El chavismo utiliza a la Fuerza Armada como pieza de ataque contra periodistas y defensores de derechos humanos en Venezuela

El uso que ahora le están dando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desde sus plataformas de comunicación, es el ataque contra medios de comunicación y contra periodistas, como el avance de un plan bien orquestado contra organizaciones ocupadas de la defensa de derechos humanos y asistencia a sectores vulnerables del país. La función específica que la FANB tiene señalada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la defensa del territorio y la soberanía, que no está cumpliendo. Esta etapa de ser un ente de propaganda para el Gobierno de turno la desdibuja y le pierde su razón de ser.

En las redes sociales de la Aviación Militar Bolivariana (AMB) se publicó, acompañado de un video señalando a medios como Efecto Cocuyo y la red Fe y Alegría, así como al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP): “En la guerra contra Venezuela se apela al uso de medios de comunicación que en realidad solo son mamparas al servicio de intereses extranjeros. Un ejemplo de ello es Efecto Cocuyo”, dice un tuit del componente militar, a la vez que se respalda en el video publicado en redes por latabla, que no tiene rostro conocido, pero que es un medio de apoyo en la defensa del gobierno de Nicolás Maduro.

Más allá de la libertad que tiene cualquier medio de comunicación o comunitario a publicar lo que considere, lo inaudito es que la institución armada sea usada para atentar o criminalizar a medios de comunicación y periodistas. Es una estrategia peligrosa esa de considerar enemigos a los medios y ONG. De ahí a que las armas de la República se volteen contra periodistas y defensores de derechos humanos, solo hay un paso.

Está claro que el ataque, desde redes sociales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones gremiales, es el paso inmediato después de la arremetida y amenaza contra defensores de derechos humanos y activistas: allanamientos a ONG Alimenta la Solidaridad, Convite y Azul Positivo.

Hay que destacar que el 15 de diciembre funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) allanaron la sede de la ONG Convite, por orden del juez del Tribunal Cuarto de Control, José Macsimino Márquez García, incautaron equipos de computación y documentos financieros de la organización, según causa No. 4CT-5-015-2020. Se llevaron detenido al director de la ONG, Luis Francisco Cabezas, para “una entrevista”.

Una semana antes, usando a funcionarios del servicio tributario Seniat y de Conatel, fue desmantelado el canal VPITV (Venezolanos Por la Información). El medio reportó que “los funcionarios están realizando un inventario para incautar equipos de transmisión, cámaras, computadoras entre otros implementos de trabajo, fundamentales para la realización de nuestros reportajes periodísticos”.

Contra defensores

La detención de varios integrantes de la organización Azul Positivo y las amenazas contra la ONG Provea y contra alguno de sus miembros, como ocurrió cuando Diosdado Cabello mencionó en su programa a Rafael Uzcátegui; cada vez que el conductor del programa se refiere a alguna persona así, es una orden para algunos de sus subalternos, que incluyen funcionarios policiales o jueces.

Azul Positivo es una ONG, que funciona en el estado Zulia, a casi 700 kilómetros de Caracas, y que tiene más de 16 años atendiendo con programas destinados a asistir a personas con VIH y a promover la salud sexual. Amnistía Internacional describe su labor como “admirable y muy necesaria para mitigar el impacto de la crisis humanitaria en las personas”.

El 12 de enero una comisión, de quince funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) del Zulia, allanó las oficinas de Azul Positivo, de las cuales se llevó tres computadoras, 12 tarjetas de beneficios del programa humanitario, el banco de datos de los beneficiarios y cinco equipos telefónicos.

Detuvo a cuatro activistas y al chofer Miguel Guerra Raydan, éste quedó en libertad al día siguiente. En horas de la noche detienen en su vivienda a Luis Ferrabuz, quien fue a unirse con los otros cuatro detenidos: Alejandro Gómez Di Maggio, Johan León Reyes, Layners Gutiérrez Díaz y Yordy Bermúdez.

Aunque los abogados trataron de asistir a los activistas detenidos, no se lo permitieron, solo tuvieron acceso a ellos después que los presentaron ante los tribunales militares, que declinaron su competencia en el caso. Lo asumió el Tribunal 4 de control del estado Zulia.

Un tribunal les dictó privativa de libertad y el Ministerio Público los acusó de los siguientes delitos contemplados en la Ley de Delitos Informáticos y la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo; manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Amnistía Internacional se pronunció en rechazo a esa detención, destacando que el trabajo de Azul positivo “debe ser garantizado, protegido y celebrado, no criminalizado”.

El 12 de diciembre, un mes antes de esa detención, el Servicio de Medicina Forense del Ministerio del Interior y Justicia (Senamef) anunciaba en sus redes que había fijado “un programa de apoyo a las víctimas de violencia de género a través de una alianza” con Azul Positivo, destacando la dotación de pruebas para ETS y kits de profilaxis post exposición, “contribuyendo a la atención integral de los usuarios”.

La ONU

A través de sus redes sociales la ONU Venezuela, que tiene una comisión instalada en Caracas con delegados de la Alta Comisionad de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que estaba “preocupada” a la vez que agregó que daban “seguimiento con autoridades para resolver la situación”. Hasta ahora la blandengue actuación de esa oficina, que tiene un mandato específico de la ONU, solo ha servido para darle matiz a la violenta acción de los cuerpos de inteligencia y seguridad.

Marta Hurtado, portavoz de la Acnudh Bachelet en Caracas, recordó que “esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior. Los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales”.

“Estamos profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela. En el último incidente, el 12 de enero en el estado de Zulia, oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional allanaron la ONG Azul Positivo. Documentos fueron incautados y seis empleados fueron arrestados. Cinco siguen detenidos. No han podido ver a sus abogados ni a sus familiares”.

Agregó Hurtado que “al menos tres medios de comunicación también fueron objeto de ataques el 8 de enero, cuando, supuestamente, funcionarios públicos confiscaron sus equipos, sellaron sus oficinas o intimidaron a su personal. Estos incidentes siguen a casos similares de periodistas acosados o intimidados, mientras funcionarios públicos han emitido una serie de declaraciones deslegitimando a los medios de comunicación. Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se están censurando a sí mismos por miedo”.

Por otra parte, la ONU aseguró que suspendería el programa de “transferencias monetarias en Venezuela”, parte de la asistencia humanitaria que brinda al país. En realidad, el gobierno venezolano no se siente amenazado y ni siquiera alerta ante esa decisión, porque tiene importantes recursos, especialmente por el manejo que le da al oro extraído de las minas de Bolívar. Los únicos afectados son los sectores desprotegidos de la sociedad, a quienes el Estado no les garantiza la atención que han estado recibiendo de las ONG mencionadas.

Es un plan

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) se pronunció destacando “que la criminalización de los integrantes de Azul Positivo se enmarca en un contexto de una política sistemática de estigmatización, persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en el país, que, como el Observatorio denunció en su informe publicado en marzo del 2020, son calificadas por las autoridades del país como ‘enemigos internos’ que buscan desestabilizar la nación.

También se manifestó por Fundaredes, su director general profesor Javier Tarazona, expresando que “quienes ocupan el poder en Venezuela, pretenden silenciar a los defensores y activistas de derechos humanos, en un intento por ocultar lo que ocurre en el país, y además impedir la asistencia humanitaria que estas organizaciones civiles han ofrecido a la población desasistida que enfrenta las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja”.

Alertó Tarazona “sobre las graves amenazas contra los miembros de la organización hermana Provea, que tiene más de 30 años en la defensa de los derechos humanos en Venezuela y que hoy quieren callar para detener sus actividades”.

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