La difícil verdad a la que se enfrenta Michelle Bachelet: el régimen de Venezuela no va a cesar de violar los Derechos Humanos

El informe oral del 11 de marzo fue la respuesta más clara que Michelle Bachelet le dio a la estrategia de Nicolás Maduro de publicar una foto de la Alta Comisionada riéndose y que causó una airada reacción de la opinión pública nacional e internacional, pero especialmente de los familiares de los presos políticos, quienes la atacaron con dureza.

La publicación de la foto, el 3 de marzo, no solo por el Twitter de Maduro, sino por la red de medios de propaganda del régimen venezolano no tenía nada de inocente. La reacción a la calculada jugada resultó demoledora para Bachelet, mientras el mandatario venezolano publicó: “Sostuve una excelente videoconferencia con la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH Michelle Bachelet. Conversamos sobre los efectos negativos de las sanciones contra Venezuela, también ampliamos elementos en materia de nuestra política de atención a la Pandemia del COVID-19”. Así dejaba claro que lo que debía ser el tema principal de la Alta Comisionada no estuvo en agenda.

El 26 de febrero de 2021, en el informe oral, se encargó de resaltar “logros” con el gobierno venezolano, entre eso la “liberación” de 12 indígenas, pero cuidadosamente ocultó la muerte por falta de asistencia médica y hambre del pemón Salvador Franco. Se refirió a cinco visitas a centros de detención desde septiembre, pero sin mencionar lo que encontraron en ellas. No hizo mención a la tortura, a la desaparición forzada o al trato vejatorio contra detenidos y familiares. Por ello recibió fuertes críticas.

Cuando el 10 de marzo la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) habló sobre la violación de los Derechos Humanos en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro aspiraba que al día siguiente el informe oral de Michelle Bachelet estuviera alineado al del 26 de febrero.

Si algo ha tratado la representación de la Alta Comisionada en Venezuela es de mantenerse en el país, su oficina ha hecho silencio ante algunos sucesos bochornosos, como cuando no le permitieron el reingreso al país de dos de los delegados, las negativas a las solicitudes que hacen, el trato irrespetuoso. Ni las sonrisas de José María Aranaz han logrado que la comisión de Bachelet tenga verdaderos resultados positivos, más allá de aparentes avances. La realidad es que no hay un solo elemento importante que la Oficina de la Alta Comisionada pueda cuantificar como éxito.

Desde que Bachelet visitó a Venezuela aumentaron los casos de tortura y muerte, se ampliaron el número de celdas en los inmundos sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), hay más desapariciones forzosas, la celeridad de los juicios, de los que ella pensó que podía presumir, han hecho más brutales aun la violación a los derechos humanos y al debido proceso. Las liberaciones no son más que una burla, mientras desocupan celdas por un lado, las llenan con nuevos presos por el otro.

Se sigue aplicando la medida del “acostumbramiento”, que significa la incomunicación del detenido, su desaparición sin derecho a visita de familiares o abogados, muchísimas veces les imponen defensores públicos y son presionados a admitir los hechos con veladas amenazas.

El día después

“Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega”, fue lo primero que destacó Bachelet en su informe oral, del 11 de marzo, ante la 46° sesión ordinaria del Consejo de DDHH de la ONU.

Aunque dijo que “desde septiembre”, el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia, en realidad no es precisamente desde esa fecha, sino desde mucho antes de la pandemia; en el caso de los estados fronterizos esos problemas tienen años.

Fue significativo que esta vez se refiriera a “la muerte trágica de al menos 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020 fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar, así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes”.

Las soluciones a los retrasos judiciales y al hacinamiento en los centros de detención, de los que ella habló, en realidad no son avances significativos, pero fue positivo que mencionara: “Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco”.

Otro aspecto por resaltar es que subrayó el tema de las “restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluida la congelación de activos”, a la vez que destacó que “desde septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”.

La reacción

La Cancillería de Venezuela catalogó de “muy preocupante que la Alta Comisionada ceda ante la presión de actores anti venezolanos y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad, haciéndose eco de campañas mediáticas y presentando especulaciones ideologizadas, como hechos”.

“A pesar de la presencia de su Oficina en el terreno y de los fluidos mecanismos de diálogo existentes con el Estado venezolano, derivados de la Carta de Entendimiento sobre asistencia técnica y cooperación recientemente renovada, la información que maneja y presenta la Alta Comisionada no dista mucho de la que difunden los gobiernos y medios que aspiran un escenario de violencia en Venezuela”.

Le exigieron mayor rigor y objetividad a la vez que le advirtieron que “el Gobierno Bolivariano de Venezuela someterá a revisión la relación con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la próxima renovación de la Carta de compromiso”.

Con esa sentencia Bachelet debe tener claro que la única manera en que Nicolás Maduro le permitirá que su comisión permanezca en Caracas es que no critique lo que sucede en Venezuela.

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