Este domingo se cumple un mes del secuestro de ocho militares venezolanos a manos de grupos irregulares armados colombianos, según reconoció el pasado fin de semana el régimen de Nicolás Maduro, tras guardar silencio sobre el hecho durante más de 20 días.
La noticia del secuestro, que se produjo el 23 de abril, fue dada a conocer por la ONG Fundaredes una semana antes de que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmara la captura y manifestara que el Ejecutivo trabaja con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para generar las “condiciones necesarias” que ayuden a la liberación.
Desde entonces, ningún funcionario del Gobierno de Venezuela se volvió a pronunciar sobre los rehenes ni el avance de las gestiones para que los militares sean liberados.
Los secuestros se efectuaron en el estado de Apure, fronterizo con Colombia, en el marco de los combates, que comenzaron el 21 de marzo, entre la Fuerza Armada venezolana y un grupo irregular, identificado por diversas organizaciones como disidentes de las FARC.
La confirmación por parte de Padrino López llegó en medio de numerosas críticas de la oposición y diversos sectores sociales al Ejecutivo por su silencio sobre la captura de los militares.
El reconocimiento del secuestro de los uniformados por parte del ministro se dio, únicamente, mediante la lectura de un comunicado a través del canal de televisión pública VTV.
La oposición que lidera Juan Guaidó solicitó este sábado, a través de Twitter, apoyo del Vaticano y la Cruz Roja para liberar a los militares secuestrados, en un mensaje acompañado de un vídeo grabado, supuestamente, el 16 de mayo y cuya autoría no fue revelada.
En las imágenes, uno de los rehenes, acompañado de los siete restantes, lee un comunicado dirigido al “pueblo bolivariano, al Gobierno nacional, a la Cruz Roja Internacional y a las FARC” y pide que se agilicen las gestiones para que su liberación sea “pronta y rápida”.
La “alianza” de Nicolás Maduro con grupos guerrilleros se sancionará como “delito de lesa humanidad”
En la semana, la oposición aseguró que la “alianza” de Nicolás Maduro con grupos guerrilleros será sancionada como “delito de lesa humanidad”. A través de un mensaje en Twitter, el opositor y ex diputado Juan Pablo Guanipa dijo que la muerte -aún no confirmada por las autoridades- del disidente de las FARC Jesús Santrich “en territorio venezolano es la demostración de que la guerrilla ha operado a sus anchas en nuestra frontera” con Colombia.
“La alianza de Nicolás Maduro con la guerrilla será sancionada como delito de lesa humanidad que no prescribe”, remarcó.
La oposición venezolana ha señalado en reiteradas oportunidades que el régimen de Maduro es aliado del disidente de las FARC Iván Márquez, quien, según denuncias de Colombia y ONG, está en territorio venezolano desde hace meses.
El propio Maduro dijo en 2019 que él y Jesús Santrich, fallecido días atrás, eran bienvenidos en Venezuela.
Las denuncias de la oposición sobre la “alianza” de Maduro con estos dos guerrilleros se han incrementado en las últimas semanas, después de que el pasado 21 de marzo comenzara el conflicto armado entre las Fuerzas Armadas y otro grupo disidente de las FARC que estaría dominado por “Gentil Duarte”.
Según la oposición, las Fuerzas Armadas combaten a este grupo por órdenes de Maduro y sus aliados Márquez y Santrich.
El martes, una de las disidencias de las FARC confirmó la muerte de Santrich en hechos supuestamente ocurridos en el lado venezolano de la Serranía del Perijá, un suceso que ni el Gobierno colombiano ni el venezolano han reafirmado.
Según la ONG Fundaredes, la única fuente que ofrece luces sobre lo que sucede actualmente en la zona fronteriza, el conflicto que inició en el estado fronterizo con Colombia de Apure, se extendió a Zulia y Amazonas, también zonas limítrofes.
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