El régimen de Nicolás Maduro otorgó este viernes el arresto domiciliario a los seis ejecutivos de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, apresados desde 2017 en el país caribeño, reportó The Associated Press.
Los seis altos funcionarios de la compañía, todos venezolanos pero cinco de ellos con doble nacionalidad estadounidense, fueron arrestados en noviembre de 2017 luego de ser convocados a una reunión en la oficina de Caracas.
Desde entonces, el gobierno estadounidense -tanto la administración de Donald Trump como la de Joe Biden- ha demandado en reiteradas ocasiones su liberación. En noviembre de 2020, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo dijo que “habiendo pasado ya más de tres años detenidos injustamente en Venezuela por estos cargos engañosos, la mayor parte del tiempo en horribles condiciones carcelarias, estas seis personas deberían ser devueltas de inmediato a Estados Unidos”.
Y en febrero de este año, el actual líder de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se comunicó con los familiares de los seis ejecutivos y les aseguró que haría de su liberación una prioridad.
Los empresarios han sido acusados por el régimen de peculado doloso, lavado de dinero y asociación para delinquir, entre otros delitos. El ex presidente de Citgo, José Pereira, fue sentenciado a 13 años y siete meses de cárcel y multado con dos millones de dólares. Los otros cinco ex vicepresidentes: José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell y Gustavo Cárdenas fueron condenados a ocho años y 10 meses de prisión.
Los delitos por los que fue condenado Ruimwyk son “peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista”, así como el “delito de asociación para delinquir”, informó en su momento el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la dictadura venezolana.
Ruimwyk, dijeron entonces, deberá pagar además una multa de dos millones de dólares, que es el equivalente “al 40 % del valor de los bienes objeto del delito”. Asimismo, los ex directivos Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina y Alirio José Zambrano Colina, fueron condenados por “concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir”.
El tribunal en manos del régimen chavista también dictaminó que todos los condenados están inhabilitados “para el ejercicio de la función pública” y por lo tanto “no podrán optar a cargos de elección popular”.
El 21 de noviembre de 2017, el fiscal general de la dictadura de Venezuela, Tarek Saab, informó sobre la detención de estos ciudadanos luego de que firmaran contratos que “comprometían el patrimonio nacional y el futuro” de la filial de PDVSA “sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional”.
El régimen ya había excarcelado al grupo en una ocasión, en diciembre de 2019. Sin embargo, tres meses después volvieron a ser encarcelados de manera abrupta por las fuerzas de seguridad. Fue el mismo día en el que Trump recibió en la Casa Blanca al presidente interino del país caribeño, Juan Guaidó, a quien un día antes había invitado a su discurso sobre el Estado de la Unión en el Congreso.
Luego de desconocer la legitimidad de Maduro como presidente de Venezuela por las fraudulentas elecciones de 2018, Washington otorgó a Guaidó -reconocido como presidente encargado por medio centenar de países- el control de Citgo.
El gobierno de Joe Biden ha reiterado su apoyo a Guaidó, calificando a su vez a Maduro de “brutal dictador”.
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