La Fuerza Armada y los cuerpos policiales son las instituciones más corruptas en la frontera venezolana

El estudio de la Coalición Anticorrupción de Venezuela (CAV) del período correspondiente al año 2019, arroja una cifra terrible para la institución castrense venezolana, porque la inmensa mayoría de los consultados en la frontera considera a la Fuerza Armada venezolana y a los cuerpos policiales como las instituciones más corruptas del país.

El hecho de que la gran mayoría de los consultados por la Coalición Anticorrupción señalen a la FANB y a las Policías como corruptas, responde, entre otros factores, a la cada vez más pérdida de razón de ser de la institución castrense, que no cumple con las funciones esenciales que le ordena la Constitución Bolivariana, como es la defensa del territorio y la soberanía, para lo cual le ha dado el monopolio de las armas.

Es importante resaltar que el reglón principal lo ocupa “cuerpos policiales nacionales, regionales o municipales”, lo que refleja una fuerte crítica contra la Policía Nacional Bolivariana, incluyendo su cuerpo elite Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuya actuación arroja denuncias constantes de desapariciones, ajusticiamientos, todo lo relacionado a la violación de derechos humanos.

Y junto a ellos, en segundo lugar, está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) seguido de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que también es un componente militar, pero aparece en un renglón aparte. Es un cuadro desalentador para la institución castrense que se le considere entre las principales instituciones más corruptas del país.

Sin duda que la Guardia Nacional tiene un sitial aparte, por el ciudadano común, a la hora de considerar a la Fuerza Armada; aunque en la frontera hay presencia de los cuatro componentes militares, es la GNB la que tiene mayor roce con la población civil, se les ve en todas las alcabalas o puntos de control, se convierten en la autoridad militar y además su acelerado desprestigio se lo han ganado por el cobro de colaboraciones, ayudas, extorsiones o vacunas para el paso de mercancía de un lado a otro de la frontera.

Todo ello aunado a su actuación brutalmente represiva y violenta en contra de muchas manifestaciones de protesta en todo el país.

A esa actuación perversa de numerosos militares se suma que la población percibe, cada vez más, como inútil a la institución castrense, lo que se refleja en que se ha ido ocupando de actividades que no le son propias, que en el pasado solo ejercían en situaciones especiales o imprevistas, pero siempre fueron por corto plazo.

Y sin duda, el hecho de asumirla como una institución cuyos jerarcas la califican de “profundamente chavista”, es decir parcializada hacia un polo ideológico y partidista. La politización de la Fuerza Armada le ha cobrado una altísima cuota de legitimidad entre la población y especialmente en la frontera.

El resumen de lo planteado por la Coalición Anticorrupción es que en Venezuela hoy “existen 8 bloques de organizaciones de delincuencia organizada, algunos de los cuales controlan territorios y han creado especies de microestados en el país: las mega bandas criminales, los seudo sindicatos (construcción, petroleros y mineros), los “colectivos” armados, los “pranes” y sus organizaciones carcelarias, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o “Boliches”, holding de la corrupción, tráfico ilegal de drogas y, finalmente, FARC (Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia), ELN (Ejército de Liberación Nacional) y Bacrim (bandas criminales)”.

En realidad, lo que se demuestra con eso es que la Fuerza Armada dejó de cumplir su función, dejó de garantizar la defensa del territorio y la soberanía, que le ordena y para lo cual le da el control de las armas de la República.

“Artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna...”

Coalición Anticorrupción

“Junto al contrabando de combustible, el tráfico ilícito de mercancías y de materiales estratégicos y el lavado de dinero, están el abuso de autoridad, la extorsión, el tráfico de influencias, que - además de constituir delitos en sí mismos-, fungen como medios para que otros actos delictivos se produzcan. El tráfico de drogas se entiende como un delito permanente y parte del paisaje”, arranca la sección relacionada a la frontera que la Coalición Anticorrupción de Venezuela plasma en su más reciente informe.

Como consecuencia del desmantelamiento institucional que sufre Venezuela, señala los principales problemas, según la división del territorio: “La invasión de tierras, el tráfico de personas, la inmigración ilícita y el sicariato, que también aparece en Bolívar, son más marcadas en Barinas y Táchira”.

Aunque la Coalición resalta que “el tráfico de drogas es muy relevante en Apure, Barinas, Sucre y Bolívar, pero curiosamente no fue señalado en Táchira”, no consideran al estado Zulia y Falcón, lugares determinantes para los carteles del narcotráfico.

“El tráfico de materiales estratégicos y la corrupción propia están más presentes en Táchira, Zulia y Bolívar. En Bolívar, el oro es el producto que mueve la actividad del crimen organizado, con mucha más violencia, anarquía y destrucción que los grupos criminales en otras fronteras”.

El 97% de personas, que la Coalición Anticorrupción consultó, consideraron que “los delitos están asociados a grupos de crimen organizado, lo cual tiene sentido por cuanto el tipo de delitos presentes en la frontera requiere poderosos aparatos organizativos formales e irregulares”.

En cuanto a la respuesta de de los órganos de seguridad ante hechos delictivos en frontera, “cerca del 90% de los entrevistados opinó que la actuación de los órganos de seguridad se asocia a complicidad en la comisión de delitos o a la incapacidad para cumplir con las funciones de su competencia”.

Es muy revelador lo que el informe 2019 de la Coalición arroja en cuanto a quienes son consideradas las instituciones más corruptas en la frontera, ubicándose de primero “los cuerpos garantes de la seguridad y la paz como la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) y policías”.

Las alcaldías y gobernaciones se encuentran “cabeza a cabeza” con los organismos de seguridad en materia de corrupción. Se percibe un cuestionamiento general acerca del desempeño institucional del Ministerio Público.

A la vez, Coalición Anticorrupción observa “un cuadro de desmantelamiento institucional y desprotección, que favorece los delitos de corrupción y crimen organizado, y profundiza la indefensión de los venezolanos y compromete el pleno ejercicio de sus derechos humanos”.

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