Cómo los grupos armados irregulares se están convirtiendo en los grandes terratenientes de Venezuela de la mano del narcotráfico

“He sido amenazado de que debo vender mi propiedad o de lo contrario voy a ser coaccionado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De diferentes formas le han estado pidiendo lo mismo a otros productores de la zona”, le reveló a la organización Fundaredes un productor de El Nula, municipio Páez del estado Apure, cuyo testimonio es parte del informe “Grupos armados irregulares se convierten en los grandes terratenientes de Venezuela”.

“De acuerdo con información confidencial obtenida por FundaRedes, en el sur de Apure las disidencias de las FARC reclutan a los indígenas quienes se organizan y roban a los dueños de fincas e invaden predios que luego son destinados al cultivo de coca y la habilitación de pistas clandestinas dedicadas al narcotráfico, utilizadas algunas veces en alianza con grandes cárteles internacionales”.

“A finales de enero un reporte de la Guardia Nacional en el estado Apure notificó la detención de dos ciudadanos mexicanos y dos venezolanos, presuntos integrantes del cártel mexicano de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, narcotraficante detenido en Estados Unidos. Pero, según informantes, no es la primera vez que las autoridades detienen en ese estado llanero a miembros de organizaciones delictivas transnacionales vinculados con la guerrilla colombiana”.

Investigaciones han determinado que el modo en que actúan los grupos irregulares varía de una región a otra, dependiendo de quién lidere la zona y de los intereses económicos que predominan en el grupo que impone su ley. “En ciertas regiones de la zona norte del Táchira los irregulares ocupan parte de las unidades de producción y obligan a los propietarios a coexistir con ellos dentro de los predios donde instalan campamentos y dirigen sus operaciones”.

“En el sur de Táchira y el Alto Apure informantes de nuestra organización afirman que la guerrilla de origen colombiana incide directamente en la economía de esas zonas, e incluso ha adquirido haciendas como parte de las actividades de lavado de dinero producto del narcotráfico: ‘Usan testaferros, y como muchos tienen nacionalidad venezolana ellos mismos hacen las negociaciones, que son mayormente en pesos colombianos’, refirió un testigo a activistas de FundaRedes”.

Tierras para el narcotráfico

Fundaredes, cuyo director general es el profesor Javier Tarazona, resalta que “la presencia de grupos armados irregulares de origen colombiano y bandas criminales en zonas de frontera entre Venezuela y Colombia abarcan cada vez mayor cantidad de territorios, de acuerdo con denuncias de propietarios de fincas y fundos a quienes les han ocupado sus tierras y expulsado bajo amenazas”.

“Lugareños y denunciantes han visto cómo amplios predios son usados como pistas clandestinas de aterrizaje o como plantaciones de coca y marihuana. En algunos casos estas organizaciones criminales utilizan testaferros para invertir los recursos provenientes del narcotráfico y el contrabando en la adquisición de tierras, de allí que en los últimos años se han convertido en los grandes terratenientes de Venezuela bajo el conocimiento, e incluso algunos casos, complicidad de las autoridades”.

En el Zulia, según el informe de FundaRedes, pobladores de Caño Motilón y Caño del Medio, municipio Catatumbo del estado Zulia, denunciaron en agosto 2020, que varios productores habían sido desalojados por grupos armados irregulares.

“Esa situación también ha ocurrido en algunos municipios de la zona de montaña del estado Táchira, donde habitantes denuncian la reciente llegada de hombres armados para tomar control. ‘A mi compadre le quitaron una finca hace dos años en La Pajuilera, en el límite del municipio en un punto intermedio entre Colón, Michelena y Seboruco, desde ahí están operando. Me dice que son batallones inmensos de hasta 300 o 400 personas’, dijo a activistas de FundaRedes un habitante del sector”.

El antecedente

“El 8 de diciembre de 2010, el entonces presidente Hugo Chávez anunció la intervención de 43 fincas ubicadas en el Sur del Lago de Maracaibo, que totalizaban cerca de 20.200 hectáreas de tierras productivas como parte de las medidas para afrontar la emergencia causada por las lluvias en varios estados del país y enmarcado en la “lucha contra el latifundio”. Para este fin se movilizaron tropas del Ejército venezolano”.

Esas expropiaciones, que realmente fueron confiscaciones, se hicieron en abierta violación a la Constitución. “El proceso de ocupación ilegal de tierras antes dedicadas a la producción agrícola y ahora puestas al servicio del narcotráfico y la delincuencia afectó la provisión de alimentos para los venezolanos, siendo una de las causas directas de la crisis alimentaria en el amplio espectro de la Emergencia Humanitaria Compleja que padece Venezuela”.

“En Barinas, las tierras en conflicto abarcan más de 680.000 hectáreas, lo que equivale a más de 20% de la superficie productiva de la entidad, su ocupación ha afectado severamente la producción de rubros como carne, arroz y maíz”.

“En Bolívar, activistas de FundaRedes han obtenido información de que incluso el gobierno propicia la ocupación y compra de tierras mediante el uso de testaferros, especialmente al sur del estado, y que los pocos propietarios de fincas que aún quedan viven armados o pagan vacuna a pranes”.

“La violación del derecho de propiedad en los territorios rurales comienza con la invasión de fincas que en algunos casos se disimulan tras acciones promovidas bajo las banderas de reivindicaciones para trabajadores del campo desposeídos de la tierra. Procesos que a la larga solo tienen como propósito dejar a los auténticos propietarios sin el dominio de sus propiedades”.

Guerrilla y política

FundaRedes acudió el 8 de diciembre 2020 al Ministerio Público del estado Táchira y a la Fiscalía General de la República “para denunciar formalmente la vulneración del derecho a la propiedad, menoscabado por grupos armados irregulares de origen colombiano en varios estados del país ante la inacción del Estado venezolano para proteger a los legítimos propietarios”.

También el 26 de enero de 2021 acompañó al ciudadano Marco Aurelio Becerra, habitante del municipio Córdoba del estado Táchira, a denunciar ante la Fiscalía que, en La Blanquita, sector Santa Isabel, un grupo guerrillero no identificado invade fincas, reclutan menores de edad, exige pagos y sus miembros portan armas largas. Señala que hay hombres del ELN, aunque también colectivos a quienes la guerrilla entrena.

Becerra dijo que “el Consejo Comunal de La Blanquita que fue el que llevó a esa gente para la zona, ellos están involucrados en este asunto, pues hasta les prestan colaboración… Ya tenemos muertos, han aparecido varios tirados, abaleados y hasta decapitados en la carretera; cerca hay comandos de la Guardia Nacional y no hacen nada, los irregulares circulan libremente armados con fusiles y no hay quién los pare”.

“Becerra declaró a los medios de comunicación locales que: “Este grupo armado está comandado por “Carlos el Guerrillo”, quien le da órdenes al Consejo Comunal y a través de éste exige a la comunidad ciertos pagos, ya habla hasta de cobrar el agua en moneda extranjera”.

“Asegura que hace un año le quitaron con autorización del Instituto Nacional de Tierras (INTI) una finca llamada “Palermo” que pertenecía a su familia desde hace 100 años: ‘Nos quitaron una finca arbitrariamente, confabulados con (el ex gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, porque quien nos quitó la finca es amigo de él. Vielma Mora tuvo ganado en esa finca y nos la despojó, una finca con documentos de tierra propia”. Afirma que el amigo del exmandatario regional es un protegido de la guerrilla colombiana”.

“Becerra se vio obligado a dejar el lugar y habitar otra propiedad, donde también lo merodean los grupos armados irregulares. En un viaje a San Cristóbal fue amenazado y cuando acudió a la Zonal 21 de la GNB a formalizar la denuncia una funcionaria le dijo que no podían hacer nada”.

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