La Unión Europea aprobó este lunes nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo a 19 funcionarios a su listado por “graves violaciones de los derechos humanos” y “socavar la democracia”, tras las elecciones del pasado 6 de diciembre que los países de la UE no reconocen, ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE apuntaron a los 19 con congelaciones de activos y prohibiciones de viaje “en vista del deterioro de la situación en Venezuela tras las elecciones de diciembre de 2020”. Los principales partidos de oposición boicotearon esos comicios.
La decisión afecta, entre otros, al comandante de policía Remigio Ceballos; al gobernador del estado de Zulia, Omar José Prieto; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonzo, y dos diputados de la Asamblea Nacional.
“Las personas agregadas a la lista son responsables, en particular, de socavar los derechos electorales de las oposiciones y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales”, dijeron los ministros en un comunicado.
El bloque aclaró que las medidas no están diseñadas para “tener efectos humanitarios adversos o consecuencias no deseadas para la población venezolana, y pueden revertirse”.
“La UE seguirá participando y trabajando con todas las partes interesadas en Venezuela para promover el diálogo pacífico y una solución democrática y sostenible a las crisis en el país”, agregó.
Con esto, asciende a 55 el número de venezolanos que son objeto de sanciones de la UE. La lista incluye a 55 personas, entre ellas a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello, número dos del dictador Nicolás Maduro.
El bloque comenzó a imponer sanciones a Venezuela en 2017 cuando Maduro tomó medidas enérgicas contra la oposición y también impuso un embargo de armas que podrían usarse en la represión interna.
Un tiempo una rica nación petrolera, Venezuela ahora está sumida en una profunda crisis económica, que los críticos atribuyen a dos décadas de políticas socialistas fallidas que han dejado a la nación en bancarrota y su infraestructura en ruinas.
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