Demócratas Cristianos criticaron la actuación histórica de Cuba al favorecer a Guyana en el reclamo de Venezuela por el Esequibo

“Pasadas una centuria y veintiún años desde 1899, cuando Rusia e Inglaterra despojan a Venezuela de la Guyana Esequiba, mediante un laudo arbitral, político y transaccional, ajeno al Derecho internacional, mientras aquellas se hacían otras concesiones imperiales en el Asia Central, nos encontramos los venezolanos ante la circunstancia de debatir en un tribunal de Derecho, en la Corte Internacional de Justicia, los títulos históricos que dan legitimidad y legalidad a nuestra soberanía territorial sobre el Esequibo”.

Así lo expresa el Consejo Superior de la Democracia Cristiana, que integran personas que han sido referentes en Venezuela como políticos, historiadores, académicos, investigadores, entre ellos: Pedro Pablo Aguilar, Oswaldo Álvarez Paz, Henrique Salas Romer, Humberto Calderón Berti, Andrés Caldera Pietri, José Curiel Rodríguez, Abdón Vivas Terán, Julio César Moreno León, José Rodríguez Iturbe, Maritza Izaguirre, Román Duque Corredor, Haroldo Romero, Gloria Capriles, Nelson Maldonado, Ivonne Attas, Emilio López, Jesús “Chucho” Ganem, Guillermo Yepes Boscán y Enrique Naime.

El Secretario Ejecutivo de la organización es Lorenzo Tovar Colmenares. Y los representantes por el partido Copei son Roberto Enríquez y Robert García. Por Proyecto Venezuela, Henrique Salas Feo y por Convergencia Biagio Pilieri.

La agrupación se dirige a la nación venezolana, a la Conferencia Episcopal y demás organizaciones religiosas, así como a las universidades, academias nacionales, colegios profesionales, sector empresarial, medios de comunicación social y a la resistencia democrática.

El principio que reclaman es “la defensa de nuestro Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia, como un deber de patria”. Son enfáticos en declarar que “no hacerlo es una omisión de lesa patria, que no perdonarán las generaciones futuras”.

Insisten en subrayar que “a la nación venezolana y a sus diversas instancias sociales y políticas les corresponde elevar su voz para la protección de la casa que a todos nos pertenece”, a la vez que abogan para que “de manera responsable, firme y serena, sin estridencias populistas o retóricas, menos electorales, sus autoridades acudan ante la Corte Internacional de Justicia como país civilizado”, y que consignen los memoriales y argumentos irrebatibles que tenemos a manos para nuestra efectiva defensa.

La mala fe

Para el Consejo Superior de la Democracia Cristiana fue “la mala fe de Guyana”, la que hizo imposible que, durante algo más de medio siglo, pudiese alcanzarse la solución práctica, amigable, recíprocamente satisfactoria y completa al diferendo planteado.

Los términos a los que está obligada Guyana y la Gran Bretaña se establecieron conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966, que fue un “logro diplomático alcanzado y sostenido por todos los gobiernos de la democracia hasta 1999”.

Aseguran que “Guyana violentó su deber de negociar, y como consecuencia, tal y como lo dice el Acuerdo, Venezuela, bajo protesta guyanesa, puso en manos del Secretario General de las Naciones Unidas decidir sobre el medio de solución pertinente, en 1982”.

Fue el representante de la ONU quien acepta el encargo a raíz de la firma del Acuerdo de Ginebra. “Proveyó la figura de los buenos oficiantes, designando personalidades del Caribe angloparlante que fueron aceptadas por las partes”. Trascurrieron 34 años sin resultados.

“Ante la negativa reiterada de Guyana de encontrar una solución amistosa y recíprocamente satisfactoria, en 2016, el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió a las partes que, si en el curso de un año no lograban avenirse, entregaría la cuestión para su solución a la Corte Internacional de Justicia. Y así lo ha hecho”.

Es así como “la Corte Internacional de Justicia ha fundado su competencia en el Acuerdo de Ginebra, con lo que, bajo la perspectiva de su mayoría judicial, procederá a conocer sobre la nulidad o no del Laudo Arbitral de 1899 que nos despojase de la Guayana Esequiba”.

“Venezuela y todos sus gobiernos y cancillerías, desde esa última fecha, invariablemente han sostenido la nulidad de dicho laudo, con argumentos tan convincentes que la misma Gran Bretaña no pudo negarse a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966”.

Cuba contra Venezuela

Dicen los demócratas cristianos que “ningún Estado, por derechos que tenga, puede alegarlos ante sí mismo o afirmar que bastan para defenderlos usar la fuerza o consagrarlos en su propia Constitución. De ser así, la misma Gran Bretaña y Guyana podrán afirmar como lo han hecho que en sus mapas y textos legales consta que la Guayana Esequiba les pertenece”.

“En las controversias de tal naturaleza, al término y cuando el entendimiento entre los Estados ha fallado, le corresponde hablar y decidir al Derecho internacional y a su aplicación por la Justicia internacional”.

Resalta el Consejo Superior de la Democracia Cristiana que “el gobierno de Cuba, desde dicha fecha hasta el presente, ha acompañado a Guyana en su postura violatoria del Acuerdo de Ginebra y contribuido con su política exterior a que en el Caribe angloparlante se hubiese visto a Venezuela como nación agresora y no como víctima que fue de la expoliación imperial británica”.

A su juicio “no es de extrañar, así, que la misma Cuba esté influyendo en el régimen de Nicolás Maduro y en quienes lo sostienen dentro de la Fuerza Armada, para que no acuda a presentar sus sólidos argumentos de hecho y de derecho ante la Corte Internacional de Justicia”.

Es así como habría una maniobra con lo que se buscaría “dejarle el espacio libre a la República Cooperativa de Guyana, con vistas a que ahora obtenga una decisión que, a diferencia del Laudo Arbitral de 1899, adquirirá carácter definitivo e inapelable. Así lo confirman sus Estatutos, respaldados por todos los Estados parte de la Organización de las Naciones Unidas, entre estos la misma Venezuela”, finalizan diciendo.

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