Informe del Observatorio de Derechos Humanos sobre PDVSA: detenciones arbitrarias y presión para que admitan los cargos

Veintinueve detenidos, de los 89 en total, por casos relacionados a Petróleos de Venezuela, son los analizados en un primer informe del Observatorio Nacional de Derechos Humanos (ONDDHH). Son cuatro casos: PDVSA E y A–PETROZAMORA (17detenidos), los 6 de CITGO, uno por PDVSA La Campiña y 5 sindicalistas.

A la conclusión que llega el observatorio, que tiene entre sus integrantes a la defensora de los Derechos Humanos Theresly Malavé, es que los trabajadores petroleros detenidos no escapan de las violaciones a los derechos humanos.

En el estudio de los casos el ONDDHH verificó lo siguiente:

- Las fuerzas de seguridad, en particular los servicios de inteligencia detienen arbitrariamente a todo el que disienta del gobierno, que sea considerado una amenaza o por retaliaciones políticas.

- Las detenciones fueron injustas, inadecuadas, violatorias del debido proceso.

- Fueron víctimas de desapariciones forzadas breves.

- Algunos fueron llevados como testigos a la sede de la DGCIM y los dejaban detenidos.

- Les presentaron obstáculos para la designación y comunicación con abogados de confianza.

- Hubo retardo procesal injustificado en sus casos, y en otros casos persiste.

- Fueron torturados físicamente al inicio de la detención y todos psicológicamente.

- Hubo campañas televisivas del procedimiento, de difamación, por parte de organismos del Estado.

- Fueron destituidos de sus cargos sin el trámite administrativo correspondiente.

- Las investigaciones penales las realizaron organismos de inteligencia.

- Fueron interrogados por sus captores en el organismo policial.

- Los alegatos de defensa fueron desechados por los jueces sin argumentación jurídica.

- Los conminaron a admitir los hechos advirtiendo el posible fracaso del Juicio Oral y Público.

- En los casos de los detenidos que no admiten, se observa retardo procesal deliberado.

- A estas violaciones de derechos y garantías constitucionales debemos agregar la violación del derecho a la salud de los detenidos, exacerbada con la pandemia del COVID-19, al tratarse de personas que presentan deficiencias inmunológicas importantes al arrastrar un historial de desatención médica y alimentaria desde el inicio de su reclusión.

- La mayoría son detenidos en la población en la que residen, juzgados en la ciudad capital y recluidos en centros carcelarios distantes tanto de su lugar de residencia como del lugar de juzgamiento, esto incide directamente en la atención familiar, en la asistencia jurídica y en el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.

Caso PDVSA E y A Petrozamora

El Observatorio Nacional de Derechos Humanos destaca en este informe el caso de ocho ejecutivos de PDVSA E y A y 9 trabajadores entre gerentes y obreros quienes fueron señalados de quebrar la empresa. Fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) “y sometidos a un proceso absolutamente violatorio del debido proceso en el cual les imputaron, a todos por igual, los mismos delitos”.

Aún cuando desempeñaban cargos distintos y tenían responsabilidades distintas, los delitos fueron: “Traición a la patria, Terrorismo, Sabotaje la industria, Asociación para Delinquir, Divulgación de Información Confidencial, Instigación al Odio, Alteración del Orden Público y Agavillamiento”.

Los 17 trabajadores laboraban y pertenecían a la nómina de PDVSA E y A, por lo que no tenían participación alguna en la gestión interna de Petrozamora, que es una empresa mixta, creada entre la Corporación Venezolana de Petróleo S.A., filial de PDVSA, y la empresa rusa Gazprom Latín América Ventures BV.

En este primer caso el Observatorio determinó:

“Luego de 3 años y 4 meses, tras 25 diferimientos, se inició la Audiencia Preliminar. Hubo dificultad de acceder a las actas para que los abogados prepararan la defensa. La audiencia se celebró en un tribunal distinto al que conocía el caso, en el marco de la aplicación del inconstitucional Plan Cayapa”.

Además, “los detenidos fueron advertidos por la juez que la pena a imponer podría ser muy alta, aunado al retardo procesal vivido, y el sufrimiento de la familia: 12 de los acusados decidieron admitir los hechos”.

Agrega el Observatorio que “existe retardo procesal importante en el caso de los que no admitieron los hechos, para distribuir la causa a un Tribunal de juicio. Todos los trabajadores fueron destituidos de sus cargos a los dos meses de estar detenidos”.

“Durante la fase de investigación, el caso fue expuesto en los medios de comunicación, sometiendo a los detenidos al escarnio público, marcando así el rumbo de las decisiones judiciales”.

Por otra parte, “fueron víctimas de desaparición forzada breve. Durante el primer año de encarcelamiento, solo vieron el sol dos veces. Tuvieron pérdida de peso y debilidad debido a la falta de comida. Desorientados por estar en un sótano con luces encendidas permanentemente. Estuvieron recluidos en celdas hacinadas durante los primeros meses de detención”.

Caso Citgo

Ha sido uno de los más sonados en el caso de la industria petrolera venezolana. Los seis trabajadores de la empresa Citgo, que vivían en los Estados Unidos, fueron citados, el 21 de noviembre de 2017, a una reunión de trabajo en Caracas. “Al arribar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía fueron detenidos por funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar(DGCIM)”, destaca el ONDDHH en su informe.

La razón de la detención es que fueron señalados de haber firmado un acuerdo para refinanciar la deuda de CITGO, en condiciones contrarias a los intereses de Venezuela. Los imputaron por los delitos: peculado doloso propio, concierto con contratistas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

El Observatorio Nacional de Derechos Humanos destaca que la detención estuvo carente de garantías procesales. “Les obstaculizaron la designación y comunicación con abogados de confianza. Las investigaciones penales las realizaron organismos de inteligencia”.

Así mismo, “todos los recursos ejercidos por la defensa fueron declarados sin lugar. Los alegatos y solicitudes planteadas al tribunal de la causa fueron desechados sin argumentación jurídica valida. Durante 6 meses permanecieron en los sótanos de la DGCIM”. Y finalmente les cambiaron el sitio de reclusión enviándolos a sus domicilios.

“El juicio oral y público se celebró luego de casi tres años. Fueron condenados a cumplir la pena de 8 años para: José Luis Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas, Alirio Zambrano y Tomeu Vadell. A José Ángel Pereira le impusieron 13 años de prisión más una multa de dos millones de dólares”.

PDVSA La Campiña

A Luis Giovanny Cárdenas lo detiene, el 23 de agosto de 2019, una comisión de la DGCIM, cuando se encontraba en su sitio de trabajo en el edificio principal de PDVSA en La Campiña, Caracas. “Fue trasladado a la sede de la DGCIM en Boleíta. No le dijeron el motivo de la detención. Simultáneamente, su residencia fue allanada sin orden judicial y sin testigos, llevándose pertenencias que no constituían evidencias”.

Destaca el observatorio que el Ministerio Público fundamentó la acusación en una grabación presentada como denuncia por dos personas desconocidas, diciendo que Luis Giovanny Cárdenas “manejaba un discurso de odio hacia la gestión gubernamental”. Por eso le imputaron: Promoción al Odio Agravado. “La supuesta grabación no ha sido mostrada a la defensa ni al acusado para conocer su contenido”.

Aunque parezca inaudito en el allanamiento incautaron unos cauchos (llantas), aceite y azúcar, por lo que el Ministerio Público le imputó también los delitos de Reventa de Productos y Contrabando Simple, “sin que encuadre la conducta en esos tipos penales”. En el curso de cinco años no ha sido fijada la audiencia preliminar.

El observatorio observa que a Cárdenas lo presentaron fuera del lapso establecido por la Ley, retardo procesal importante porque “lleva 14 meses esperando la Audiencia Preliminar. Durante 20 meses, desde su detención, estuvo recluido en los sótanos de la DGCIM”.

“El cambio de Defensor se logró después de siete meses. Padece de Litiasis, Discopatía Degenerativa Lumbo-Sacra desde hace 9 años y no se le aplica el tratamiento médico correspondiente. Actualmente está recluido en el Centro Penitenciario Yare II”.

Los sindicalistas

Eudis Felipe Girot, jubilado de PDVSA, se desempeñó como operador en el Terminal Marino Guaraguao. Era el secretario ejecutivo de higiene industrial de la Federación Unitaria de los Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV).

“Expuso la situación de 80 mil trabajadores de PDVSA que exigieron mejoras salariales, denunció la escasez de combustible y solicitó la restitución del seguro médico, entre otras. En julio de 2020, lideró dos protestas exigiendo beneficios contractuales; a estas jornadas se unieron trabajadores petroleros de la nómina de Petro Sucre y Costa Afuera, además de empleados de Zulia, Carabobo, Anzoátegui y Monagas”.

El 18 de noviembre de 2020, funcionarios de la DGCIM llegaron a su residencia, lo detienen, luego que se iniciara una averiguación en su contra, porque consideraron que dar a conocer las denuncias en redes sociales era un atentado contra la estabilidad de la industria petrolera.

El 27 de noviembre de 2020 se da la audiencia en el Tribunal Especial Tercero de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo. La Fiscalía consideró que los hechos encuadraban en: Terrorismo, Asociación para Delinquir, Revelación de Información Confidencial, Conspiración y Posesión Ilícita de Arma de Fuego.

Guillermo Zárraga: “Su persecución política comenzó luego de haber participado en un encuentro público, entre distintos actores del sector petrolero, con el presidente de la Asamblea Nacional. Fue detenido el 11 de noviembre 2020, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), siendo liberado horas después”.

El ONDDHH destaca que “tres días después, el 14 de noviembre, a las 3 de la madrugada, se presentó una comisión con 15 funcionarios, de la DGCIM y, sin orden de allanamiento entraron a su vivienda y se lo llevaron detenido. En la audiencia de presentación lo vincularon al caso del Espía Gringo Matthew Jhon Heath”.

A Zárraga le imputaron: terrorismo y asociación para delinquir. “También lo responsabilizan por lo sucedido con la implosión de una torre en la refinería de Amuay”

Bartolo José Guerra Rojas: El 6 de mayo 2020 lo detienen por reclamar derechos para los trabajadores y criticar la gestión gubernamental en la industria petrolera, en el marco de una reunión con las autoridades de PDV Marina en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

El ONDDHH destaca que cuando Guerra salió de esa reunión fue detenido por funcionarios de la DGCIM y presentado ante el Tribunal Sexto de Control de Anzoátegui, el 8 de mayo 2020. Le imputaron: Instigación al odio, traición a la patria y sabotaje petrolero.

Luego de un año detenido en los sótanos de la DGCIM se lanzó a una huelga de hambre por el deteriorado estado de salud en el cual se encontraba. El 23 de marzo 2021, le dieron medida de arresto domiciliario.

Los operadores de planta Marcos Sabariego y Gil Mujica: eran mecánicos de mantenimiento en la planta de Conversión y tratamiento (FCC), en la refinería El Palito; el 28 de enero 2020 un grupo de trabajadores realizaba, fuera del horario de trabajo, una Asamblea para organizar y debatir el Plan de recuperación de la Industria Petrolera.

Además, denunciaron inquietudes relacionadas con sus condiciones laborales, para hacerle llegar a la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleo de Venezuela (FUTPV), un documento con las conclusiones de la asamblea.

Sabariego manifestó en la Asamblea su inconformidad con las autoridades de la empresa dado que habría planteado una situación de salud de su hijo que no tenía seguro médico.

A la Asamblea llegó el Gerente del Departamento de Seguridad Integral (DSI) con seis funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y se llevaron detenidos a Sabariego y a Gil, quienes fueron presentado san te el Tribunal Tercero de Control de Puerto Cabello a cargo del juez Orlando Belisario: les imputaron los delitos Instigación pública y Agavillamiento.

Por el estado de salud que ambos dirigentes sindicales presentaban el Tribunal les otorgó arresto domiciliario.

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