Qué hay detrás del informe de la relatora especial de Derechos Humanos de la ONU para encubrir los crímenes contra presos políticos en Venezuela

No podía ser más decepcionante el informe preliminar de la relatora especial de los derechos humanos, Alena Douhan, sobre lo que ocurre en violación de Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad en Venezuela, dando como excusa las sanciones que a nivel internacional hay contra algunos funcionarios y organismos venezolanos. La reacción de familiares y víctimas de torturas y violación al debido proceso contra presos políticos no se hizo esperar. La pregunta que la relatora no puede responder es: ¿Qué tienen que ver las sanciones con que se torture, asesine y criminalice a personas que el régimen de Nicolás Maduro considera enemigos políticos?

Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en julio del 2019, al final de su informe anual del 41 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, solicitó apoyo para que su oficina se centrara en “garantizar la rendición de cuentas por los abusos y violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, en particular reforzando su labor de vigilancia, documentación, análisis y presentación de informes públicos respecto de la situación de los derechos humanos”.

Después de ese primer informe, la Comisión de Bachelet es expulsada por Nicolás Maduro donde en Cadena Nacional la llamó mentirosa y “enemiga de Venezuela”. Por otra parte, Diosdado Cabello organizó una marcha en contra de la “actitud hipócrita, sumisa y cómplice de la señora Bachelet” y el canciller Jorge Arreaza llegó a decir que ese informe lo había dejado escrito el anterior Comisionado, que no hablaba de las sanciones como causantes de todo lo que ocurría en Venezuela y hasta se atrevió a afirmar que el pueblo venezolano había sido tan perseguido como el pueblo judío.

La verdad es que ese primer informe de Bachelet, aunque reconoce que las sanciones han agravado la crisis económica, las excluye de haber producido la grave crisis producto de “la mala asignación de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento de las infraestructuras públicas, así como el grave déficit de inversiones, han dado lugar a vulneraciones del derecho al nivel de vida adecuado, en muchos casos debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a la electricidad, el agua y el gas natural”, según dijo en ese momento.

A Maduro, como a su gabinete, les molestó que Bachelet, sobre las Medidas Coercitivas Unilaterales dijo que “la economía de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente su industria petrolera y sus sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera ninguna sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 ponen de manifiesto que los indicadores económicos fundamentales habían empezado a degradarse radicalmente mucho antes de agosto de 2017”.

Para ese momento las conclusiones de su informe fueron devastadoras para Maduro y su Régimen. La Alta Comisionada ante los 47 países que conforman el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sentenció: “El Estado ha denegado sistemáticamente el derecho de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan las vulneraciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores y ha marginado a las víctimas. El ACNUDH le preocupa que, si no mejora la situación, seguirá aumentando el éxodo sin precedentes de migrantes y refugiados venezolanos y empeoraran las condiciones de las personas que permanecen en el país”.

El precio del regreso

Un mes después de haber sido expulsados de Venezuela, los tres Oficiales de la OACDHNU regresaron a sus oficinas en La Castellana, Caracas. El cambio en las “recomendaciones y conclusiones” de las actualizaciones orales de Bachelet fue notable y la mención de fuertes denuncias, recogidas por parte de sus Altos Oficiales directamente de las víctimas en Venezuela, fueron silenciadas. Los continuos viajes de Jorge Arreaza a Ginebra y su campaña internacional de que “Las Sanciones son un Crimen”, dieron sus frutos.

Desde que su Comisión se instaló en Venezuela en septiembre del 2019, de nada han servido sus reuniones mensuales con 21 representantes de 10 Instituciones del Gobierno de Maduro, el Comité de Coordinación Institucional para darle seguimiento a los planes de trabajo, ni sus dos planes Nacionales de Derechos Humanos, que por cierto ninguno ha sido publicado, lo que dice bastante de la nueva etapa de Bachelet con Venezuela.

La mayor parte de sus actividades en Venezuela han estado dirigidas a dictar Talleres de Protocolo sobre derechos humanos, dándole una patente de corso a los responsables de crímenes de lesa humanidad, porque no hay la verdadera intención de mejorar la asistencia a las víctimas y mucho menos su reivindicación. El único objetivo que le ha quedado a Bachelet y su comisión es demostrar que si están cumpliendo con el acuerdo de Cooperación Técnica sin que importen los resultados. Muchos familiares de las víctimas observaron con indignación y asombro la publicación que hizo la Cancillería venezolana, celebrando la realización de un Taller de Derechos Humanos entre la Oficina de la Alta Comisionada e Instituciones del Estado, en donde el Presidente de la Corte Marcial el General Edgar Rojas Borges, quien está señalado por crímenes de lesa humanidad, hizo entrega de los diplomas frente a representantes de la OACNUDH que se supone deben proteger los derechos humanos.

La recomendación Bachelet

Todo el 2020 fue escenario de las denuncias, cada vez más crecientes, de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela; en las redes sociales proliferaron las denuncias ante los delegados de la Alta Comisionada en Caracas: persecución política, torturas, tratos crueles e inhumanos, retaliaciones en contra de los testigos de la ONU, ejecuciones extrajudiciales, violaciones al debido proceso, impunidad judicial, contagio del COVID-19 de los presos políticos en los sótanos de la DGCIM sin atención médica y la falta de actuación de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Publico.

La doctora Bachelet, en el informe anual del 44 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en julio del 2020, hizo una “recomendación” principal: “Los Estados Miembros deberían plantearse la revisión, suspensión o el levantamiento de las sanciones sectoriales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela que obstaculiza los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a los efectos combinados de la situación humanitaria y la pandemia de COVID-19 sobre la población”.

Así mismo, como primera conclusión, habló del aumento de la cooperación con las autoridades “para promover el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos gracias a la su presencia en el país. El Acnudh también manifiesta su satisfacción con los esfuerzos del Gobierno para comprometerse aún mas con los mecanismos internacionales de derechos humanos”.

Y para rematar, en ese mismo informe, la alta Comisionada anunció que el Gobierno venezolano había aceptado la visita de tres Relatores Especiales. La primera visita seria del Relator Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos; el segundo es el Relator sobre el derecho al desarrollo que seguramente también vendrá a Venezuela este año; y sobre el tercero, solo mencionó que el Gobierno se comprometió a invitarlo, pero no precisó quién es.

La excusa: las sanciones

El régimen de Maduro ha avanzado en maquillar una mejor imagen en materia de defensa de derechos humanos ante la Comunidad Internacional, sin embargo, las Naciones Unidas a través de sus procedimientos especiales, no parece que le facilitará la maniobra. Eso se evidencia con el nombramiento de la Misión Independiente sobre la Determinación de los Hechos sobre Venezuela para investigar aquel primer informe demoledor de Bachelet en julio del 2019, lo que le dio la posibilidad a las víctimas de defenderse, y tener una voz que realmente las represente.

A pesar de que el régimen impidió que dicha Misión ingresara a Venezuela, las víctimas de violaciones de derechos humanos lograron dar testimonios de las crueles torturas sufridas en manos de funcionarios, rebelando patrones de violación sistemática de derechos humanos.

Es así como en septiembre de 2020, en la presentación de su informe, tres investigadores independientes, frente a los 47 miembros del Consejo de derechos Humanos de las Naciones Unidas señalaron a Maduro y a más de 100 funcionarios como responsables de Crímenes de Lesa Humanidad, echando por tierra las declaraciones de Bachelet sobre un Gobierno comprometido con los derechos humanos.

Además, en el 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 22 de febrero - 23 de marzo de 2021, ambas Comisiones tendrán que presentar la actualización sobre Venezuela, en la misma sesión. Tanto la Alta Comisionada como los expertos de la Misión Independiente, tendrán que presentar sus informes sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

La pregunta que se hacen las víctimas y sus familiares de violación de derechos humanos en Venezuela es si Bachelet va a ignorar las denuncias que sus delegados en Venezuela han recibido de ellos a través de denuncias, personales, cartas e informes de organizaciones no gubernamentales.

¿Cómo va a exponer Bachelet un logro de su gestión la liberación de los 12 pemones, sin mencionar la muerte de Salvador Franco por falta de atención médica y alimentación? ¿Qué dirá sobre los casos que siguen abiertos de la Misión Independiente como, por ejemplo, caso #17 del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, cuyos asesinos y torturadores continúan libres?

Las víctimas

Molly De La Sotta es la representante de la ONG Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela, pero también es la hermana del capitán de navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga, quien permanece en los infernales sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde mayor 2018, en constante violación al debido proceso y a sus derechos humanos, denegación de justicia y negativa de asistirlo médica.

“La visita de la Relatora Especial Alena Dourhan, estaba ampliamente anunciada, sin embargo, pasó desapercibida por los líderes de la Oposición. No se vieron manifestaciones de apoyo a las víctimas de las violaciones de derechos Humanos frente a las puertas de la ONU”.

Recordó Molly de La Sotta que la ONG que representa solicitó con anticipación una reunión con la relatora Dourhan y no obtuvo respuesta. “Queríamos presentarle la lista de militares que tienen procedimientos especiales de Grupos de Trabajo de las Naciones Unidas donde se solicita su liberación, así como algunos que han cumplido la pena y continúan presos ilegalmente y torturados. Así mismo, el hecho de que los militares en Sebin, Ramo Verde y La Pica tienen once meses sin visita familiar ni de abogados”.

“La Oficina de la señora Bachelet en Caracas dijo, a varias personas interesadas en presentar sus casos, que no podían hacer la intermediación para una reunión con la Relatora. Podríamos pensar, por el resultado sesgado del informe, que la Relatora recibió una sola versión de los hechos, sin embargo, en su informe, dice que se reunió con la Oficina de la Alta Comisionada, quien por cierto tiene todas las denuncias actualizadas”.

Aseguró De La Sotta que “constantemente se les hace entrega de la situación de los presos políticos militares, denunciando las condiciones de reclusión, la falta de luz solar, de alimentación, de atención médica, la falta de debido proceso, las violaciones al derecho a la defensa, el confinamiento en solitario prohibido por las Naciones Unidas”.

“Los presos políticos militares están siendo ejecutados lentamente en sótanos y celdas infrahumanas, muchos han sido contagiados de COVID-19 y sufren las secuelas del contagio sin que alguien reclame. A pesar de esto, en el informe de la Relatora nada se menciona. Nuestra pregunta entonces es: “¿Qué tiene que ver las sanciones con las torturas a nuestros familiares? ¿Qué tienen que ver las sanciones con la violación de la Ley contra la Tortura por parte jueces, fiscales, defensores públicos, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Publico?”, se pregunta Molly De La Sotta.

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