“Para la situación de Venezuela siempre he indicado que ahora estamos en el proceso de examinar la situación y que se han cumplido la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar”, afirmó la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda en entrevista con France 24.
La fiscal aseguró haber “avanzado significativamente en la situación de Venezuela” y que espera poder hacer público sus hallazgos próximamente. Si bien no dio una fecha, explicó que una vez que “la Cámara (Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI) se expida” sobre las alegaciones del régimen de Maduro, que la acusan de no cooperar y de negarle su derecho a la defensa, estará en situación de “poder hacer público los hallazgos de sus investigaciones”.
En diciembre pasado, la fiscal Fatou Bensouda determinó en su informe anual que en efecto “existen fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“La Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, señala el documento.
En un comunicado, el órgano internacional enumeró las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro cuyos miembros son presuntamente responsables de los crímenes: “: la Policía Nacional Bolivariana; (”PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“SEBIN”), la Dirección General; de Contrainteligencia Militar (“DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”)”.
El informe también hace referencia a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como “colectivos”, e indica que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. “En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.
La persecución política también está incluída en el reporte de la fiscal, quien indicó que “la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represeión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
El informe de la Fiscalía pasó a la sala de cuestiones previas donde se decidirá si va a haber un juicio o cierra el caso.
Ahora, reveló Bensouda, espera “estar en una posición de hacer público todos los hallazgos sobre Venezuela” .
De todas formas, el próximo 15 de junio finaliza el mandato de Bensouda por lo que no se sabe si se pronunciara sobre el régimen de Maduro o si dejará que continúe la labor su sucesor, el británico, Karim Khan.
La ONG Provea denunció la semana pasada que la dictadura chavista motoriza una “campaña de ataques” contra la CPI, a pocos días de que el alto tribunal decida si abre una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad en el país. “El régimen venezolano intenta posicionar una matriz de opinión. ¿Prevención temprana de daños en caso de una decisión adversa?”, dijo la ONG en un comunicado.
Provea señala, entre los promotores de la “campaña”, al fiscal general, Tarek William Saab, quien afirmó a principios de mayo que la CPI “utiliza como fuente de información tuits generados por boots con aseveraciones falsas”.
La organización recuerda que la declaración de Saab contrasta con la realizada en diciembre de 2020, cuando, después de una visita a la sede del organismo en La Haya aseguró que “Venezuela siempre ha manifestado su reconocimiento y apoyo a la Corte Penal Internacional”.
También la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, descalificó el trabajo de la CPI, al declarar que el caso sobre Venezuela era una “gran farsa basada en falsedades y mentiras publicadas en redes sociales”.
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