Cuál es el artículo periodístico por el cual el chavismo embargó la sede de El Nacional

El viernes pasado la justicia venezolana completó el embargo de las instalaciones de El Nacional, el último reducto de la prensa independiente que aún queda de pie en Venezuela. Fue el resultado de un largo proceso de seis años que comenzó con la publicación por parte del periódico de un artículo que afirmaba que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico.

El embargo del edificio del periódico se hizo para cubrir los 13 millones de dólares que un tribunal le ordenó pagar al número dos del régimen venezolano en una demanda por difamación. “Además de representar un atentado a la libertad de expresión, la sentencia es desproporcionada”, dice sobre el episodio un editorial de El Nacional publicada este viernes.

Sin embargo, el artículo del 2015 que motivó semejante reacción por parte de uno de los hombres más poderosos del chavismo no hacía otra cosa que citar la información de otros dos grandes medios internacionales: The Wall Street Journal (WSJ) y ABC, y esta información entonces publicada no solo no ha sido desmentida, sino que ha sido ratificada insistentemente por la realidad, durante los años que pasaron desde entonces.

El Nacional publicó, de hecho, un artículo de ABC firmado por Emili J. Blasco y titulado “EEUU: es consistente vinculación de Cabello con Narcotráfico”, el 28 de enero de 2015. Luego hubo más artículos de seguimiento. Por razones aún no del todo claras, estos artículos, que motivaron la furia del líder chavista, ya no están disponibles en el sitio web del periódico. Sí es posible encontrar, en cambio, la investigación original del WSJ y el artículo de ABC que reprodujo en sus páginas.

“Fiscales de Estados Unidos investigan a varios altos funcionarios venezolanos, entre ellos al presidente de la Asamblea Nacional, bajo la sospecha de que han convertido el país en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero”, decía en 2015 el WST sobre el número dos del chavismo en el texto citado luego por El Nacional.

“‘Hay amplia evidencia para justificar que él es una de las cabezas, si no la cabeza, del cartel”, afirmaba el funcionario del Departamento de Justicia de EEUU, en referencia a un grupo de oficiales militares y altos funcionarios de los cuales se sospecha de estar involucrados en el narcotráfico”, citaba el diario en aquel entonces.

En el caso del diario español ABC, en el mes de mayo del 2015 publicó un artículo titulado: “El número dos venezolano, Cabello, envió droga a Europa vía España”, en el que en base a fuentes de la agencia estadounidense antinarcóticos (DEA, por sus siglas en inglés), describen el recorrido de la droga venezolana, y sus vínculos con el poder político. La tapa de esa edición del periódico titulaba: “El chavismo utiliza a España como centro de distribución de droga en Europa”.

De acuerdo con la investigación de entonces, el 90% de la producción colombiana de la droga se distribuía desde Venezuela, alcanzando unas cinco toneladas semanales. Es la droga que llega a Estados Unidos y a Europa, con España como punto importante en las rutas que siguen las mafias, entre ellas principalmente el Cártel de los Soles, la organización paraestatal del narco venezolano.

“Su nombre viene de los soles que llevan los generales venezolanos en la charretera”, reconstruía ABC.

The Wall Street Journal, por su parte, afirmaba que el narcotráfico en Venezuela había experimentado un crecimiento explosivo, tras el combate que las autoridades había dado en Colombia. “Muchos traficantes colombianos trasladaron sus operaciones al país vecino”, detallaba el artículo, citado luego por El Nacional.

Las agencias de seguridad de EEUU, citadas por el WST, señalaron que han acelerado sus investigaciones en los últimos dos años, un período en el que la economía de Venezuela ha empeorado drásticamente. El crimen desenfrenado se había disparado, convirtiendo a Venezuela en el país más violento del continente y motivado a la gente a emigrar.

“En enero, los investigadores de EEUU lograron una captura importante cuando el capitán de la armada Leamsy Salazar desertó y fue llevado a Washington. Salazar, que había encabezado el equipo de seguridad de Cabello, les dijo a las autoridades estadounidenses haber sido testigo de que éste supervisó el envío de un gran cargamento de cocaína desde la península de Paraguaná, en Venezuela”, recogió el periódico estadounidense.

Cabello criticó públicamente a su ex guardaespaldas, asegurando que no dirigía su equipo de seguridad y calificándolo de un “infiltrado” que no tiene pruebas de su participación en el narcotráfico.

Cabello ha sido ministro de Obras Públicas —lo que también le dio control de aeropuertos y puertos— y además ministro del Interior, vicepresidente y presidente de la Asamblea Nacional. Muchos analistas y políticos en Venezuela dicen que creen que el poder de Cabello rivaliza con el de Maduro y está fundamentado en su influencia entre los generales venezolanos.

Julio Rodríguez, un coronel retirado que conoce a Cabello de sus días en la academia militar, indicó que el ex presidente de la Asamblea Nacional tiene lazos estrechos con la mitad de los tenientes coroneles actualmente a cargo de batallones en Venezuela.

Denuncias previas

En marzo del 2020, el Departamento de Justicia de EEUU anunció cargos por narcoterrorismo contra las principales figuras del régimen chavista, y ofreció una recompensa de USD 15 millones con informaciones que permitan el arresto y enjuiciamiento de Nicolás Maduro.

El fiscal general, William Barr señaló que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias de las FARC bajo amparo de Maduro. Por ello, acusó al régimen de tramar una conspiración con las FARC para “inundar a Estados Unidos de drogas”. Barr añadió que se estima que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son enviadas fuera de Venezuela por las rutas de la alianza criminal, que equivalen hasta a 30 millones de dosis letales.

El Departamento también ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares cada una por información relacionada con Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente; el general (retirado) Hugo Carvajal Barrios, ex director de la Inteligencia Militar de Venezuela (DGCIM); y Tareck El Aissami, ministro de Petróleo. “Mientras ocupaban puestos clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de los aviones que salen de una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela”, acusaron en un comunicado.

Entre otros funcionarios y dirigentes, también se implicó a Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, como principales actores del esquema criminal, y Samark López Bello, un empresario con una serie crímenes vinculados al lavado de dinero en favor de Maduro y El Aissami.

Clíver Alcalá, General Mayor (retirado) del Ejército de Venezuela, también figuraba en el lista pero se entregó a las autoridades en Colombia, y luego fue extraditado a Estados Unidos.

Reacciones de la Sociedad Interamericana de Prensa tras el embargo

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Jornet, expresó este viernes su solidaridad con los directivos y personal de El Nacional. “Ya habíamos advertido el final que tendría esta historia, a sabiendas de que en Venezuela la justicia está sometida al poder político y el régimen la utiliza como ariete en contra de todo lo que le incomode”, expresó el también director del diario La Voz del Interior de Argentina.

Jornet lamentó que se siga utilizando la fuerza política-judicial para usurpar a El Nacional y al periodismo independiente venezolano. En el reciente informe semestral de libertad de prensa sobre Venezuela, la SIP advirtió que “sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. Se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente”.

“El régimen de Venezuela intensificó la violencia y el acoso judicial contra periodistas; cerró ocho emisoras, y las páginas digitales de los medios sufren bloqueos discrecionales y se dispone a aprobar una ley para regular las redes sociales”, relata el informe, tras el cual la SIP adoptó una resolución en contra del régimen de Maduro.

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