Los servicios de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro, espiaron por un año en suelo estadounidense a seis ejecutivos del refinador Citgo Petroleum para determinar su relación con un negocio que la dictadura calificó como fraudulento, lo que llevó a su detención en 2017, según testimonios en la corte.
Los ejecutivos, conocidos como los “Seis de Citgo”, fueron condenados en noviembre pasado a entre 8 y 13 años de prisión luego de un proceso que el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó como una “farsa de juicio”. Cinco de los detenidos son ciudadanos estadounidenses nacionalizados.
Los documentos del juicio revisados por Reuters incluyen el testimonio proporcionado por un alto funcionario militar venezolano, Ramón Balza, sobre el monitoreo. Ese testimonio no ha sido reportado previamente.
Balza, quien se desempeñaba como director de operaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM), dijo que los servicios de inteligencia enviaron información recopilada en el transcurso de un año al fiscal General de régimen, Tarek Saab, cuya oficina la utilizó para abrir una investigación criminal.
Reuters no pudo contactar a Balza y la DGCIM no respondió a una solicitud de comentarios.
La oficina de Saab y el Ministerio de Información de la dictadura de Venezuela también se negaron a responder a las preguntas de Reuters.
“Desde que esa empresa se hizo venezolana es monitoreada por los órganos de inteligencia de este país, su junta directiva”, dijo Balza en un tribunal de apelaciones de Caracas el 11 de agosto.
Balza, quien realizó los arrestos, firmó un informe de investigación criminal que se incorporó como prueba en el juicio y que fue revisado por Reuters. El documento indica que los seis hombres firmaron un contrato de refinanciamiento en julio de 2017 con Citgo que, según los fiscales, era desfavorable para los intereses de Venezuela.
Cuando un abogado defensor de uno de los detenidos le preguntó cómo obtuvo la información, Balza dijo que los servicios de inteligencia tenían “telefonía” y “cosas que se van siguiendo a esas personas”, sin proporcionar detalles específicos.
“Así es como funcionan las agencias de inteligencia”, dijo. “Eso todo el mundo lo sabe y todos los países lo hacen”.
Estados Unidos califica a Nicolás Maduro de dictador y ha impuesto sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA. También ha procesado a altos funcionarios venezolanos por cargos de corrupción y tráfico de drogas.
Estados Unidos impuso sanciones en diciembre al juez y al fiscal del caso Citgo, y señaló que a los medios de comunicación y los grupos de defensa de los derechos humanos se les negó el acceso a los juicios.
Benjamin Gedan, subdirector del programa para América Latina del Wilson Center y ex director para Sudamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que cualquier violación de las leyes estadounidenses por parte de los servicios de inteligencia venezolanos podría brindar una oportunidad para que Washington “tome medidas enérgicas”.
“Si están violando las leyes de Estados Unidos, entonces corren el riesgo de ser procesados y siempre estamos buscando excusas para investigar a los miembros de este régimen”, dijo Gedan.
La ley federal de Estados Unidos prohíbe las escuchas telefónicas sin una orden judicial y exige que cualquier agente extranjero no diplomático se registre en el Departamento de Justicia, según el exfiscal Steven Cash, abogado del bufete Day Pitney.
“Si estuvieran interceptando y escuchando teléfonos en los Estados Unidos, eso sería un crimen”, dijo Cash.
Sin embargo, del testimonio no quedó claro si los servicios de inteligencia venezolanos violaron alguna de esas leyes.
Otra posible complicación para Estados Unidos es que los servicios de inteligencia estadounidenses recopilan rutinariamente “inteligencia humana” sobre países donde Washington tiene intereses estratégicos, dijeron a Reuters cuatro exoficiales de la CIA en un reportaje en 2019.
El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre si el monitoreo desencadenaría alguna acción.
Los documentos del juicio muestran que los abogados defensores dijeron repetidamente que la Fiscalía no presentó evidencia que vincule a los ejecutivos de Citgo -José Pereira, José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell y Gustavo Cárdenas- con la transacción de refinanciamiento.
“Una vez que oímos a [Balza] confesar lo que hicieron, pedimos un sobreseimiento y una investigación penal contra los responsables”, dijo un abogado defensor de Vadell en un comunicado, refiriéndose tanto al seguimiento de los servicios de inteligencia como al testimonio de Balza de que los hombres fueron arrestados antes de que un tribunal emitiera una orden judicial, potencialmente violando su derecho al debido proceso.
Los abogados defensores de los otros detenidos se negaron a comentar el caso.
MONEDA DE CAMBIO
Los ejecutivos son ampliamente vistos como una potencial moneda de cambio para que Venezuela obtenga concesiones de Estados Unidos. Maduro alegó a fines de febrero que los hombres eran agentes de la CIA, sin proporcionar evidencia, y descartó su liberación como una concesión a la administración Biden.
“La última acusación de Maduro no es más que un intento insensible de aprovechar la vida de los ciudadanos estadounidenses como moneda política”, dijo en ese momento un portavoz del Departamento de Estado.
En el testimonio, Balza y Rafael Franco, quien en 2017 se desempeñaba como director especial de investigaciones criminales de la DGCIM, dijeron que la contrainteligencia militar detuvo a los ejecutivos por orden de los fiscales aunque el DGCIM no tenía físicamente una orden de captura en sus manos.
Sin embargo, Balza y Franco dieron testimonios divergentes sobre la cuestión crucial de si un juez había aprobado una orden judicial antes de que los hombres fueran arrestados, sin la cual las detenciones potencialmente habrían sido ilegales.
Balza dijo que los fiscales solicitaron una orden de arresto de un juez después de que el grupo fue detenido. Franco testificó que el fiscal que le ordenó detener a los hombres dijo que un juez ya había emitido una orden de arresto, aunque la DGCIM aún no la había recibido.
Franco era el funcionario de la DGCIM responsable de las relaciones con el sistema judicial, pero no llevó a cabo las detenciones él mismo.
Reuters no pudo contactar a Franco para hacer comentarios.
Balza dijo que la DGCIM creía que los hombres debían volar fuera de Venezuela esa tarde.
“Ya se iban a ir en la tarde, si mal no recuerdo, entonces como ya habían los suficientes elementos, se corría el riesgo de que se fueran del país y no se hicieran las actuaciones a tiempo, entonces, lo que se hizo fue que se retuvo preventivamente, sin llegar a la privación ilegitima de la libertad”, dijo Balza.
Magaly Vásquez, experta venezolana en procedimientos penales de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que la ley venezolana permitiría a los agentes detener a los sospechosos por orden de los fiscales en casos de “necesidad y urgencia excepcionales” si ya existe una orden de arresto, y el fiscal informó a los agentes de esa orden.
Detener a los sospechosos antes de que exista una orden judicial de este tipo sería ilegal, dijo.
Washington sancionó a Franco en julio de 2019 por su presunta participación en la tortura y muerte ese año del capitán de la Armada venezolana, Rafael Acosta Arévalo.
(Con información de Reuters)
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