Cómo encubren la presencia de la guerrilla en la frontera venezolana: la estrategia de la Corriente Bolívar y Zamora

En un documento titulado “Conflicto armado en La Victoria, estado Apure, Venezuela”, la Corriente Bolívar y Zamora (CRBZ) identifica al grupo guerrillero asentado en los municipios Páez, Muñoz y Rómulo Gallegos del estado Apure, reflejando que “se trata de un grupo criminal comandado por Alias Arturo, desprendido e independizado de las FARC-EP, cuyo accionar está centrado en el narcotráfico y otras áreas de la economía del crimen”, destaca la CRBZ, quien han reconocido que cuentan “con una poderosa red de comunicación e información vía mensajería y correo electrónico, con comunicadores y comunicadoras populares y alternativos, influencer en redes sociales, movimientos sociales y organizaciones políticas de América Latina y el Caribe”.

Ahora bien, en lo relacionado al conflicto ocurrido desde el 21 de marzo de 2021 en Apure, es evidente que la Corriente trata de disfrazar el hecho real de que alias Arturo pertenece al ala de Miguel Botache Santanilla alias Gentil Duarte, como estrategia para ocultar la relación de éste con los altos mandos de las FARC-EP desde hace 40 años y antes de la división de la organización.

Lo que no dice la CRBZ es que Gentil Duarte no es cualquier hombre para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su rol protagónico en la guerrilla colombiana es inocultable, desde que ingresó en las FARC hace 41 años; coordinó el Bloque Oriental, fue jefe de los Frentes 7, 27, 42 y 43, así como Camilo Tabaco, perteneció también a los Frentes 14, 28 y 40.

La presencia activa de los hombres al mando de Gentil está justamente en las zonas fronterizas de Colombia: Arauca, Guaviare, Caquetá, Cauca, Guainía, Putumayo, Meta, Nariño, Vaupés y Vichada.

Hay que destacar que la Corriente Bolívar y Zamora es la cara visible de la guerrilla venezolana Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) derivada en Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN); a ella han pertenecido varios dirigentes relacionados a la revolución bolivariana como el alcalde de Páez, José María Romero “Chema”, el diputado de la Asamblea Nacional, Héctor Orlando Zambrano “Lapo”, que han sido los más activos, en medio del conflicto en Apure, en aparecer ante la opinión pública como voceros políticos de la zona.

Lo inaudito es que Romero y Zambrano pretendan ocultar lo que durante años es un hecho irrefutable, porque precisamente ha sido las FBL/FPLN quien se enfrentó durante años, en una lucha fratricida, contra su homologa guerrilla ELN por el control del territorio, principalmente en Apure.

Se cuida la Corriente de mencionar la estrecha relación de confianza y subordinación de Gentil Duarte con alias el Mono Jojoy, jefe del Frente Oriental y jefe militar de las FARC.

En el escrito a su dirigencia la CRBZ dice que ese grupo de Gentil Duarte y alias Arturo, sin mencionar al jefe del campamento en Apure, alias Ferley, “cuenta con bases de operaciones para el tráfico de drogas estupefacientes en el territorio colombiano, así como una red de rutas de comercialización hacia el territorio venezolano”, reconociendo que tienen información que esas FARC-Gentil tiene relación “con carteles mexicanos, específicamente con el Cartel de Sinaloa”.

En el mismo discurso, de los altos funcionarios militares y civiles del régimen venezolano, agrega que “otras informaciones indican que alias Arturo tendría acuerdos con el Estado colombiano para convertirse en punta de lanza de una penetración y agresión a Venezuela, a cambio de la entrega del territorio sin hostigamiento alguno por parte de las fuerzas militares colombianas”.

Satanizan la información

Revela la CRBZ que entre las “actividades terroristas efectuadas se encuentran ataques a la población civil, así como a instituciones públicas y militares”, mencionando que durante los recientes hechos en Apure, ocurrieron cinco ataques directamente contra la Fuerza Armada: ataque al Batallón Sucre en La Victoria, destrucción de la alcabala en la carretera Guasdualito-La Victoria, ataque en El Ripial, con granadas autopropulsadas a un tanque BTR 80, destrucción con explosivos de puesto militar de Tres Esquinas y ataque a puesto militar de La Charca. Además, mencionan el “ataque a subestación eléctrica y posterior ataque con explosivos contra camioneta de Corpoelec”. Y la utilización de minas antipersonales.

Señalan, entre factores de interés, “el frente político/civil implica el accionar a través de Organizaciones No Gubernamentales, activistas políticos y de derechos humanos, así como con instituciones del Estado colombiano. Evidentes en su vocería son FundaRedes, Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CPDH), y activistas como Javier Tarazona”.

Hablan del Frente mediático, para referirse a la difusión de información, destacando que “tiene dos líneas de acción: Operaciones psicológicas hacia la gente de la localidad, vía grupos de WhatsApp, administrados por operadores comunicacionales del grupo narco mercenario, con videos, audios de amedrentamiento, mensajes de pánico, odio, y otros para desinformar y servir de punto de partida a las matrices mediáticas”.

Asegura que se construyen “matrices mediáticas, a través de medios internacionales, que promueven a Venezuela como país cómplice de grupos de guerrilla, narcotráfico y acusaciones de violación de Derechos Humanos. Están allí medios como Infobae, Caracol, NTN24, EVTV Miami, Tal Cual, La Patilla, El Pitazo, VPitv, entre otros”.

No es más que una justificación de la Corriente para ocultar que la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano es un hecho que viene ocurriendo desde hace años, denunciado no solo por medios de comunicación sino por los presidentes del vecino país, mientras que voceros de la revolución bolivariana, con Nicolás Maduro a la cabeza negaban que eso fuera cierto, aun cuando se señalaba datos específicos de las acciones de la guerrilla en territorio venezolano.

Cuando el 9 de febrero de 2019, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, advirtió que Jorge Eliécer Jiménez, alias Jerónimo o Arturo, así como Fabián Guevara alias Ferley, “se encuentran refugiados en el municipio de La Victoria, en el estado Apure en Venezuela”, autoridades venezolanas lo señalaron de mentiroso y acusaron a Colombia de tener una campaña contra Venezuela. Dolorosamente la muerte de 8 militares en las últimas semanas demostró que Martínez, así como también Iván Duque, y antes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez tenían razón sobre la presencia de la guerrilla en Venezuela.

La FBL/FPLN

Otro elemento sobre el que hace énfasis la Corriente Bolívar y Zamora es sobre el despliegue militar. “A medida que se liberan las zonas de la influencia de los narcos mercenarios, la vuelta a la normalidad va avanzando, lo cual ha requerido la realización de un sin número de asambleas populares, bajo la coordinación del alcalde José María Romero”.

En ellas “se han acordado y realizado: Jornadas de atención integral (médica, alimentación) para la población que retorna, aproximadamente 1800 personas a la fecha, restablecimiento del paso vehicular de entre La Victoria, Guasdualito y El Nula en horario determinado. Disposición de canoas, del municipio y de particulares, para prestar servicio de traslado gratuito y permanente. Reinicio de actividades comerciales, reuniones con campesinos y campesinas para dar continuidad a actividades productivas. Restitución del servicio eléctrico caído por el ataque terrorista”.

Si bien es cierto que esas actividades las ha realizado el alcalde alias Chema en la comunidad, también lo es que hay una evidente demostración del abandono en el que han estado esas zonas fronterizas.

Finalmente, es relevante que el documento de la CRBZ destaca que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, denuncia “el uso criminal de minas sin importar la presencia de población civil, y recuerda que, en el año 2013, Venezuela fue declarada libre de minas terrestres”.

Lo que olvidó agregar es que para el año 2018 la Fuerza Armada sabía que el ELN había sembrado minas antipersonales a parte del territorio en El Catatumbo del estado Zulia y uno de esos casos, de los que la FANB nunca hizo mención, fue la muerte el 5 de agosto de 2018 del S2 Brayan Alexander Acosta Fruto, a causa del estallido de una mina antipersonal.

SEGUIR LEYENDO: