Día Mundial de la Libertad de Prensa: 84 casos en los que se violó el derecho de informar en lo que va del año en Venezuela

En rojo es el saldo de las cifras con las que Venezuela se registró en el Día Mundial de la Libertad de Prensa este 3 de mayo. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) contabiliza no menos de 84 casos de vulneraciones a las libertades informativas en los primeros cuatro meses de 2021, mientras la ONG Espacio Público revela que contabilizó 16 casos durante el mes de enero, 21 en febrero, 18 en marzo y 19 en abril.

Afirma Espacio Público que “durante 2020 fueron cerradas 18 emisoras radiales, cuatro medios impresos y dos medios digitales, en procedimientos principalmente adelantados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en compañía de cuerpos de seguridad del Estado”.

Mientras en muchos países se celebró ayer el ejercicio del periodismo libre, plural e independiente, en Venezuela las dantescas cifras demuestran la gravísima situación de persecución contra medios de comunicación, brutal censura, persecución, amenazas y cárcel de periodistas en todo el país.

Casos como la demanda que el número dos del poder en Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, emprendió principalmente contra los medios La Patilla y El Nacional, envían un mensaje desalentador para el resto de los medios de comunicación del país. Si se atacó con éxito a dos medios fuertes, qué pueden esperar los medios más pequeños, principalmente los del interior del país ante el uso de la administración de justicia para silenciar medios y periodistas.

Cabello, vicepresidente del partido de Gobierno (PSUV), quien es diputado y ha ocupado los principales cargos de poder en Venezuela, menos la presidencia de la República se ufana de lo que hará con la sede de El Nacional, uno de los más grandes periódicos del país, obligado a migrar a la plataforma digital, como la casi mayoría de los medios de Venezuela, ante la imposibilidad de adquirir papel periódico, después que el gobierno reguló la compra de este.

IPYS dice por su parte que “las agresiones y ataques, el discurso estigmatizante y los hechos de censura destacaron entre los patrones de persecución contra la prensa en el período (primeros cuatro meses del 2021). Asimismo, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los procesos civiles y penales y el uso abusivo del poder estatal, se encuentran entre las acciones más graves que se han emprendido contra quienes apuestan por informar de manera responsable y plural en el país”.

Según los datos de la organización, “entre los afectados destacaron 36 hombres, 17 mujeres y 40 medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Los actores estatales y los simpatizantes oficialistas fueron los principales victimarios”.

Hegemonía comunicacional

No duda Espacio Público en destacar que lo ocurrido en los primeros meses del año 2021 apunta al fortalecimiento de “la hegemonía comunicacional del gobierno de Nicolás Maduro, limitando la pluralidad informativa en Venezuela. Entre enero y abril, fueron cerrados al menos cuatro medios de comunicación: tres emisoras de radio y un medio digital”.

Algunos casos relevantes que destaca la organización:

El 8 de enero; unos trece funcionarios de Conatel y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), llegaron a las dos sedes de Venezolanos por la Información (VPI TV), mantuvieron detenidos a los trabajadores en el lugar. En un comunicado, el medio destacó que no presentaron orden por escrito, inspeccionaron las instalaciones, interrogaron al personal, solicitaron documentos e información operativa y administrativa. Además, solicitaron claves de los procesos de transmisión y revisaron correos electrónicos relacionados a la operación de VPITV. Los funcionarios se llevaron los equipos de transmisión, cámaras, computadoras.

El 26 de febrero, Conatel ordenó apagar la señal de transmisión de la emisora de Radio VEA 100.7 FM4, ubicada en la avenida Manaure, de Coro, estado Falcón.

5 de marzo: Funcionarios de la Conatel se presentaron en las instalaciones de la emisora Radio Selecta 102.7 FM5, en Machiques, estado Zulia. La supuesta visita de inspección concluyó con la confiscación de los equipos de transmisión, dejando a la emisora fuera del aire. Trascendió que Conatel confiscó dos computadoras, tres micrófonos AT 2020, un procesador de sonido y un transmisor de la estación que tenía 13 años de labor ininterrumpida. Una semana antes la emisora había sido atacada por un grupo de indígenas Yukpas presuntamente bajo la orden de la alcaldesa Betty de Zuleta, cuando se llevaba a cabo una entrevista a los dirigentes políticos Juan Pablo Guanipa, Avilio Troconiz y Julio Montoya.

Obstáculos para periodistas

Subraya Espacio Público que “los principales victimarios fueron las instituciones del Estado, en 28 ocasiones; funcionarios(as) en 19 y cuerpos de seguridad en 18 oportunidades. Los procesos judiciales en contra de periodistas y medios de comunicación, así como las restricciones administrativas impuestas desde organismos públicos limitaron en gran medida el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información”.

Con la excusa de las restricciones impuestas con motivo de la pandemia por el COVID-19 en Venezuela, se ha obstaculizado el ejercicio de los periodistas.

28 de enero: un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) amenazó con encarcelar al corresponsal de ABC News Miami, Daniel Blanco Paz, por unas grabaciones que hizo en las inmediaciones del concesionario Makinas Auto Sales, en El Rosal, Caracas. ‘Está prohibido grabar’, le dijo el funcionario obligándolo a borrar todo el material que había registrado.

12 de marzo: los escoltas del alcalde del municipio Miranda del estado Falcón, Pablo Acosta intimidaron al periodista de la emisora Súper Stéreo 94.5 FM, Jhonattam Petit, cuando intentaba ingresar a la sede de la estación en Santa Ana de Coro. Petit fue a la radio a entregar unos audios, pero funcionarios policiales que mantenían tomada la emisora le prohibieron el acceso.

16 de marzo: el jefe de seguridad del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Richard La Rosa, amenazó con golpear a la periodista de Unión Radio, Rosibel González mientras realizaba la cobertura en la morgue de Bello Monte. Ella aseguró que no es la primera vez que dicho funcionario amenaza con golpes a las reporteras pero que en esta oportunidad La Rosa la amenazó de muerte.

Tras las redes sociales

Espacio Público destaca que “entre enero y abril fueron detenidas al menos 6 personas por difusión de informaciones, ideas u opiniones en línea. Destacan las detenciones por difusión de contenido satírico a través de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp y por la utilización de la red social Tik Tok, una plataforma cuyo uso se popularizó en el país desde el inicio de la pandemia y que es utilizada para compartir videos cortos personalizados”.

28 de febrero: funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron a José Pérez, por la publicación de un video en TikTok, donde cuestionó los privilegios de la hija del cantante Omar Enrique y los nexos de éste con el chavismo. Por ello lo contactó la María Buitrago, esposa del cantante, quien le comentó su molestia y lo amenazó con que ‘estará manchadito de rojo’. A pesar de que Pérez se disculpó con la familia y retiró el video, el inspector Alberto Dugarte, jefe de delitos informáticos del Cicpc, lo detuvo sin una orden judicial. Pérez estuvo 20 días detenido, el Tribunal le dictó medidas cautelares: prohibición de hablar públicamente sobre su caso, prohibición de salida del país, régimen de presentación cada 15 días.

30 de marzo: la periodista Milagros Mata Gil y el escritor Juan Manuel Muñoz fueron detenidos por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por el artículo satírico ‘Fiesta Mortal’ compartido por Mata Gil en un grupo de WhatsApp en el que describe una celebración de más de 800 invitados entre los que cuenta el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab y a su familia. El Tribunal Tercero de Control excarceló a ambos el 1 de abril bajo régimen de presentación cada 30 días, prohibición de hablar públicamente sobre su caso y les confiscaron sus teléfonos celulares mientras les vacían los datos.

22 de abril: efectivos del SEBIN interrogaron a Luis Morales por grabar y subir un video acerca de la vacuna china en la red social TikTok. Morales, quien era conductor de trenes del sistema ferroviario de los Valles del Tuy, mostró en el material audiovisual un clip de comedia sobre los efectos secundarios que podría desarrollar si le aplicaban una vacuna de origen chino para prevenir el contagio del coronavirus. Posteriormente fue despedido de su puesto de trabajo.

“Dentro del universo de víctimas, se contabilizan 30 periodistas, 23 medios de comunicación, 9 organizaciones no gubernamentales (o miembros de ONG) y 8 trabajadores públicos; siendo estos los más afectados durante el primer cuatrimestre del 2021”.

4 de febrero: el Ministerio Público, del estado Carabobo, citó en calidad de ‘investigado’ al reportero de El Carabobeño, Kevin Arteaga, a propósito de la cobertura que realizó de una protesta por servicios. Dos semanas antes, una comisión del CICPC, solicitó al departamento de Recursos Humanos de El Carabobeño, la consignación de los datos filiatorios del periodista, sin explicar el motivo de ese requerimiento.

9 de febrero: la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) bloqueó el portal web de InSight Crime. Según el observatorio de internet VesinFiltro, el bloqueo se llevó a cabo días después de que publicara su informe anual sobre homicidios en Latinoamérica: ‘el bloqueo parcialmente efectivo’ inició el pasado sábado 6 de febrero, poco después de la publicación del reporte en el que Venezuela figuró como el segundo país más violento durante el año 2020.

14 de abril: la coordinadora del medio oficialista Ciudad Maracay, María Fernanda Pérez hostigó a la corresponsal de Cronica.Uno, Gregoria Díaz, por la publicación de un reportaje sobre el déficit de camas para pacientes con coronavirus en el Hospital Central de Maracay, estado Aragua. La coordinadora de Ciudad Maracay calificó a la periodista de ‘palangrista’ y ‘miserable’.

La Unesco

La UNESCO destaca que cada 3 de mayo se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. “Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión”.

Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, dijo ayer que “con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hago un llamamiento para que cada cual renueve su compromiso con el derecho fundamental a la libertad de expresión, defienda a los trabajadores de los medios de comunicación y se sume a los esfuerzos de la UNESCO para garantizar que la información siga siendo un bien público”.

La Unesco en el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2021 hizo énfasis en tres imperativos: Medidas para garantizar la viabilidad económica de los medios de comunicación; Mecanismos para garantizar la transparencia de las empresas de Internet, y Mejora de las capacidades de alfabetización mediática e informacional que permitan a la gente reconocer y valorar, así como defender y exigir, al periodismo como parte fundamental de la información como un bien común.

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