La justicia de Estados Unidos rechazó este jueves una peticiíon de Alex Saab, presunto testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, de levantar los cargos de blanqueo de dinero en su contra.
Saab alega que no puede ser juzgado porque el régimen venezolano le ha garantizado inmunidad diplomática, pero un juez federal de Miami dijo que antes de presentar sus argumentos debe entregarse a las autoridades estadounidenses, que avanzan con su extradición desde Cabo Verde.
El país africano arrestó al empresario colombiano en junio de 2020 a solicitud de Estados Unidos, cuando su avión hizo una escala allí para reabastecerse de combustible en un viaje con destino a Irán.
El miércoles, la Corte Suprema de Cabo Verde falló a favor del pedido estadounidense de extraditarlo, pero sus abogados apelaron la medida.
La petición extenderá el proceso en el país africano, que ha rechazado todos los planteos anteriores de Saab, y tardará entre dos semanas y dos meses en resolverse. Se trata del último recurso posible para el colombiano y su defensa. De ser infructuoso, no habrá nuevas trabas para su extradición.
No obstante, aún antes de la posible extradición, los abogados de Saab están intentando convencer a los tribunales estadounidenses de que retiren los cargos. El lunes, uno de sus abogados argumentó ante un tribunal federal que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 le otorga a Saab inmunidad diplomática debido a que ha tenido cargos diplomáticos en el gobierno de Maduro desde 2018.
El juez Robert Scola no quedó convencido. En el fallo emitido el jueves, en el que rechazó la moción de Saab, declaró que no ve razón alguna para hacer una excepción a las normas según las cuales los prófugos no pueden tener acceso a los tribunales de Estados Unidos si no se han entregado a autoridades del país.
“Vale la pena repetir: si Saab Moran desea plantear impugnaciones ‘fundamentales’ a la causa, tendrá que comparecer físicamente en este distrito como lo ha pedido el gobierno repetidamente”, escribió Scola.
El empresario, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobrecostes alimentos para un programa de ayudas a los desfavorecidos del régimen de Maduro, conocido como CLAP. Un funcionario del gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, Saab y tres hijastros de Maduro ganaron “cientos de millones de dólares” de manera espuria.
El nombre de Saab saltó a la palestra de los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser un testaferro de Maduro. Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, blanquearon hasta USD 350 millones defraudados a través del sistema de control cambiario. Como se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, Washington tiene jurisdicción en el caso.
El gobierno de Trump hizo de la extradición de Saab una de sus máximas prioridades, e incluso llegaron a enviar un buque de la Marina al archipiélago africano para seguir de cerca la situación de Saab. El régimen de Maduro, en tanto, ha descrito el procesamiento de Saab como un intento de Washington de forzar un cambio de régimen y le ordenó oponerse a la extradición a cualquier costo.
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