La ONG Provea denunció este jueves una “campaña de ataques” del régimen de Venezuela contra la Corte Penal Internacional (CPI), a pocas semanas de que el alto tribunal decida si abre una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad en el país, actualmente en examen preliminar.
“El régimen venezolano intenta posicionar una matriz de opinión a unas pocas semanas de que, como la misma Fiscalía de la CPI anunció, se tome una decisión sobre si abrirá o no una investigación formal sobre la ocurrencia de crímenes contra la humanidad en el país. ¿Prevención temprana de daños en caso de una decisión adversa?”, dijo la ONG en un comunicado.
Provea señala, entre los promotores de la “campaña”, al fiscal general, Tarek William Saab, quien afirmó a principios de mayo que la CPI “utiliza como fuente de información tuits generados por bots con aseveraciones falsas”.
La organización recuerda que la declaración de Saab contrasta con la realizada en diciembre de 2020, cuando, después de una visita a la sede del organismo en La Haya aseguró que “Venezuela siempre ha manifestado su reconocimiento y apoyo a la Corte Penal Internacional”.
También la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, descalificó el trabajo de la CPI, al declarar que el caso sobre Venezuela era una “gran farsa basada en falsedades y mentiras publicadas en redes sociales”.
Según la ONG, el intento de incidir en la opinión de la CPI motivó que, “luego de varios años de sostener una tesis contraria, se reconociera que Juan Pablo Pernalete había sido asesinado por una bomba lacrimógena (2017) y que el Estado es responsable de la muerte del concejal Fernando Albán (2018)”.
La Fiscalía sumó los delitos de “homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga” -anteriormente negados- al de “quebrantamiento de normas de custodia” a dos funcionarios implicados en la muerte del concejal Albán, quien falleció en prisión en 2018, al caer de un décimo piso, según explicó el fiscal general a principios de mayo.
En la misma comparecencia, Saab también se refirió al caso polémico de Pernalete, un estudiante que murió en las protestas de abril de 2017, de quien confirmó que falleció producto de un impacto de bomba lacrimógena y que por ello hay 12 funcionarios imputados, una versión que no había reconocido antes.
“Ante la ausencia de una voluntad genuina de investigar, sancionar y detener violaciones de derechos humanos, los venezolanos tienen casi como único mecanismo de contención la presión como resultado de la actuación de estos organismos internacionales de supervisión”, aseguró Provea.
(Con información de EFE)
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