El ex presidente de Ecuador Rafael Correa llegó a Venezuela este viernes, según informó EVTV Miami y replicaron distintos medios de comunicación venezolanos. El portal estadounidense publicó un video en el que se ve al ex mandatario ecuatoriano recibido por una persona en Caracas.
“Bienvenido a nuestra ciudad capital, su casa. Venezuela, Caracas. Cuna de nuestro libertador Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Que Dios los ampare. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Gusto de saludarlos”, manifestó la persona que le dio la bienvenida a Correa y a una mujer que estaba a su lado.
Hasta el momento, se desconoce la agenda de Correa en Venezuela y los motivos de la visita reportada por el portal de Miami.
En tanto, la Corte Nacional de Ecuador, el máximo tribunal del país latinoamericano, recurrió en las últimas horas a la Interpol en Quito para ubicar al ex presidente, condenado a ocho años de cárcel por cohecho en el Caso Sobornos.
A través de un oficio judicial, al que ha tenido acceso el diario ecuatoriano El Comercio, el juez Walter Macías “dispone oficiar al jefe de la Unidad Nacional Interpol Quito a fin de que informe sobre la ubicación” del ex presidente y de cuatro ex funcionarios y tres empresarios sentenciados también por cohecho en el marco del Caso Sobornos.
El magistrado, que también ha solicitado al organismo internacional que proporcione “documentación” sobre los movimientos migratorios de los condenados, detalló que este procedimiento es un paso previo a la extradición.
La petición del juez Macías tiene lugar tres meses después de que la Interpol negara un requerimiento de “alerta roja” contra el ex jefe de Estado.
Correa, que siempre defendió su inocencia y denunció estar siendo víctima de una persecución política, fue condenado el 7 de abril de 2019 a ocho años de prisión por el Tribunal Nacional de Justicia de Ecuador al considerar que era culpable de un delito de cohecho.
El ex presidente ecuatoriano, en cuya condena estaba también una inhabilitación de 25 años para cargos públicos, fue condenado junto a otras 16 personas, algunas de las cuales habían formado parte de su Gobierno.
Según la Fiscalía de Ecuador, entre 2012 y 2016, varios funcionarios del Estado, así como empresarios privados, formaban parte de una trama corrupta en la cual se facilitaban contratos de obras públicas a cambio de dinero.
Los números de la corrupción del gobierno de Rafael Correa: entre 30.000 y 70.000 millones de dólares
En noviembre de 2019, la entonces secretaria Anticorrupción de Ecuador, Dora Ordóñez, aseguró que la corrupción en la década del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) arroja unas cifras que organismos locales e internacionales estiman entre los 30.000 y 70.000 millones de dólares en perjuicios para el Estado.
La funcionaria desglosó los rubros calculados del dinero perdido producto de la corrupción en el país, de acuerdo a diferentes estudios. En primer lugar mencionó una consultoría realizada por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo del Gobierno ecuatoriano, que recoge la cifra de 2.400 millones de dólares en cinco proyectos emblemáticos.
Conocidas como “megaobras”, el informe señala la existencia de fondos desviados y relacionados con millonarios sobreprecios y una estimación de 600 millones de dólares adicionales que se requerirían para ponerlas en marcha.
“Se contrataba bajo la categoría de ‘regímenes especiales’, contratos directos que no tenían un presupuesto referencial bien definido y donde se han evidenciado sobornos y porcentajes por coimas”, afirmó esta cuencana que ejercía como subsecretaria de la entidad hasta que fue designada su titular el 21 de octubre de 2019.
Pero Ordóñez añadió un análisis complementario de la Comisión Nacional Anticorrupción, de carácter cívico, “que hace referencia a 3.500 millones de dólares por daños en los diez años del anterior régimen, por lo que se habla de un total de 35.000 millones de dólares”.
La cifra más elevada de esta presunta corrupción, 70.000 millones, que engloba el cómputo de pérdidas en la nación andina producto de esta lacra, proviene de un estudio regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre despilfarro y malgasto, también consideradas prácticas corruptas para el Estado, y que se calculan en torno al 7% del PIB anual.
“El informe del BID se refiere a 40.000 millones que serían parte del incremento de precios en obras y desvíos de recursos, y 30.000 adicionales por ineficiencia de las obras ejecutadas”, subrayó.
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