La oposición de Venezuela que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó denunció este sábado torturas a los militares detenidos en los últimos años por el régimen de Nicolás Maduro y a los que considera “presos políticos”. “Nuestros oficiales institucionales de la Fuerza Armada, que están presos por defender la Constitución, son torturados y sometidos a las peores condiciones de reclusión”, dijo en un mensaje publicado en Twitter el opositor venezolano Julio Borges, nombrado comisionado para las Relaciones Exteriores por Guaidó.
“Pedimos que las organizaciones de derechos humanos alcen su voz y presionen al régimen (de Maduro) para garantizar la vida y libertad de nuestros militares”, añadió Borges en Twitter.
De acuerdo con la ONG local Foro Penal, que defiende a los considerados presos políticos de Venezuela, al menos 123 militares permanecen tras las rejas por oponerse al Gobierno de Maduro.
Uno de ellos, de acuerdo con el recuento que hace el Foro Penal, es el coronel del Ejército Johnny Mejías Laya, quien fue detenido el 30 de enero de 2019 sin que hasta ahora se conozcan los detalles de su caso.
Los familiares de este uniformado han denunciado que durante el tiempo que ha permanecido detenido y bajo custodia del Estado ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas.
María Gabriela de Mejías, esposa del militar preso, denunció esta misma jornada que al militar se le niega la atención médica y los fármacos que necesita para atender algunas dolencias. “Hace más de 8 días (que) a mi esposo, el coronel Johnny Mejías Laya, no le entregan unas pastillas que se le envió porque está orinando sangre”, dijo la mujer en Twitter.
De acuerdo con Borges, el Gobierno de Maduro adelanta estas acciones junto a su aliado Cuba con la intención de “destruir” la Fuerza Armada de Venezuela. “Por eso persigue y encarcela a quienes son ejemplo dentro de la institución. El mundo no puede permitir ni un atropello más, exigimos la libertad plena de todos los militares que están injustamente detenidos”, apuntó.
Según la misión especial de la ONU para Venezuela “las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó la presidenta de la misión, Marta Valiñas.
La misión investigó el accionar del SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) -donde está recluido Johnny Mejías Laya-, y documentó detenciones que en realidad eran “desapariciones forzadas de corta duración”, que incluían “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual” para “obtener confesiones o como castigo”.
rancisco Cox, miembro de la delegación, declaró ante la prensa que los investigadores encontraron evidencias de que Maduro había ordenado en ocasiones personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a quién vigilar y detener. “Tenemos participación y contribución al crimen de Maduro, ya sea directamente a través de la cadena de mando” o en ocasiones “dando órdenes directas”, afirmó. “Tenemos motivos razonables para creer que esto es una política de Estado [...] para sofocar a la oposición”, sostuvo.
La misión investigó “16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales”, además de “2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad” entre 2015 y 2017.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dijeron a la misión que “era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular ‘enfrentamientos’”. “Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”, dijo Valiñas.
Valiñas fue clara: afirmó que la Corte Penal Internacional “deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales” contra los responsables identificados.
En julio pasado, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya había presentado un informe denunciando “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”.
En esa ocasión, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela investigó 223 casos, 48 de ellos en profundidad, en un exhaustivo informe de 443 páginas. Además, estudió otros 2.891 casos para “corroborar los patrones de violaciones y crímenes”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
Con información de EFE
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