La dura respuesta de Antonio Ledezma a los dichos de Alberto Fernández sobre los derechos humanos en Venezuela

El ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma respondió este miércoles duramente al presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien ayer afirmó que “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo”.

En un video que publicó en su cuenta de Twitter, el opositor venezolano, quien estuvo más de mil días preso y hoy se encuentra exiliado, comenzó su intervención: “Esto es una respuesta a las insólitas declaraciones que ha dado el presidente de la República de Argentina, el doctor Fernández”.

Y se preguntó: “¿Usted cree que con esas declaraciones van a desaparecer los expedientes de las más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales certificadas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet?, ¿usted cree que con esas declaraciones va a revivir a las decenas de estudiantes que han sido asesinados?, ¿usted va a aliviarle las penas a los seres humanos que han sido torturados en Venezuela?”.

Luego siguió: “¿Van a desaparecer las detenciones arbitrarias, los miles de ciudadanos que han sido citados irregularmente a los tribunales, las expropiaciones de más de 8 millones de hectáreas de fábricas, de industrias?, ¿usted va a hacer desaparecer los crímenes producto del robo de dinero que han debido invertirse en hospitales y en medicamentos?”.

Y respondió: “No, está usted equivocado presidente de Argentina. (Nicolás) Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad. Y no crea que con este tipo de ayuditas Maduro puede salvarse del proceso que cursa en la Corte Penal Internacional”.

“Sabemos que sus aliados del Foro de San Pablo, que sus aliados del Grupo de Puebla, están haciendo diligencias para ver cómo logran sacar a Maduro de este proceso que puede terminar en la próxima semana con una medida de orden de captura dictada por el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional”, continuó Ledezma.

“Por eso quieren hacer ver o aparentar que en Venezuela funcionan las instituciones. No, en Venezuela las instituciones están secuestradas por el régimen, en Venezuela no hay separación de poderes, en Venezuela se usan los tribunales para violentar los derechos humanos. Esa es la verdad y hay que decirla”, concluyó.

El repudio de Ledezma se suma al de distintos representantes de la oposición venezolana, la directora ejecutiva del Casla Institute, Tamara Suju; y Elisa Trotta Gamus, enviada de la Asamblea Nacional de Venezuela en la Argentina designada por el presidente encargado Juan Guaidó, quienes también manifestaron su malestar por las declaraciones del jefe de Estado argentino.

Una de las primeras en alzar su voz en Twitter fue la política opositora venezolana María Corina Machado. “El cinismo del Señor Fernández es una confesión. Es una crueldad. Y una obscena mentira”, manifestó en su cuenta en la red social.

En la misma sintonía, Delsa Solórzano, presidenta del Partido Encuentro Ciudadano y defensora de los derechos humanos, expresó: “Señor Alberto Fernández, en Venezuela se violan todos los DDHH al mismo tiempo. Por ello quien usurpa el Poder en mi país y sus cómplices hoy están siendo investigados en la Corte Penal Internacional. Son criminales de lesa humanidad. ¡Qué vergüenza!”.

Y siguió: “Realmente las declaraciones recientes tanto de Felipe Solá (canciller argentino), como ahora de Alberto Fernández son una vergüenza. Una nación que fue víctima de una cruel dictadura, ahora sus representantes son indiferentes y laxos con la dictadura venezolana”.

Otro opositor que alzó la voz fue el diputado Freddy Guevara. “Claro: dejó de ser sólo violaciones de DDHH para ser crímenes de lesa humanidad. Solidaridad y admiración con todas las víctimas, familias, defensores de DDHH, políticos, embajadores y diputados que han denunciado todas las violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad”, manifestó también en Twitter.

Por su parte, Tamara Suju, abogada defensora de Derechos Humanos, Directora Ejecutiva del Casla Institute y Delegada ante la Corte Penal Internacional, subrayó: “Invito a todos los venezolanos a contarle al impresentable de Alberto Fernández la situación de DDHH en nuestro país”.

“Es más, debería vivir 6 meses en las catacumbas del DGCIM preso o 1 mes en cualquier pueblo o ciudad, sin agua, luz, gas de cocina, sin gasolina, sin comida”, agregó.

Por último, Elisa Trotta Gamus, representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en la Argentina designada por el presidente encargado Juan Guaidó, publicó una serie de tuits: “Repudiamos las recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández, donde aseguró que ‘el problema de DDHH ha ido desapareciendo’ en Venezuela. Es una afirmación falsa que, además, significa una ofensa para las decenas de miles de víctimas de la dictadura criminal de Maduro”.

“En este preciso momento se está desarrollando un conflicto bélico en la frontera colombo-venezolana, producto de la alianza entre el régimen de Maduro y grupos terroristas como el ELN y las disidencias de las FARC. Ello ha dejado civiles asesinados y miles de desplazados”, siguió.

Y agregó: “Un informe de Human Rights Watch de hace apenas 22 días, demuestra claramente que las distintas ‘fuerzas de seguridad’ de la dictadura, han cometido violaciones a los derechos humanos, a la población civil del estado Apure, en medio de sus operativos armados. Todo lo que se denuncia en ese informe, es exactamente el mismo patrón que ha usado el régimen contra los venezolanos, en distintos lugares, en diferentes situaciones y desde hace mucho tiempo. Lo ha dejado claro la Alta Comisionada Bachelet y la Misión Independiente de la ONU”.

Trotta luego destacó que “se ha demostrado de forma clara y contundente que las violaciones a los DDHH en Venezuela son una política de Estado. La dictadura ha cometido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, tratos crueles e inhumanos”.

La diplomática también se refirió al cuerpo FAES, cuya disolución ha sido pedida por la ONU: “Hoy en Venezuela, con el apoyo absoluto de Nicolás Maduro, funciona el grupo de exterminio más letal que se haya visto en décadas: las FAES. Este grupo de tarea ha sido el responsable de al menos 19.000 ejecuciones extrajudiciales desde su creación en el año 2016″.

“Hace 4 meses ocurrió una masacre en La Vega, Caracas; un operativo policial donde 23 personas fueron asesinadas a manos de 650 funcionarios. Los familiares de estas víctimas no opinan que los DDHH sean hoy respetados por la dictadura, Presidente Alberto Fernández”, continuó.

“Tampoco los 306 presos políticos (22 mujeres), podrían asegurar que la violación sistemática a los DDHH de los venezolanos haya ‘desaparecido’. Ni ellos, ni las ONG humanitarias que hoy son perseguidas por la dictadura, en un país que sufre una Emergencia Humanitaria Compleja”, remarcó.

Luego, subrayó: “También es falso, presidente Alberto Fernández, que exista un bloqueo contra Venezuela. Existen sanciones contra corruptos, criminales y narcotraficantes. Si se leen datos y estudios, en vez de escuchar a miembros de la dictadura, este punto quedaría claro”.

Y concluyó: “No hay bloqueo, hay dictadura. Una que ha cometido y SIGUE COMETIENDO crímenes de lesa humanidad. No hay democracia, ni libertad, ni mucho menos una disminución en la violación a los DDHH. Asegurar tal cosa, es lavarle la cara a un asesino y darle la espalda a los oprimidos”.

Los dichos de Alberto Fernández

El presidente argentino se refirió el martes a la situación de los derechos humanos en Venezuela y señaló que ese “problema” estaba “desapareciendo” en la nación caribeña que vive desde hace años una grave crisis humanitaria, política y social sin precedentes bajo la dictadura de Nicolás Maduro.

“Lo digo con mucha franqueza: muchos de izquierda me criticaron porque apoyé el informe de (Michelle) Bachelet (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) cuando marcó acciones del gobierno venezolano que atentaban contra los derechos humanos, pero también trabajé para ayudar a Bachelet para que encare en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos. Y ese problema poco a poco en Venezuela fue desapareciendo. Hay un camino para resolver los problemas que no pasa por meterse en los países ni de forma armada ni con bloqueos”, dijo Fernández en declaraciones a una estación de radio de Buenos Aires.

Hasta el momento, el régimen de Maduro no ha permitido que se instale una oficina permanente de la ONU en Caracas para monitorear las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que padecen los venezolanos. Incluso los tres funcionarios de Naciones Unidas que están en el país latinoamericano están con sus visas vencidas: es decir, Caracas no les renovó siquiera sus permisos para trabajar allí.

La estadía de estos enviados de Bachelet fue acordada entre la ex presidenta chilena y Maduro en 2019, en un intento del régimen para satisfacer a medias los pedidos de la Alta Comisionada que quería la instalación de una dependencia permanente en la capital venezolana. Al no contar con una oficina propia, no pueden manejarse con independencia y deben pedirle permiso al gobierno para cualquier movimiento.

En marzo pasado, luego de su último informe sobre derechos humanos, Maduro quedó muy molesto con Bachelet por las denuncias que habían quedado plasmadas en el documento. Por tal motivo, a los tres funcionarios no se les renovó sus visas. El Palacio de Miraflores espera una evaluación más benevolente para poder retomar los lazos con la oficina en Ginebra y emitir esos permisos temporarios, según supo Infobae. En septiembre se termina el acuerdo entre las partes y los delegados podrían retornar a Europa.

Los últimos informes de las Naciones Unidas redactados por la oficina de Bachelet son contundentes. En el documento dado a conocer el pasado 11 de marzo, la Alta Comisionada se refirió a la violación de derechos humanos en Venezuela.

Se registraron “al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”, de acuerdo al informe.

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