El presidente de Guyana, Irfaan Ali, ha anunciado que mantendrá la ruptura total de relaciones con Venezuela hasta que “cese la agresión” y libere a los dos barcos y los pescadores retenidos desde el pasado 21 de enero tras ser interceptados por la Armada venezolana. Guyana asegura que fueron apresados en aguas guyanesas, mientras que Venezuela sostiene que estaban en sus aguas jurisdiccionales.
“Queremos abordar las cuestiones bilaterales de interés mutuo tales como la COVID-19 y la migración venezolana a Guyana, pero estos contactos deben estar precedidos de un compromiso por parte de Venezuela de cesar la agresión y liberar de inmediato los buques y tripulación”, ha afirmado este sábado Ali en rueda de prensa recogida por el periódico ‘Stabroek News’ en su edición digital.
Así, Guyana exige “una clara demostración por parte de Venezuela de que desistirá de nuevos actos de agresión contra Guyana, comenzando por la liberación de los pescadores guyaneses y sus buques”.
Ali responde así a la propuesta del secretario general de la ONU, António Guterres, quien ha ofrecido la mediación de “buenos oficios” entre Venezuela y Guyana para resolver cuestiones ajenas al contencioso territorial por el control de la región de Esequibo que enfrenta a ambos países.
Ali ha sido el encargado de publicitar la propuesta de Guterres en un mensaje a la nación y ha subrayado que el máximo responsable de la ONU ha reiterado su respaldo a que la Corte Internacional de Justicia sea la que dictamine sobre el contencioso territorial, extremo que rechaza Venezuela.
Las embarcaciones pesqueras ‘Lady Nayera’ y ‘Sea Wolf’ fueron interceptadas por el buque de guerra ‘Comandante Eterno Hugo Chávez’ en la Zona Económica Exclusiva guyanesa y trasladadas al puerto de Güiria, donde permanecen detenidos barcos y tripulaciones, según Guyana. Caracas sostiene que ambas embarcaciones estaban en aguas jurisdiccionales venezolanas.
Guyana denuncia que el incidente ocurre poco después del decreto publicado recientemente por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que establece un nuevo territorio marítimo denominado Territorio para el Desarrollo de la Fachada Atlántica que “incluye aguas territoriales de Guyana, su zona económica exclusiva y su plataforma continental, así como el territorio situado al oeste del río Esequibo”. Este decreto “supone una flagrante violación de la soberanía de Guyana y sus derechos soberanos”.
DISPUTA POR ESEQUIBO
Basada en un mapa de la corona de España del siglo XVIII, Venezuela reivindica como propio desde 1844 el territorio del Esequibo o Guayana Esequiba, una superficie de 159.542 kilómetros cuadrados, equivalente a 74,2% de los 214.970 kilómetros cuadrados en poder de Guyana y que nunca estuvo bajo soberanía efectiva española ni venezolana.
Caracas y Georgetown buscaron resolver el conflicto mediante vías que no dieron resultado -un arbitraje en 1899, el Acuerdo de Ginebra de 1966 que promovió negociaciones bilaterales y la gestión de buenos oficios de la ONU, a partir de 1987- pero sin que el asunto se convirtiera en un foco de tensión preocupante para ambos países ni, por lo tanto, para la región.
La situación comenzó a cambiar en 2015, cuando la empresa estadounidense Exxon anunció el descubrimiento de petróleo en el bloque Stabroek, en el océano Atlántico que, según el Gobierno de Guyana, contiene reservas por 700 millones de barriles y, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, es la segunda mayor área del mundo con crudo sin explorar.
Maduro reaccionó rechazando por primera vez una concesión otorgada por Guyana en el área en disputa y decretando la creación de cuatro cuatro “zonas de defensa integral marítima e insular”, una de las cuales abarca el área “en reclamación”. Esa posición venezolana fue cuestionada no solo por Guyana, sino también por su vecina Surinam y por la Comunidad del Caribe (Caricom).
El anterior ministro de Recursos Naturales de Guyana, Raphael Trotman, estimó que el valor de esa reserva puede llegar a 40.000 millones de dólares, equivalente a más de 10 veces el PBI del país. Eso llevó a que el Banco Mundial proyectara que Guyana sería el país con mayor crecimiento económico en 2020 y a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuantificara esa evolución en 86%, en medio del impacto global negativo provocado por la pandemia de coronavirus.
En diciembre la Corte Internacional de Justicia falló, a pedido de Guyana, que tiene jurisdicción en el asunto y que habrá audiencias para escuchar a las partes, un proceso que puede llevar años y al que el régimen de Venezuela se opone.
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