Amnistía Internacional (AI) calificó este martes “presos de conciencia” a cinco miembros de la ONG venezolana Azul Positivo, dedicada a la prevención del VIH y la promoción de la salud sexual, presos desde la pasada semana bajo la acusación de asociación para delinquir.
“Johan, Yordy, Layners, Alejandro y Luis son presos de conciencia, detenidos únicamente por el trabajo humanitario que realizan en Venezuela con Azul Positivo”, aseguró la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, según recoge un comunicado de la Organización.
En opinión de Guevara, las autoridades venezolanas “deben liberarles inmediata e incondicionalmente y poner fin al acoso, el enjuiciamiento y la censura de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger derechos del pueblo venezolano”.
“La labor de Azul Positivo es admirable y muy necesaria para mitigar el impacto de la crisis humanitaria en las personas. Su trabajo debe ser garantizado, protegido y celebrado, no criminalizado”, subrayó.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, añadió que “organizaciones como Azul Positivo buscan mejorar las vidas de las personas, en el marco de una fuerte crisis humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos”. Y coincidió en que “en lugar de criminalizar su trabajo, las autoridades deberían protegerlo y garantizarlo”.
El pasado jueves, un tribunal ordenó prisión preventiva para los cinco miembros de la ONG Azul Positivo, luego de ser acusados por la Fiscalía de varios delitos, entre ellos, asociación para delinquir.
Todos ellos se encuentran detenidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Maracaibo, la segunda ciudad del país.
La Comisión para los Derechos Humanos del noroccidental estado Zulia (fronterizo con Colombia), en el que trabaja la ONG y de la que Maracaibo es capital, detalló que los delitos de los que son acusados los cinco detenidos son “manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales”.
“Los cinco presos de conciencia enfrentan cargos relacionados con la Ley de Delitos Informáticos y la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, los cuales Amnistía Internacional considera infundados y motivados políticamente”, sostiene la organización.
Desde el pasado noviembre, en Venezuela se han registrado allanamientos de varias ONG, entre ellas Alimenta la Solidaridad -que reparte almuerzos en los barrios pobres de Venezuela-, y Caracas Mi Convive -enfocada en disminuir los índices de violencia en Caracas-.
En diciembre, la ONG Convite, que trabaja para disminuir los índices de violencia en la capital, también fue allanada por las autoridades venezolanas bajo la acusación “de delitos asociados al terrorismo”.
En ese entonces, funcionarios del régimen de Maduro se llevaron detenido a su director general, Luis Francisco Cabeza. Justificando su accionar con una acusación de “financiamiento del terrorismo”, procedieron también a llevarse los equipos de las instalaciones, ubicada en Los Dos Caminos, en Caracas.
Francelia Ruiz, directora de proyectos de la ONG, denunció además que en medio del procedimiento le impidieron la entrada a la sede de Convite, y realizar un inventario de los equipos que se llevaban. “Es urgente que las instancias internacionales se pronuncien ante los hostigamientos contra las ONG que realizan trabajo humanitario en Venezuela”, señaló Convite.
Al respecto, la oficina para los Derechos Humanos la ONU dijo que “los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales”.
“Es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal”, agregó la portavoz Marta Hurtado.
Entretanto, esta misma oficina de la ONU condenó la semana pasada el ataque del régimen de Nicolás Maduro contra la libertad de prensa y la sociedad civil en Venezuela. En un comunicado, se indicó que la organización está “profundamente preocupada” por los últimos avances de la dictadura contra ambos sectores.
Mencionó específicamente el allanamiento contra la ONG Azul Positivo, que enfoca su trabajo en la prevención del HIV y las enfermedades de transmisión sexual, y las recientes acciones contra tres medios de comunicación: VPITV, Panorama y TalCual.
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