La oposición venezolana denunció este miércoles que el régimen chavista trasladó a presos políticos a cárceles comunes, tras un decreto del dictador Nicolás Maduro.
El decreto 4.610, publicado en Gaceta Oficial del 12 de mayo, instruye a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y al Servicio de Inteligencia (SEBIN) a “transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días”.
Estos organismos eran responsables de la custodia de la mayoría de los más de 300 detenidos que la ONG de derechos humanos Foro Penal, crítica del chavismo, considera “presos políticos”.
La opositora Delsa Solórzano, rechazando el decreto, expresó que la situación “es de suma gravedad debido a que las cárceles de Venezuela se cuentan entre las más peligrosas del mundo”.
Solórzano indicó que maneja una lista con al menos siete detenidos ya enviados a las cárceles del Rodeo II y Yare, en el estado Miranda (norte), y otra más extensa con arrestados que podrían ser blanco de futuros traslados. “Las familias tienen mucho miedo”, dijo a la agencia AFP.
La opositora y ex diputada Adriana Pichardo detalló en sus redes sociales que algunos de los trasladados son los ciudadanos Darío Estrada y Robert Franco, detenidos en diciembre del año pasado, acusados de un supuesto complot que impediría la instalación del nuevo Parlamento, de mayoría chavista, en enero.
También fue trasladado el comisario retirado Rigoberto Moreno por su relación con un camarero del palacio presidencial de Miraflores, Dani José Castillo García, a quien encontraron con explosivos; y otros cuatro más de los que no detalló nombres. ”Es peligroso y violatorio de los sus DDHH se este ejecutando este tipo de medidas”, agregó Pichardo.
El decreto se firma en momentos en que la dictadura de Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó han mostrado disposición a reanudar negociaciones políticas, proceso al que le antecedió precisamente la liberación de presos políticos.
“No nos estamos dando cuenta que esto es también para la comunidad internacional”, destacó Solórzano. “El hecho de que haya prisioneros políticos también se evidencia en el lugar de reclusión. Si tú los tratas como presos comunes, son presos comunes”.
El régimen de Maduro niega la existencia de “presos políticos” en Venezuela y acusa a los opositores arrestados de “terrorismo” y planes para derrocar o asesinar al dictador.
Una misión de la ONU que denunció en septiembre de 2020 “crímenes de lesa humanidad” en Venezuela alertó en marzo sobre nuevas “detenciones arbitrarias” de “personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores”.
Maduro enfrenta además una investigación preliminar en la Corte Penal Internacional (CPI) sobre posibles delitos cometidos desde abril de 2017 en Venezuela en el contexto de una ola de protestas que pedían la salida del dictador chavista y que dejaron más de un centenar de muertos.
El régimen venezolano ha tachado el caso de “gran farsa”, mientras que en las últimas semanas han sido imputados y condenados miembros de las fuerzas del orden público involucrados en esas muertes.
Ayer también se conoció, a través de un comunicado del fiscal general Tarek William Saab para informar que envió un nuevo informe a la Corte Penal Internacional por el examen preliminar que realiza a Venezuela, que tanto el Sebin como la Dgcim están siendo reestructurados.
Venezuela, gobernada por Maduro desde 2013, vive una debacle social y económica que según la ONU ha forzado en los últimos años la salida de 5,6 millones de personas del país.
Con información de AFP y EFE
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