El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, ratificó el miércoles el duro informe publicado el lunes sobre la situación en la frontera entre Venezuela y Colombia tras un duro intercambio con el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza.
La organización denunció que agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido abusos aberrantes contra la población local durante un operativo de varias semanas contra grupos armados en la región de Apure.
Casi de inmediato llegó la respuesta de Venezuela, a través Arreaza, quien en un mensaje en su cuenta de Twitter definió el informe como “infame” y calificó a Vivanco de “descarado”.
“Esta es la respuesta del canciller de Maduro, Jorge Arreaza, a nuestro informe sobre nuevas atrocidades del régimen, esta vez, en la frontera con Colombia. Solo epítetos y teorías conspirativas absurdas. ¿Argumentos? Ninguno”, respondió Vivanco, citando el tuit.
El chavista recogió el guante y espetó: “La única atrocidad es presentar un informe irresponsable para promover la intervención”.
“...Estas son las atrocidades que cometió su régimen en Apure: 1) Ejecuciones extrajudiciales 2) Torturas 3) Detenciones arbitrarias y procesos contra civiles en tribunales militares”, retrucó Vicando, enumerando algunas de las denuncias contenidas en el informe de la organización.
Arreaza, en tanto, acusó a Human Rights Watch de estar financiada por el Congreso de EEUU, además de “oscuros” empresarios de ese país.
“HRW no recibe ni un dólar del Congreso de EEUU, ni de ningún gobierno. Tampoco recibimos financiamiento de ‘oscuros empresarios’ ni de violadores de DDHH”, volvió a responder Vivanco. “Usted en cambio representa a un régimen responsable de estas atrocidades”, agregó, volviendo a citar el informe.
La organización enmarcó sus acusaciones en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el régimen de Nicolás Maduro contra grupos irregulares en Apure y pidió investigar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela investigar el asunto.
En el informe, HRW aseguró que el operativo venezolano “derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados”.
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, dijo Vivanco en el informe.
El pasado 21 de marzo, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) iniciaron combates en Apure contra grupos irregulares que las autoridades nunca identificaron, pero que la ONG Fundaredes calificó de presuntos disidentes de la disuelta guerrilla colombiana FARC.
El conflicto se extendió por casi tres semanas y provocó el desplazamiento de más de 6.000 venezolanos hacia Colombia, según datos de la mencionada organización.
La FANB aseguró que la ofensiva dejó un saldo de ocho militares y nueve “terroristas” fallecidos, así como más de cuarenta detenidos.
HRW alega en su informe que muchos de los detenidos “no eran miembros de grupos armados”, sino de la población local, después de haber entrevistado a 38 personas que habían huido de Apure, además de a 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.
Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
Con información de EFE
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