Nicolás Maduro está cada vez más cerca de convertirse en el primer presidente latinoamericano en ser investigado formalmente por la Corte Penal Internacional, ante el inminente anuncio de la fiscal Fatou Bensouda sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidas en Venezuela.
El viernes, la fiscal ratificó que el caso de Venezuela cumple “con la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar”, dijo que su tarea ha avanzado “significativamente” y expresó que esperaba poder hacer público sus hallazgos próximamente, en entrevista con France24.
Además de sus declaraciones, la expectativa aumenta porque el 15 de junio finaliza el mandato de la fiscal, quien cederá la posta al británico Karim Khan. Se espera que sea la abogada de Gambia quien se pronuncie sobre el caso, lo que podría suceder el próximo 9 de junio.
“La declaración de Fatou Bensouda y las pruebas que consigné en la Corte Penal Internacional confirman que habrá justicia” (Luis Ortega Díaz, ex fiscal general de Venezuela)
“La declaración de Fatou Bensouda y las pruebas que consigné en la Corte Penal Internacional confirman que habrá justicia”, escribió en Twitter la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, exiliada tras denunciar al régimen chavista.
Cuando se pronuncie la fiscal, la fase de examen preliminar podría cambiar de instancia y convertirse en una apertura formal de investigación preliminar, dando pie a un juicio contra la cúpula chavista. Ello tendría un impacto directo en la presión internacional y fortalecería a la oposición de cara al diálogo para lograr elecciones libres y transparentes.
La fiscal ha dado seguimiento a la situación venezolana desde que llegó al cargo en 2014, pero se ha centrado en investigar la represión ocurrida desde abril de 2017.
En diciembre, determinó en su informe anual que en efecto “existen fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. “La Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, señala el documento.
La mayoría de criterios están cumplidos para realizar la presentación. No obstante, primero tendría que expedirse la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI sobre las alegaciones del régimen chavista, que acusan a la fiscal de no cooperar y negar el derecho a la defensa.
El chavismo ha realizado repetidos intentos para desprestigiar la investigación. La ONG Provea denunció la semana pasada que la dictadura chavista motoriza una “campaña de ataques” contra la Corte, con el fiscal general, Tarek William Saab, y la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodrígez, como dos de los promotores.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), ha cuestionado fuertemente la demora del proceso. El 2 de diciembre pasado, la Secretaría General publicó un informe titulado “Fomento de la impunidad: el impacto de la ausencia de una investigación de la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de lesa humanidad en Venezuela”.
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