Dos generales intentaron frenar el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez en 1992, pero no fueron escuchados: el informe secreto

El oficial del Ejército venezolano que estuvo más cerca de impedir que Hugo Chávez materializara la intentona golpista del 4 de febrero en 1992, que acaba de conmemorarse, fue el general de División del Ejército Carlos Julio Peñaloza Zambrano, un tachirense que desde hace años vive fuera del país. “Peñaloza sabía, informaba, desesperaba, jamás hubo un concurso de tantos sordos, porque nos negamos a creer que fuera de ineptos o de alcahuetes”.

La historia fue contada cuatro años después del intento de golpe del 4F, en el libro “Los golpes de Estado desde Castro hasta Caldera” del general de División (Av) Iván Darío Jiménez Sánchez, fallecido en mayo 2017, quien fuera ministro de la Defensa desde junio 1992 a junio 1993; de hecho, el oficial muy querido y respetado en la institución castrense, enfrentó el intento golpista del 27N.

Según lo narrado por Tequilón, como cariñosamente llamaban sus compañeros al general Jiménez, el general Peñaloza intentó “cerrarle el ascenso al mayor Chávez Frías, al final, por carecer de pruebas tangibles hubo de renunciar a su intención, no tenía evidencias, pero sabía de las andadas de Chávez, no podía deshacerse de él arbitrariamente, los reglamentos no lo permiten y Chávez tenía fama de ser un excelente oficial, a pesar de algunos “trastabilleos” en el curso de Estado Mayor”.

Hubo un antecedente significativo y fue cuando el 26 de octubre de 1988, el mayor Soler Zambrano moviliza los tanques Dragones hasta la esquina de Carmelitas. “El general Peñaloza mandó a detener al mayor Chávez y a los demás conjurados en diciembre de 1989 porque presuntamente tomarían el poder aprovechando la movilización general de las Fuerzas Armadas con motivo de las elecciones de gobernadores. ¿Cómo es que posteriormente fueron colocados como comandantes de unidades claves?”.

Otra de las preguntas de Jiménez es “¿Por qué razón, si Chávez Frías reprueba una materia del curso de Estado Mayor, se le da una segunda oportunidad para reparar, cuando es sabido el estricto carácter de estos estudios, donde no existen tales concesiones? ¿Si se manejaba toda la información anterior por qué, a pesar de no tener pruebas incuestionables como para arrestar a los comandantes de febrero, se destituye al general Herminio Fuenmayor, director del DIM, quien por poco obtiene las tan cacareadas pruebas?”

La conclusión del exministro de la Defensa en su obra es que “alguien o algunos cuidaron los pasos de los comandantes, sea dentro del Ejército (acaso algunos de los oficiales pertenecientes a Los Notables) sea dentro de otros sectores de la vida nacional, se encargaron de sacar del camino aquellos que se interpusieron o tenían la certeza de la asonada que se estaba preparando”.

El oficial coloca la duda en algunos parlamentarios del año 1996, “o siguen escribiendo bajo una aureola de “intachables” periodistas, o siguen lanzando prédicas “evangelizadoras” a su rebaño, o disfrutan de un merecido retiro luego de “sacrificados” 30 años de servicios a la patria”.

El documento

El general Jiménez Sánchez revela que existió un documento militar secreto denominado “Análisis de la Situación del Día 4-2-92”, que fue el análisis de antecedentes y hechos “sobre diversos tópicos militares con clasificación de seguridad, dependiente de la información manejada, nos señala luego de la asonada militar del 3 de febrero de 1992 serias informaciones que indican que Peñaloza no andaba tan errado como se pensaba”.

Según ese informe al que hace alusión el extitular castrense, un militar que había sido contactado se lo notificó a su superior “quien lo llevó ante el Comandante de la Primera División de Infantería, el general de División Pedro Remigio Rangel Rojas (año 1988-1989), éste puso en conocimiento de los hechos al general de División Carlos Julio Peñaloza quien para esa fecha era Jefe del Estado Mayor General del Ejército”

“La fuente fue llamada al Comando del Ejército cuando recibió el general Peñaloza y allí informó al Alto Mando de esa Fuerza para ese momento, detalles del caso, de allí fue llevado ante la presencia del Ministro de la Defensa, general de División (Av.) Filmo López Uzcátegui, quien también hizo referir el recuento de los hechos a otras personas como lo fueron, el Dr. Torres Agudo y el Dr. Alejandro Izaguirre (Director de la Disip y Ministro de Relaciones Interiores respectivamente)”.

La fuente informó a todos los altos oficiales lo siguientes “Que a él se le había contactado para que se encargara de matar al Comandante de la Guarnición de Maracaibo, donde se iniciaría el movimiento sedicioso. Para esa fecha (año 1988-1989) él estaba sirviendo en esa Guarnición y el comandante de la misma era el general de División Pedro Remigio Rangel Rojas”.

“Que los supuestos implicados por él conocidos o quienes lo contactaron eran: Andrés Velázquez (para la época gobernador del estado Bolívar), Pablo Medina (miembro de La Causa R), senador Carlos Alberto Azpurua, mayor Italo Brett Smith, teniente coronel Noé Acosta Olivares y coronel (GN) Méndez Russo”.

“Que los dirigentes militares de las acciones planificadas eran Tcnel. Chávez Frías, Tcnel. Urdaneta Hernández, Tcnel. Martínez Morales, Tcnel. Ortiz Contreras, Tcnel. Acosta Olivares y otros, todos ellos para aquel entonces eran mayores. Que existía el compromiso de integrantes de otras Fuerzas (Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional) de apoyar irrestrictamente el movimiento”.

“La “fuente” como se denomina al informante, no era otra persona que el mayor (Ej.) Orlando Madrid Benítez quien, en el año de 1988, primero por intermedio de su superior inmediato, para entonces el general Rangel Rojas, luego directamente al general de División Carlos Julio Peñaloza Zambrano le mantendrá al tanto sobre los conciliábulos de corte conspirativo y la organización de las operaciones para el logro de tales fines”.

El avance del general

Narra Jiménez en su libro que, conocida la información aportada por Madrid Benítez, “el general Peñaloza no se inmuta, ahora ha añadido nuevos indicios incriminatorios a los que ya maneja desde la Academia Militar, no se precipita, le ordena infiltrarse, grabar las reuniones e informar”.

“El mayor a juzgar por sus informes o notas informativas se limita a grabar las reuniones y hacer un relato, no profundiza en nombres ni acciones, “se hicieron comentarios sobre oficiales comprometidos y unidades involucradas en el movimiento”, sin embargo va a aportar a los organismos de inteligencia, información de primera mano, que si bien no eran indicios suficientes para enjuiciar a todos los involucrados, sí habría permitido tomar otras medidas de carácter administrativo como movimientos repentinos de personal que trastocaran los planes previstos por los conspiradores, porque dejarles seguir el juego hasta las últimas consecuencias pudo haber sido decisivo y favorable para los conjurados”.

Sin duda que el oficial que dirigió el Ministerio de la Defensa expresa, no sin cierta impotencia, que “una simple medida de carácter administrativo, tomada a tiempo y de manera responsable, tal como rezan los múltiples reglamentos y procedimientos de administración de personal, como rotación de mandos o bajas disciplinarias, (arbitrarias en su apariencia) habría evitado la apertura de 13 averiguaciones sumariales de carácter penal por parte de los Consejos de Guerra Permanente de las guarniciones de Maracay, Valencia, Guárico y Distrito Federal, todas acumuladas por conexidad en el último de los nombrados”.

Agrega que “se habría evitado que se reportara como bajas de combate a 1 capitán, 2 subtenientes, 1 sargento segundo, 2 cabos segundos, 4 distinguidos, 7 soldados, guardia de honor y 1 guardia nacional, 4 agentes policiales, y 4 ciudadanos civiles; se habría evitado los autos de detención por iniciadores o jefes en el delito de rebelión militar, de conformidad con los artículos 476, ordinal tercero en concordancia con el artículo 477, ordinal primero, del Código de Justicia Militar a 6 tenientes coroneles, 5 mayores, 20 capitanes, 13 tenientes 4 subtenientes y 5 suboficiales; se habría evitado los autos de detención en el grado de adherentes a rebelión militar, de conformidad con los artículos 479, y 477, ordinal segundo ejusdem a 3 mayores, 10 capitanes, 25 subtenientes, 25 suboficiales, 8 sargentos de tropas y a la irrisoria y nada confiable suma de 8 civiles”.

“Ni la detención preventiva y posterior liberación, que deja dudas y “mal parada” su situación dentro del Cuerpo del Ejército, por la falta de credibilidad en las lealtades, que por razones obvias crea, a 215 militares, acordadas en el auto de libertad inmediata, así como los 115 sobreseimientos por vía de gracia; ni la reclusión de 4 tenientes coroneles, 1 mayor y 19 capitanes en el Cuartel San Carlos, en el anexo militar de Yare de 2 tenientes coroneles, 3 mayores, 6 capitanes y un suboficial, ni de 11 tenientes y 1 suboficial en el Lino de Clemente”.

En conclusión, dice que “se habría evitado el fraccionamiento de más terribles consecuencias para el estamento militar creando bandos y rivalidades, inclusive en familias con nexos cercanos, todo ello cuestiona a la alta cúpula del Ejército. Como sana y aleccionadora medida las órdenes de aperturas de averiguaciones sumariales debían haber sido secundadas por una remoción masiva de los oficiales que se dejaron desbordar por sus unidades, así como también remover a sus superiores inmediatos”.

Fuenmayor y Peñaloza

Llama la atención el general Jiménez en “otro controversial personaje (tal parece que el destino los unió en el tiempo que les tocó prestar servicio), el general de Brigada Herminio Fuenmayor -director del DIM por la misma época en que el general Peñaloza es Comandante del Ejército-, tampoco muy querido por su carácter, pero más que todo por el agudo sentido para observar y deducir”.

“Herminio Fuenmayor logra establecer una eficaz red de inteligencia y con extraordinaria precisión, da con la pista de los cofrades, tiene nombres y suposiciones, que hoy no son ni tan descabelladas, inexactas y mucho menos alarmistas. Corría el año de 1991 y sus “chocantes” declaraciones en relación a este proceso producen su “renuncia”, las razones oficiales de su remoción nos parecen artificiales”.

“Eliminado Herminio Fuenmayor queda desarticulada la red de inteligencia que pisaba los pasos a los conjurados y se pierde así una real posibilidad de desmontar en buena parte los tentáculos de la conspiración”.

“¿Los desvaríos de Fuenmayor, las impertinencias de Peñaloza?, luego de cotejar las demás advertencias ya no nos parecen ni tan desvariados ni tan impertinentes, lo que sí nos parece fue que se cometió un gran error al no oírlos e impedirles que trasmitieran sus inquietudes, el no investigar a fondo aquello que tanto se repetía, otro claro ejemplo de lo infalible que se creen los que ostentan el poder”, dice el general Iván Darío Jiménez en su obra escrita.

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