Los guerrilleros les queman sus casas, el Ejército las saquea y la FAES los asesina: el drama de los civiles en Apure

Una única pero determinante solicitud hizo el coordinador de FundaRedes en Apure al Ministerio Público y es que se aboquen al conocimiento e investigación de las “violaciones de derechos humanos que ocurrieron en medio de enfrentamientos de carácter bélico entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un sector disidente de la FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), o derivadas con ocasión de esos enfrentamientos o incluso usando esos enfrentamientos como fachada que repercuten significativamente en la población que hace vida en el escenario del conflicto”.

Así se lo hizo saber Juan Francisco García Escalona, coordinador en el estado Apure de la ONG FundaRedes, al Fiscal Superior de Apure, a propósito de lo que ocurre en la frontera, desde el domingo 21 de marzo de 2021, en el marco de la operación Escudo Bolivariano 2021, con las acciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) contra grupos armados irregulares de origen colombiano.

Destaca en el escrito que de acuerdo al comunicado emitido por el Ministerio de Poder Popular para la Defensa, fechado 27 de marzo de 2021, hasta esa fecha el Estado venezolano reportó como balance general ‘seis terroristas neutralizados, veintisiete sospechosos puestos a orden del Tribunal Militar 14 de Control, otros doce detenidos el 30 de marzo y el decomiso de armamentos, granadas, municiones, explosivos, prendas militares, vehículos, drogas y equipos tecnológicos con información relativa a sus actividades”.

Pero el punto central de la petición de Fundaredes se basa en que “más allá del parte de guerra emitido por el Ministerio de la Defensa, como consecuencia de esta acción, han quedado víctimas a quienes les han lesionado derechos humanos, ya sea por acción, omisión, imprudencia o negligencia del Estado venezolano”.

Las víctimas

Es importante destacar que para el momento en que García Escalona presenta la solicitud a la Fiscalía solo habían fallecido los dos primeros militares de los ocho que en total se han sumado como bajas de la institución castrense, producto de esa Operación en la parroquia Urdaneta del estado Apure.

Subraya en los puntos que describe la muerte de “Edward Ramón Cobo Segovia, de la plaza del 911 Batallón de Fuerzas Especiales Teniente Coronel Eliezer Otaiza, y el primer teniente Yonathan Duarte, ambos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.

“Además, 11 soldados resultaron heridos a causa de minas antipersonales presuntamente instaladas por el Frente Décimo de las FARC, que a lo largo de los años venía desarrollando acciones de extorsión, narcotráfico, secuestro, reclutamiento de menores en este territorio sin que el Estado venezolano ejerciera acciones dirigidas a preservar la soberanía nacional, e incluso por denuncias de muchos habitantes del sector, en algunos casos dando apoyo a los grupos irregulares”.

Menciona el caso de los cuatros miembros de la familia Ramírez Remolina: “Luz Dey Remolina (40 años), ama de casa; Emilio Ramírez (41 años), quien se dedicaba al campo; y los jóvenes Ehiner Yafran Anzola Villamizar (20 años) y Jeferson Uriel Ramírez (19 años), presuntamente ajusticiados, según testimonios obtenidos por sus familiares, quienes denuncian que, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana crearon un falso positivo para justificar que los ultimados eran supuestos guerrilleros”.

“Los allegados aseguraron que los ciudadanos no eran terroristas, tal como dijeron los organismos de seguridad en una minuta, en la que se indicó que el procedimiento formó parte del Escudo Bolivariano Lanceros de Apure”.

A la lista se suma el desplazamiento forzoso de 4.741 personas, “conforme a la actualización del día 28 de marzo realizada por Etelivar Torres, primera autoridad de la municipalidad de Arauquita en la República de Colombia, quien reportó el ingreso de 4.741 personas, distribuidas en 1.427 núcleos familiares dentro ellos contando 1.164 mujeres, 1.441 hombres, 578 niños menores de 5 años, 1.209 niños mayores de 5 años, 213 adultos mayores de 60 años, 17 mujeres gestantes y 119 mujeres lactantes”.

“Conforme a testimonios de habitantes de la zona, militares venezolanos llegan a las casas, revisan y sacan a las familias, se las llevan y las regresan. Al llegar a sus propiedades las encuentran destruidas, siendo víctimas de saqueos en sus bodegas o pequeños negocios”.

“Familias venezolanas denunciaron que sus viviendas en Apure fueron quemadas por grupos armados irregulares de origen colombiano. El Defensor del Pueblo del vecino país, Carlos Camargo afirmó que familias ‘dejaron su sitio de habitación, incineraron sus casas’”.

La advertencia fue ignorada

El coordinador de Fundaredes en Apure cita en el escrito, como fundamentos de su petición, el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en cuanto al “derecho a la vida es inviolable”. También, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, consagra sobre “el derecho a la vida es inherente a la persona humana”.

De acuerdo con ellos le dice al titular de la Fiscalía que “acudimos ante sus buenos oficios en aras de solicitarle insten a las autoridades competentes a que sean puestas en práctica medidas preventivas, evitando que se siga propagando esta ola de violencia indiscriminada, y de este modo garantizar lo consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Resalta el artículo 55 de la CRBV, sobre el derecho que tienen las personas “a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.

Finalmente García Escalona destaca que “la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra un grupo disidente de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC), en este caso el Frente 10°, comandado por alias Ferley Gonzales, confirma las denuncias que desde el año 2002 FundaRedes ha venido haciendo y alertando sobre la presencia y actuación de grupos armados irregulares en territorio venezolano, ejerciendo dominio territorial y sometimiento poblacional a los habitantes de varios estados del sur oeste venezolano y otros territorios, lesionando la soberanía nacional”.

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