicitaremos que nuevamente se inicie su juicio, porque solo fue imputado y enjuiciado en un programa de televisión”, le dice a Infobae la abogada Gitsy Sarita Montiel.

Ese 8 de marzo

Era de noche y en la fría y hermosa ciudad de Mérida, ese sábado 8 de marzo de 2014, llegaron por la avenida Los Próceres un grupo de los llamados “colectivos”, más bien bandas políticas armadas, que intentaron ingresar a la avenida Ezio Valeri hacia las residencias El Rodeo, pero consiguieron fuerte oposición por parte de las personas que habían montado barricadas para evitar el ingreso de los cuerpos policiales y “colectivos”.

En esa época, dirigentes del Polo Patriótico, que aglutina a los partidos de la revolución bolivariana, usaron a bandas de choque para que se enfrentaran a los grupos de resistencia. Ese día los “colectivos” fueron más intensos en su objetivo de disolver la acción de los manifestantes que se encontraban en la avenida Ezio Valeri, presionando para que salieran hasta la avenida Los Próceres con entrada al sector Pie del Tiro.

Más allá, otro grupo se escondía con armas de fuego en un terreno contiguo al semáforo; una persona en defensa del Gobierno, y con un megáfono en mano, profería insultos contra quienes se encontraban en el interior de las residencias El Rodeo.

Gisella Rubilar Figueroa, al escuchar los improperios de la muchacha que usaba el megáfono, se fue hasta el lugar para reclamar que esas acciones solo generaban más odio y enfrentamientos. No está claro en qué momento ocurrió el hecho, si cuando ella conversaba con el grupo de la persona del megáfono, o cuando trataba de quitar una de las barricadas. En el terreno había integrantes de fuerzas de choque. Se inicia un tiroteo y una de las balas le da a Gisella Rubilar Figueroa en la cabeza; fue auxiliada, pero murió después en el Hospital Universitario de Los Andes.

Extraño

La noche de lo ocurrido, y por medidas de seguridad, el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no realizó las experticias técnicas en el sitio. Al día siguiente en la mañana, cuando los criminalistas policiales llegan al lugar donde ocurrió el hecho, con intenciones de realizar las experticias respectivas, descubren asombrados que el comandante del Cuerpo de Bomberos de Mérida, por órdenes de Ramón Alexis Ramírez Márquez entonces gobernador del estado, había mandado a lavar el sitio del suceso y quitado los escombros, lo que aunado a que esa noche llovió en la ciudad, eliminaron importantes pruebas de lo ocurrido.

El asesinato de Gisella Rubilar, ocurrido a unas 10 horas de Caracas, se convierte en un caso relevante, por tratarse de una ciudadana de nacionalidad chilena, más aún cuando en ese momento la presidente de Chile era Verónica Michelle Bachelet Jeria, que tenía excelente relación con Nicolás Maduro y la revolución bolivariana.

Es así como es designado un Fiscal Nacional llamado Orlando Padrón, primo de Katherine Nayartih Harrigton Padrón, quien fuera vicefiscal general y pieza clave en casos de interés para la revolución bolivariana. Hubo muchas denuncias de cómo Padrón, al llegar a la ciudad de Mérida, comienza a distorsionar la investigación. “Ese fiscal presionó a la testigo, que estaba con Gisella Rubilar al momento de lo ocurrido, para que cambiara su versión e indicara que la chilena estaba en otra posición, lo que contradecía la balística realizada por el Cicpc”, narró a Infobae una fuente que conoce del caso y pidió reserva.

“En la investigación Padrón surge un acta ‘mágica’ en la que consta que alguien escuchó cuando uno de los líderes de las protestas de residencias El Rodeo, comentó que quien mató a Gisella Rubilar Figueroa era Steven García; no hubo ninguna prueba, más allá de ese rumor”.

Basándose en esa “acta mágica”, como la bautizaron en Cicpc, el Fiscal Nacional Padrón solicitó la orden de captura de Steven García y posteriormente, junto con la ya fallecida Fiscal Miriam Briceño, lo acusó por el homicidio de Gisella Rubilar Figueroa.

Desde entonces Steven está preso. Sus abogados dicen que ha sido sometido a un proceso judicial plagado de irregularidades y vicios. “Hasta el momento no se ha realizado su juicio para demostrar su inocencia, debido a los constantes diferimientos e interrupciones de juicio por parte de la Fiscalía y el Tribunal”, revela su abogada Gitsy Sarita Montiel.

El Observatorio de la ULA, por su parte, ha revelado que “Fiscales del Ministerio Público que en 2017 fueron despedidos por manifestar su apoyo a la entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, han dado fe de la fabricación de pruebas falsas en contra de García para sustentar su imputación por homicidio”.

Como ya es frecuente en Venezuela con los casos de interés político, también en este el joven rapero estaría recibiendo presiones para que admita los hechos.

Si bien es cierto que el homicidio de Gisella Rubilar debe ser esclarecido y su asesino pagar por el crimen, también lo es que no aparecen pruebas que demuestren que el responsable es Steven Ricardo García Sanz, y él tiene derecho a un juicio justo, a que se respete el debido proceso.

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