El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llevó 1.500 kilos de insumos médicos al ambulatorio del caserío venezolano La Victoria, en el estado fronterizo de Apure, donde militares del país caribeño combaten con disidentes de las FARC desde el pasado 21 de marzo, informó este jueves el ente humanitario.
La donación incluye antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, guantes y máscaras, además de 21 “kits” de higiene “para que la población que lo necesite reciba atención adecuada”, detalló el CICR en su cuenta de Twitter.
La organización, dedicada a labores humanitarias en contextos de conflicto, añadió en esa misma red social que “hace más de un año” comenzó a apoyar a este ambulatorio “con insumos médicos para la población”.
El pasado 21 de marzo, estallaron en la zona combates entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un grupo armado identificado por varias organizaciones que trabajan en la zona como disidentes de las FARC.
Hasta el momento, ninguna fuente oficial o castrense ha confirmado contra qué grupo combaten, aunque los militares han difundido fotos en las que puede verse uniformes incautados con los logos y siglas de la antigua guerrilla de las FARC.
Durante los enfrentamientos, han muerto ocho militares y nueve “terroristas”, según el balance oficial ofrecido por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que también ha denunciado que ese grupo ha sembrado minas antipersona en la zona.
Ante esa situación, Venezuela ha pedido ayuda a la ONU para limpiar el territorio de minas.
Como consecuencia de los combates, unas 6.000 personas han huido de la zona y han cruzado el río fronterizo Arauca para resguardarse en los municipios colombianos ubicados en su orilla, especialmente en la localidad de Arauquita.
Hace unos días, Tamara Taraciuk, subdirectora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW), se refirió a los combates en la frontera. “Encontramos que las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen en Apure siguen el patrón de abusos cometidos con total impunidad en Venezuela: ejecuciones, detenciones arbitrarias y torturas”, expresó a través de su cuenta de Twitter. Y agregó: “Más evidencia para la Corte Penal Internacional”.
En su tuit, Taraciuk hizo referencia a un artículo del New York Times que enfatiza en que el régimen de Maduro lanzó “su mayor campaña militar en décadas”, al tiempo de que miles de personas huyen del país por el conflicto.
Por su parte, la ONG Fundaredes denunció que el pasado 25 de marzo “fueron asesinados cinco miembros de una familia por presuntos funcionarios de las FAES”, grupo élite de la Policía venezolana cuya disolución ha pedido la ONU por las múltiples acusaciones de ejecuciones extrajudiciales.
La oposición de Venezuela que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó -a quien varios países reconocen como presidente interino- ha pedido investigar este hecho y otros supuestos excesos de los militares contra la población civil.
En ese sentido, la ex diputada opositora Delsa Solórzano dijo que remitió un informe a la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Michelle Bachelet, donde recoge testimonios de presuntas violaciones a los derechos fundamentales durante una operación militar en El Ripial, donde aparecieron los cuerpos sin vida de estas cinco personas.
(Con información de EFE)
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