La oposición venezolana apuesta a que el nuevo fiscal de la CPI acelere la causa contra Maduro

Karim Khan sucedió a Fatou Bensouda, que había abierto una investigación por violaciones a los derechos humanos, pero dejó el cargo sin presentar una acusación formal

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Karim Khan, flamante fiscal ante
Karim Khan, flamante fiscal ante la CPI (Foto: Reuters)

El opositor venezolano Julio Borges, un estrecho colaborador del presidente encargado Juan Guaidó, indicó este miércoles que espera que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, “acelere” el proceso y comience una investigación formal por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en su país.

”La fiscal de la CPI Fatou Bensouda termina su gestión sin informar los resultados del examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela y propiciados por la dictadura de (Nicolás) Maduro”, expresó en Twitter el representante de Guaidó en el exterior.

Borges dijo que Bensouda confirmó que existen elementos suficientes para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. ”Por eso esperamos que el nuevo fiscal Karim Khan —que comenzó su período hoy— acelere el proceso y dé inicio a una investigación formal por los delitos de Maduro. Hoy las víctimas del Estado criminal que lidera Maduro exigen justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición”, agregó.

Julio Borges, representante de Juan
Julio Borges, representante de Juan Guaidó en el exterior (Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo)

Bensouda, quien dejó el cargo de fiscal jefa de la CPI tras nueve años de servicio, aseguró el 8 de junio en una entrevista con la agencia EFE, que esperaba anunciar si abría o no una investigación en Venezuela tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del país caribeño, algo que confió sucedería “en cuestión de días”.

”El asunto está ahora a la espera de los jueces y no hay mucho más que pueda decir, al menos en esta etapa”, dijo Bensouda. Sin embargo, no hubo pronunciamiento al respecto.

La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en las cárceles, en las que abundan las denuncias de torturas a opositores. Bensouda había adelantado en noviembre del año pasado que existían “fundamentos razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el último informe hecho público, mencionó posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos, cuyas víctimas habrían sido miembros de la oposición.

La ex fiscal jefa de
La ex fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda (Foto: EFE/EPA/EVA PLEVIER / Archivo)

Nueva presentación de la fiscalía chavista

Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, informó este lunes que entregó a la CPI un cuarto informe que actualiza casos de “sanción ejemplar a violaciones de derechos humanos, a propósito del examen preliminar del que el país caribeño es objeto. El fiscal dijo, además, que “continúa suministrando información sin saber cuáles son los parámetros de actuación de dicho ente en este caso, cuestión que ha sido reclamada de forma reiterada”.

Las autoridades venezolanas ya habían entregado el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI, en la que se quejaron de trato “discriminatorio” y “desigual” respecto al que reciben otros países que también se encuentran bajo examen preliminar, según Saab.

El fiscal general Tarek William
El fiscal general Tarek William Saab (Foto: EFE/ Raúl Martínez/Archivo)

Ante la protesta, Bensouda negó que ignorase la reclamación y presentó una respuesta incluyendo ejemplos y estadísticas de su “compromiso” con Venezuela desde que comenzó el examen.

“Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta”, aseveró la entonces fiscal jefa del tribunal de La Haya. Aunque la nación sudamericana anunció públicamente la solicitud de control judicial, la entrega de la documentación se ha tramitado de forma confidencial, por lo que se desconoce en qué fecha se pronunciarán los jueces y el plazo que necesitan para el análisis correspondiente.

(Con información de EFE)

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